La Junta defiende en Bruselas "la necesidad de flexibilizar" el régimen de protección del lobo

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este lunes en Bruselas la "necesidad de flexibilizar" el régimen de protección del lobo ibérico.

Así lo ha manifestado en el simposio ante la UE organizado ASaja y la Copa Cogeca bajo el título 'Lobo y ganado en España: Hacia una solución europea' en representación de Castilla y León, Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja, y Madrid, un encuentro que se ha producido un día antes de que el Comité Permanente del Convenio de Berna tome la decisión de flexibilizar el régimen jurídico del lobo, antecedente necesario para que la Unión Europea tome la misma decisión modificando la Directiva Hábitats.

En este contexto, la Junta ha hecho hincapié en la necesidad de "modificar la situación legal de la especie en la Directiva Hábitats", ya que considera que toda la población debe estar en el anexo V de la misma. En la actualidad, las poblaciones se encuentran en dos anexos diferentes, las del norte del Duero se encuadran en el anexo V, especies que pueden ser objeto de medidas de gestión, mientras que las del sur del Duero están en el IV, especies estrictamente protegidas.

Por otra parte, la Junta ha advertido de que el Ministerio de Transición Ecológica, "en contra de la posición de las comunidades autónomas" que gestionaban el 95 por ciento de las poblaciones de lobo, dictó la Orden por la que se modifica el Anexo del Real Decreto para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas e incluyó al lobo en el primero, lo que amplió su protección estricta también al norte del Duero y retiró a las comunidades autónomas la capacidad de gestión de la especie.

La Junta siempre ha calificado esta medida como "unilateral e ideológica", y considera que "no está basada en criterios de conservación, sino en decisiones políticas que perjudicaban a la ganadería y al medio rural". Al respecto, ha recordado que esta es una decisión sobre la que pende un recurso ante la Audiencia Nacional tanto de Castilla y León como de otras comunidades autónomas y otras entidades.

Asimismo, ha criticado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el Gobierno de España modificó la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo "sin consenso" con las comunidades autónomas.

En este sentido, la Junta ha lamentado que esta situación "está impidiendo la gestión de la especie y aumentado considerablemente los daños sobre la ganadería extensiva", motivo por el que el Ejecutivo autonómico, junto a otras administraciones, ha realizado gestiones en el marco de la Unión Europea, "buscando apoyos".

A lo largo de los años 2022, 2023 y 2024, la Junta ha obtenido "resultados positivos", tal y como ha apuntado, para detallar algunas de ellas, hasta la modificación que se abordará este martes del Convenio de Berna. En concreto, la Comisión Europea, firmante del Convenio, junto otros 50 Estados, ha adoptado la decisión de apoyar la modificación, lo que la Junta señala como un "primer paso" para después modificar los citados anexos de la mencionada Directiva.

Como apoyo a esta decisión se han realizado las jornadas a las que ha asistido el consejero para presentar los datos del censo de Castilla y León, Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja y Madrid, que tienen el 90 por ciento de los lobos del territorio nacional.

El consejero se ha apoyado en los recientes datos del censo del lobo, elaborados por el personal de la Junta, y que han expuesto el incremento del 8 por ciento de las manadas de lobo en la Comunidad, con 14 nuevas respecto del censo de 2012-2013.

Al norte del río Duero estos datos representan un aumento del 4 por ciento de las manadas, pasando de 152 a 158, y de un 30 por ciento de crecimiento al sur, pasando de 27 a 35, ha expuesto.

Este trabajo, realizado por los equipos técnicos, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y capataces de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta, supone un hito en la mejora del conocimiento de la población de lobo en la Comunidad, que con una extensión de 9,4 millones de hectáreas y limítrofe con nueve comunidades autónomas con presencia de lobo, además de con Portugal, alberga cerca del 60 por ciento de la población de lobos de España.

Contando con los datos de las CCAA a las que representaba y que también facilitaron los datos de sus censos, se puede concluir, que, a falta de la presentación oficial del censo nacional, la población de lobo ibérico en España ha crecido en la última década entorno al 12 por ciento, ha aseverado el consejero.

Estos datos "avalan el estado de conservación favorable de la especie", que "crece tanto en número como en extensión territorial, y que son, sin duda, el mejor aval para la modificación del estatus legal del lobo", ha aseverado la Junta al respecto en el comunicado.

Así, ha insistido en que este cambio "mejorará" su capacidad de gestión de la especie, asegurando que estas medidas permitirían un manejo "más eficiente" del lobo, "en consonancia con las necesidades del territorio y las directrices europeas".

Por otra parte, el consejero también ha recordado que al norte del río Duero la flexibilización en la gestión "no necesita un cambio en el estatus legal del lobo", puesto que su protección estricta es una medida nacional adoptada por el Ministerio de Transición Ecología y "está en sus manos el revertirla mañana mismo".

DIRECTIVA EUDR

Por otro lado, Suárez-Quiñones ha aprovechado la visita para reunirse con el representante de la Representación Permanente de España en Bruselas (REPER), al que ha manifestado la posición de Castilla y León respecto al tema del lobo y sobre la directiva del Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR).

Este reglamento busca garantizar que los productos comercializados en la UE no contribuyan a la deforestación ni a la degradación de los bosques, siendo un "pilar fundamental" en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La Junta considera "acertada" la decisión de posponer un año la aplicación del reglamento, dado que ni la Comisión Europea, ni los Estados Miembros, ni las empresas están "suficientemente preparados para su cumplimiento efectivo", ha expresado el consejero.

Así, el Ejecutivo autonómico ha indicado que la aplicación del reglamento debe "ser flexible y ajustada a los objetivos planteados, evitando que genere cargas administrativas excesivas", ya que estas "podrían comprometer la competitividad de las empresas o incluso hacer inviable su cumplimiento debido a la complejidad de las exigencias".

Aunque la competencia en esta materia no recae exclusivamente en las comunidades autónomas, la Junta solicita tanto a la Comisión Europea como al Gobierno de España que "se dispongan los recursos necesarios, incluida financiación, para que las administraciones regionales puedan asumir su papel en la implementación del reglamento".

Al respecto, la Jutna ha advertido de que las empresas de Castilla y León han expresado su "inquietud" por las exigencias del reglamento y han solicitado "simplificar las cargas administrativas", a la vez que han avisado de que, de no lograrse esta simplificación, "podrían enfrentar serias dificultades para cumplir las normativas, lo que pondría en riesgo su continuidad".

De esta manera, el Ejecutivo autonómico ha reafirmado su "compromiso" de "colaborar en el desarrollo de normativas que equilibren la protección medioambiental con la sostenibilidad económica y social del tejido empresarial".