SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha finalizado el primer borrador de la nueva Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que realizará un diagnóstico de la contaminación atmosférica y establecerá planes de mejora, tras lo cual lo ha remitido al resto de Consejerías del Ejecutivo autonómico, a los ayuntamientos de los municipios más afectados y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) de cara a que éstos puedan realizar sus aportaciones.
Según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que encabeza José Fiscal, se espera que sobre todo tengan aspectos que apuntar las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio; Salud; Fomento y Vivienda; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Turismo y Deporte; o Presidencia y Administración Local, de la que dependen las relaciones con los consistorios.
Se espera que en el plazo de un mes Medio Ambiente se reúna con las Consejerías, y en dos con las corporaciones locales, para, con las sugerencias que puedan salir de estos encuentros, elaborar un segundo borrador con el que ya empezaría realmente la tramitación administrativa de una estrategia que hay que aprobar mediante decreto. Asimismo, el texto se ha colgado en la web de la Consejería para promover la participación ciudadana.
Los consistorios a los que se ha remitido el documento son, al margen de los de las capitales de provincia y las grandes ciudades, algunos municipios con casuísticas concretas de problemas en la calidad del aire, como aquellos del Polo Químico de Huelva, el Campo de Gibraltar o, en la zona de Jaén, Bailén o Villanueva del Arzobispo.
La Consejería ha establecido un presupuesto de dos millones de euros anuales hasta 2020 --es decir, un total de ocho millones-- de cara a la implantación de la estrategia, que pretende realizar un diagnóstico exhaustivo de la calidad del aire en todo el territorio andaluz, determinando las posibles fuentes contaminantes que inciden en la misma.
Con esta estrategia se establecerá también un marco de colaboración para la elaboración de planes de mejora en situaciones en las que se incumpla la normativa vigente, además de fijar unos objetivos de reducción de los niveles de contaminantes y de trazar las líneas a seguir para intentar cumplir cuanto antes los límites legales y los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este documento partirá asimismo de un análisis de todas las zonas en las que se divide Andalucía, considerando los principales contaminantes y sus valores, además de determinar los principales sectores responsables de las emisiones. Así, en función de la situación de cada área, se plantearán unos objetivos alcanzables, para lo cual se dispondrá de una serie de medidas particularizadas para aplicar a cada contaminante. Cabe destacar que la zonificación actual de Andalucía se articula en un total de 13 zonas para los contaminantes y partículas en suspensión (PM10 y PM2, 5), mientras que para el resto de contaminantes Andalucía se divide en 12.
Los resultados provisionales de este texto aclaran que la mayoría de los contaminantes que inciden en la calidad del aire en Andalucía ofrecen valores inferiores a los límites legales vigentes en la normativa europea. No obstante, en algunas zonas concretas existen problemas debido especialmente a la emisión de sustancias procedentes del tráfico de vehículos y, en algunos casos, por emisiones industriales, dando lugar a puntuales superaciones de los límites legales. A ello hay que añadir otro tipo de contaminación que supone un problema generalizado en todo el territorio, como los elevados niveles de ozono que se evalúan en época estival.
La actual normativa solo obliga a elaborar planes de acción a corto plazo o planes de mejora de la calidad del aire en situaciones de riesgo o superación de los límites legales de determinados contaminantes, respectivamente. Sin embargo, existen sustancias que, aunque no superen los límites, pueden ver reducidos sus niveles ambientales adoptando las medidas adecuadas, para lo cual se precisa de la colaboración de todas las administraciones, sobre todo de los ayuntamientos.