El consejero de Fomento y Vivienda se reúne con Jesús Maeztu para analizar las actuaciones en la nueva planificación hasta 2020
SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha presentado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de agosto, que tiene como ejes estratégicos la rehabilitación y mejora del parque residencial y el fomento del alquiler.
Según indica la Consejería en una nota, López ha explicado al Defensor que la nueva planificación en materia de vivienda tiene un marcado carácter social y se adapta a la realidad económica y financiera actual, orientando los recursos disponibles hacia los sectores de la población más vulnerables.
El consejero ha puesto de relieve a Maeztu que las prioridades del nuevo plan son la rehabilitación y la promoción del alquiler como fórmula preferente para facilitar el acceso a una vivienda.
Asimismo, ha subrayado el importante volumen de inversión pública que va a movilizar el plan, con más de 700 millones de euros en los próximos cuatros años, lo que contribuirá a dinamizar la actividad en el sector de la construcción, muy castigado por la crisis durante los últimos años, y a generar empleo, aspecto en el que ha destacado que "los trabajos de rehabilitación tienen la virtualidad de crear más puestos de trabajo que las obras de nueva construcción". En este sentido, ha señalado que "sólo en las actuaciones de rehabilitación contenidas en el Plan prevemos la creación de 40.000 empleos".
Los proyectos de rehabilitación pretender mejorar la ciudad ya existente y beneficiarán a más de 96.000 personas en materia eficiencia energética, mejora de la accesibilidad, adecuación y mejora de espacios públicos y restauración de inmuebles de interés urbano y patrimonial.
El consejero ha informado también al Defensor del programa de mejora de gestión del parque público de viviendas, que desempeña una función social de primer orden con más de 84.000 viviendas en las ocho provincias andaluzas.
En este sentido, ha resaltado la mejora de las inspecciones y la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles.
AYUDAS AL ALQUILER
Felipe López ha subrayado la necesidad de apostar por el fomento del alquiler como la fórmula de acceso que mejor se adapta a la situación actual de las familias y la que más demanda registra en estos momentos. A este respecto, ha avanzado que gran parte de los recursos del nuevo plan se destinarán, precisamente, a ayudas para familias con ingresos limitados o en situación de vulnerabilidad, a las que se sufragará hasta el 40 por ciento de la renta del alquiler.
Sobre las ayudas al alquiler que gestiona actualmente la Consejería, López ha asegurado al Defensor del Pueblo que su departamento ya ha sufragado más del 50 por ciento de estas ayudas por un importe superior a los 10 millones de euros. En concreto, se han pagado hasta el momento 6.904 ayudas correspondientes a familias en situación de vulnerabilidad, a personas afectadas por desahucios y a familias con ingresos limitados, ayudas éstas últimas que están todavía en proceso de abono.
El consejero se ha comprometido con el Defensor a agilizar toda la tramitación y dar la mayor celeridad posible al abono de dichas ayudas al alquiler correspondientes a 2015. Así, el consejero ha precisado que hasta la fecha a se ha abonado ya el 38% de las mismas con el pago de 5,3 millones de euros, del total de 14 millones previstos para estas ayudas.
López ha asegurado a Maeztu que ya se están abonando en todas las provincias, excepto en Jaén que comenzará en los próximos días, y en algunas el nivel de abono se encuentra en un estado muy avanzado como es el caso de Cádiz (86%), Huelva (76%) y Almería (60%). Además, ha anunciado que en las próximas semanas el importe abonado se va a incrementar notablemente al estar ya concluida toda la tramitación previa de un gran volumen de solicitudes.
El consejero se ha comprometido también ante el Defensor a informar periódicamente a esta institución sobre la evolución del pago de estas ayudas y su situación detallada en cada momento, con el objetivo de conferir la mayor transparencia al proceso y trasladar dicha información a los solicitantes que están a la espera de su abono.
El titular de Fomento y Vivienda ha avanzado también que "en la nueva convocatoria de ayudas al alquiler de este año se han introducido importante mejoras en el proceso de tramitación que permitirán agilizar su abono, reduciendo a la mitad los plazos con respecto a las de 2015, por lo que se prevé puedan sufragarse a mediados del próximo año", ha puntualizado.
Para dar mayor celeridad a la gestión, la Consejería ha unificado en un única convocatoria las dos órdenes de ayudas que hasta ahora se había tramitado por separado, tanto la destinada a las personas con ingresos limitados como la orientada a familias en situación vulnerable.
Además, en esta nueva convocatoria, que ha registrado más de 18.000 solicitudes, se ha contado con la colaboración de entidades públicas, especialmente municipales, para la recepción de las solicitudes y se ha exigido también la aportación y cotejo de la documentación necesaria con carácter previo, lo que va a contribuir a conferir mucha más agilidad a toda la tramitación.
MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS
Por último, el consejero se ha referido en este encuentro a la lucha contra los desahucios como otro de los pilares básicos del nuevo plan de vivienda.
Ha enumerado entre otras medidas la puesta en marcha del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en esta materia, el anteproyecto de Ley de Tanteo y Retracto, en tramitación actualmente, que permitirá ejercer al Gobierno andaluz el derecho de compra preferente de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias, el acuerdo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para la coordinación de actuaciones.
Ha aludido al convenio con la Sareb para la cesión de 400 viviendas en Andalucía para alquiler social o la interlocución abierta con las entidades bancarias para arbitrar medidas alternativas que eviten llegar al desahucio.