Loles López: "Quien aplaude hoy a Sánchez no tiene legitimidad para mirar a una persona en situación de dependencia"

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha criticado este miércoles en el Parlamento que "estén en juego los derechos sociales" tras los acuerdos de investidura alcanzados entre el PSOE y los partidos nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, al tiempo que ha lamentado que "haya entrado en la subasta el sistema de dependencia por siete votos para mantener en el sillón a Pedro Sánchez".

Durante su intervención, en respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera se ha referido al acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV, el cual recoge que el Estado abonará a la comunidad autónoma vasca el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia, informa la Junta en una nota de prensa.

Ante esto, ha aseverado que "quien hoy aplaude a Sánchez, quien aplaude a independentistas, que no mire con legitimidad a las personas en situación de dependencia que tengan a su cargo; que no hablen de dependencia, que no vengan a hacer un mal uso de los servicios públicos porque lo que están haciendo hoy es un flaco favor al sistema de dependencia". "Quien aplaude a Sánchez, aplaude que una persona en situación de dependencia valga más en el País Vasco que en Andalucía", ha continuado.

Tras incidir en el esfuerzo que realiza el Ejecutivo andaluz para sostener el sistema de dependencia, López se ha preguntado "por qué tiene que tener más derechos una persona en situación de dependencia catalana que una andaluza" y ha apelado a la "igualdad y la dignidad" de la comunidad autónoma de Andalucía. Así, ha reclamado de nuevo una financiación justa y equilibrada para el sistema de dependencia andaluz, el cual se encuentra "infrafinanciado" por parte del Gobierno central.

La consejera, que ha llamado a todos los parlamentarios a defender los intereses de los andaluces por delante de siglas políticas, se ha referido a las palabras del propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha anunciado que fijarán por ley un máximo de 30 días para que los ciudadanos en situación de dependencia puedan recibir la ayuda a la dependencia. Ante esto, López se ha preguntado "con qué dinero" va a llevar a cabo este compromiso el presidente y ha explicado de manera pormenorizada el agravio que sufre Andalucía en este sentido.

En concreto, en 2022 el gasto total en dependencia fue de 1.720 millones, de los cuales la Junta de Andalucía financió 1.160 millones de euros, es decir, la comunidad autónoma asumió "un 68% del gasto en dependencia". Convencida de que "una persona en situación de dependencia no puede valer menos en Andalucía que en Cataluña o el País Vasco", López ha incidido en que los acuerdos alcanzados para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez "establecen privilegios para unos y perjudican a otros", lo que supone quebrar "el principio de solidaridad", sobre el que, precisamente, pivota el sistema de dependencia.

En esta misma línea, la titular de Inclusión Social ha asegurado que "no es verdad" que el Gobierno de España haya incrementado la financiación para dependencia puesto que también ha establecido más obligaciones. Como ha explicado la consejera, el aumento de las prestaciones económicas supone 50 millones de euros al año y el aumento de la intensidad de la ayuda a domicilio, unos 240 millones anuales. Esto se produce con un incremento de financiación del nivel mínimo por parte del Estado en el periodo 2020-2023 de 272 millones de euros, cuando, solamente, el conjunto de estas dos obligaciones mencionadas se estima "en 405 millones de euros anuales".

En definitiva, la consejera ha sostenido que los acuerdos alcanzados entre Sánchez y los partidos nacionalistas e independentistas van a agravar los problemas de financiación de las comunidades autónomas y ponen en riesgo la prestación de los servicios públicos fundamentales. "El Gobierno andaluz defiende la igualdad" de todos los ciudadanos y, por ello, exige un sistema de financiación equitativo y justo.