SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Ley 5/2024, de 13 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, aprobada el pasado 6 de noviembre en el Pleno del Parlamento andaluz, entra en vigor este sábado, 23 de noviembre, al día siguiente de su publicación, este pasado viernes, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La ley fue aprobada con los votos de la mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento, y consta de 29 artículos estructurados en siete títulos, a los que se suman una disposición adicional y dos disposiciones finales.
Al hilo de su aprobación en el Pleno del Parlamento, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, defendió que se trata de una normativa "pionera" en España que supone un "avance histórico" para lograr la "equidad real" entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera en la región, y un "paso decisivo para reconocer la valía de estas mujeres y garantizar su participación activa y plena, situándolas en el centro del debate agrario y pesquero en Andalucía".
"Su voz tiene que sonar más alta y fuerte que nunca en el campo andaluz y en el sector pesquero", apuntó el consejero, que explicó que este Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar contempla herramientas para "eliminar las barreras estructurales, económicas, administrativas y sociales que dificultan la participación de las mujeres con las mismas oportunidades profesionales que los hombres, con el objetivo también de que el sector agroalimentario y pesquero sea atractivo para las generaciones futuras".
Fernández-Pacheco indicó que su departamento se ponía ya a trabajar para dar cumplimiento íntegro a este nuevo Estatuto, que requerirá un posterior desarrollo reglamentario, "que se elaborará a la mayor brevedad, en colaboración con el sector", según avanzó.
Esta norma, según defienden desde la Junta, "sentará las bases para integrar el principio de igualdad de oportunidades de ambos colectivos en las políticas, medidas y acciones del Gobierno andaluz" y marcará la actuación de la Consejería de Agricultura de cara a los próximos años.
AVANCES EN REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Desde el Gobierno andaluz defienden también que, entre otras cuestiones, esta normativa "facilitará avances en materia de representación y participación de las mujeres fomentando su incorporación a los órganos de dirección de cooperativas, sociedades, asociaciones y organizaciones profesionales".
Para ello establece, por ejemplo, un plazo de un año desde la aprobación de la Ley para alcanzar una "presencia equilibrada" de ambos colectivos en los órganos de gobierno de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (Galpa) de Andalucía. Además, recoge la creación de la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluzas para impulsar la participación de las asociaciones que las representan en un mismo órgano.
Por otro lado, supondrá también "avances en materia de reconocimiento y visibilidad" de la aportación de las mujeres a los sectores agroalimentario y pesquero a través de estudios, informes o premios, entre otras iniciativas.
Asimismo, desde la Junta subrayan que la nueva ley "incidirá también en el ámbito de la sensibilización y la formación", ofreciendo, por ejemplo, programas orientados a la mejora de la capacitación técnica y desarrollo personal de estas mujeres "teniendo en cuenta las distintas realidades que existen".
Además, la norma "permitirá mejorar la promoción del empleo femenino, con especial incidencia en los colectivos de personas jóvenes y vulnerables; propiciar el trabajo autónomo de las mujeres y la profesionalización de las actividades que realizan; y facilitar el acceso al crédito para las profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca que deseen emprender".
En cuanto a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, "se promueve la apuesta de las mujeres por esta figura que permite visibilizar su posición en el sector", así como por la cotitularidad de las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan a las fincas. Para ello, se pondrán en marcha campañas de información y simplificación y "se continuará avanzando en simplificación de procedimientos".