MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha justificado este jueves la multa de 150 millones de euros a varias aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano con una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2014.
Bustinduy, que ha participado en un desayuno informativo de Europa Press, ha explicado que dicha sentencia afirmaba que el equipaje no facturado (de cabina) "en ningún caso puede ser objeto de suplemento de precio".
En este sentido, ha añadido que las sentencias del TJUE son "de aplicación directa y esencial" al ser el máximo órgano jurisdiccional de la UE por lo que, por tanto, esa es la situación normativa que existe a día de hoy.
Además, ha hecho mención a una resolución legalmente no vinculante del Parlamento Europeo emitida el pasado octubre que instaba a la Comisión Europea a aclarar el panorama normativo para evitar la aplicación de tarifas ocultas y las dificultades a la hora de comparar precios.
En cuanto a si las aerolíneas han recurrido ya la sanción ante el Ministerio de Consumo, Bustinduy ha alegado que tiene un deber de "prudencia" y que no se debe pronunciar sobre los detalles del procedimiento.
MULTA A CUATRO AEROLÍNEAS
El pasado 31 de mayo se dio a conocer que el Ministerio de Consumo había impuesto una multa de 150 millones de euros a Ryanair, easyJet, Vueling y Volotea por "prácticas abusivas" al cobrar el equipaje de mano.
La sanción está basada en las infracciones de tarificación extra por la reserva de asiento contiguo para acompañar a menores o dependientes, cobrar por el transporte de equipaje de mano, ser "opacas" en la información precontractual sobre el precio del servicio, la prohibición de pago en metálico y un suplemento de 20 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, según informó OCU.
Desde Facua explicaron además de que la mayor sanción ha ido para Ryanair, primera de estas compañías que comenzó a cobrar por el equipaje de mano en noviembre de 2018. Tras ella se sitúan Vueling y "a mucha mayor distancia" easyJet y Volotea.
Se trata de las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió la potestad sancionadora en mayo de 2022 tras la modificación de la ley general para la defensa de los consumidores.
Consumo abrió expediente en junio de 2023 para investigar si estas prácticas eran abusivas o desleales y si contravenían la normativa de consumo.
Las aerolíneas tenían la posibilidad de recurrir estas sanciones en casación ante el Ministerio y, después, ante la Audiencia Nacional.
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