Salud defiende las medidas de seguridad que hay en los centros y con las que se están obteniendo "buenos resultados"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo y el Servicio de Andaluz de Salud (SAS) han recordado este martes las medidas de seguridad con las que cuentan los centros de salud para evitar las agresiones a los profesionales, agresiones que "condenamos porque bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones".

Con motivo de la protesta convocada este martes por las centrales sindicales CSIF, Satse, CCOO y UGT, la Junta ha defendido que una de las últimas medidas puestas en marcha son las alarmas individuales que "se están implantando en los centros y con las que se están obteniendo buenos resultados".

Entre enero y junio de este año, la Consejería de Salud y Consumo ha contabilizado 924 agresiones a sanitarios. De estas 205 han sido físicas y 719 no físicas. Por provincias, Sevilla ha registrado 219, Málaga 175, Cádiz 165, Córdoba 98, Granada 92, Jaén 73, Almería 71 y Huelva 31.

Actualmente, el sistema andaluz de salud dispone de 4.397 cámaras de seguridad; 5.035 timbres de asistencia en consulta; 1.087 consultas dispuestas con interfonos para la comunicación con el exterior; 15.147 terminales telefónicos en las consultas; 3.889 salidas alternativas en los centros sanitarios; 7.361 alarmas individuales y 15.495 dispositivos informáticos con el software antipánico instalado, según los datos aportados por la Junta a Europa Press.

"Desde la Consejería de Salud y Consumo ponemos a disposición de los profesionales afectados todos los recursos necesarios (entre ellos asesoramiento legal y apoyo psicológico, así como asistencia sanitaria si fuera necesaria)", han subrayado desde el departamento de Rocío Hernández.

El SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del 'profesional guía' que, además de acompañar a los profesionales agredidos, dan claves del manejo de situaciones en puntos y situaciones más conflictivos; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la víctima de una agresión ya sea verbal o física no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.

También ha recordado que se está trabajando en el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de Información Pública, Audiencia e Informes. Actualmente, se está procediendo a la elaboración del informe de valoración de las alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos.

La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones al personal sanitario. La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.