Tres familias al día acceden a una vivienda del parque público con "la mejora" de la gestión de la Junta de Andalucía

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha destacado este miércoles que "la mejora" de la gestión del parque público residencial, de la que se ocupa la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), está permitiendo a la Junta de Andalucía facilitar de media el acceso a una vivienda a tres familias cada día, con rentas que en el 90 por ciento de los casos no llega a 60 euros.

En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Fomento y Vivienda, el consejero ha presentado el balance de esta gestión, llegado el ecuador de la legislatura, a partir de las mejoras incorporadas a través de las estrategias de las que se ha dotado AVRA para reforzar su trabajo en el parque público residencial y mejorar así los resultados.

Esa estrategia se sostiene en el refuerzo de la verificación y el control de las 50.250 viviendas en alquiler que conforman el parque público residencial en gestión, a las que se suman otras 26.248 viviendas en compra venta y acceso diferido. Estos inmuebles, que se
reparten por 526 municipios de Andalucía, permiten ofrecer alojamiento a 306.000 personas, en su mayoría familias con escasos recursos, lo que supone casi el tres por ciento de la población andaluza, conformando de esta forma el mayor parque residencial público de España.

La verificación de todas las viviendas en alquiler, al menos una vez al año, está permitiendo conocer con precisión si quien reside en cada inmueble es su titular o lo hace de forma irregular. Ello permite recuperar viviendas ocupadas sin título, o que no están siendo utilizadas como residencia habitual por sus adjudicatarios, o que se están utilizando para fines indebidos y en ocasiones, incluso ilícitos.

Esta tarea ha permitido detectar en los dos últimos años 4.452 situaciones irregulares (el 8,86% del parque en alquiler), a las que se han abierto los correspondientes expedientes para recuperar esas viviendas y asignarlas a familias que hagan uso correcto de ellas. En este período, se han adjudicado 2.204 inmuebles a familias propuestas por los registros municipales de demandantes o que se encontraban en riesgo de exclusión o en situación de máxima vulnerabilidad. En la medida que se vayan resolviendo los expedientes abiertos por ocupaciones irregulares, se prevé un incremento notable de las viviendas disponibles y en consecuencia, aumentará el número de adjudicaciones.

El modelo de gestión del parque público residencial diseñado para esta legislatura posibilita, además, acercar la Administración al usuario. Los verificadores visitan una a una las viviendas, ayudando a las familias residentes a resolver los problemas que les afectan en relación con su hogar.

La verificación ayuda también a conocer mejor la situación socio-económica real de cada familia y ayudar a aquellas que tienen dificultades para hacer frente a sus rentas, aunque en el 90 por ciento de las viviendas del parque público, éstas no superan los 60 euros mensuales, y sólo el siete por ciento de los inquilinos pagan más de cien euros de alquiler al mes.

Sin embargo, hay usuarios con circunstancias sobrevenidas que no tienen capacidad para pagar sus alquileres, y para estos casos hay mecanismos que permiten, previa evaluación social, aplicar minoraciones o aplazamientos para el pago de rentas. Durante esta legislatura, 1.818 familias han reducido sus rentas de alquiler una media del 53% y por un importe global de minoración de 1,8 millones de euros.

Pero tal y como se trabaja para ayudar a quienes no pueden pagar sus rentas, se está reforzando la acción contra la morosidad de quienes pudiendo no cumplen esta obligación establecida en contrato. El esfuerzo contra la morosidad injustificada se ha traducido en unos ingresos superiores a 4,3 millones en concepto de deudas pendientes, cifra que llegará a final de este año, según las estimaciones de AVRA, hasta 6,5 millones.

A estas cantidades se suman los ingresos por rentas ordinarias, que se están tratando de mejorar mediante la labor de intervención social y de pedagogía que realizan los trabajadores sociales de la Agencia con sus inquilinos. Los ingresos que genera el alquiler se destinan al mantenimiento y conservación de los edificios y de las viviendas, que requieren de un cuidado continuo porque son inmuebles antiguos. En los últimos diez años, la Junta ha invertido 349 millones de euros en rehabilitar su parque residencial, reparando cubiertas y fachadas, mejorando la accesibilidad, cambiando ventanas y renovando las instalaciones.

Actualmente, la Consejería gestiona obras de rehabilitación en las 8.756 viviendas públicas en alquiler de las barriadas que han sido declaradas áreas de regeneración y renovación mediante acuerdos con el Ministerio de Fomento, para las cuales han prevista una inversión de 99,9 millones de euros. Además, en los dos años transcurridos de legislatura, el parque de vivienda de AVRA ha sido objeto de obras de reparación y mantenimiento por importe de 6,5 millones.

Felipe López ha reiterado también en su comparecencia la decisión de la Consejería de retomar la actividad de promoción de vivienda nueva, tanto de carácter social como también aquellas otras tipologías ajustadas a segmentos de la población que no pueden acceder al mercado libre de la vivienda y por ello reclaman inmuebles con algún grado de protección.

GRUPOS

Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha considerado que el plan andaluz para el parque de vivienda pública está "muy alejado de la realidad", aunque esté "muy bien presentado". "No le podemos creer porque conocemos otros muchos documentos que se han puesto sobre la mesa y, luego, no han tenido consecuencias", ha apuntado.

Según ha señalado, este parque público de vivienda "no ha servido para dar soporte a la situación de las familias" y ha criticado una gestión "no eficaz" por parte de la Junta. Tras señalar el alto nivel de familias que no paguen el alquiler de estas viviendas, ha reclamado transparencia e información para saber cómo se puede acceder a este parque.

Martínez también ha pedido saber qué va a hacer la Junta con las mafias de compra y venta de viviendas en la periferia de las ciudades y con el problema de invernaderos de marihuana en estas viviendas o con los ocupas.

Por su parte, la diputada de Podemos Mari Carmen Molina ha mostrado su preocupación por la falta de mecanismos para que sean las familias más vulnerables las que hagan uso de estas viviendas "sin expulsar a las familias que lo necesitan y las usan".

Asimismo, ha pedido que se actualice la información de la web de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para que los ciudadanos sepan que tienen qué hacer y donde para acceder a estos inmuebles.

Por su parte, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha señalado que, aunque la dimensión de parque público de vivienda en Andalucía es "el más grande del país", se encuentra "muy por debajo de las necesidades de vivienda de la población" y ha pedido mecanismos para encontrar una solución para las familias sin alternativa habitacional de manera estructural y que "son desahuciadas del parque público".

Asimismo, ha preguntado sobre la posibilidad que se valoró con anterioridad de que las familias se puedan implicar en labores de conservación de las zonas comunes de estos edificios para compensar el impago de sus rentas.