Publicado 27/09/2024 14:45

VIDEO:Irene Montero acusa a Gobierno de ser "cómplice"de "dictadura marroquí" y exige no deportar a saharauis en Barajas

La eurodiputada de Podemos y número dos de la formación, Irene Montero, acude al aeropuerto Aldofo Suárez Madrid-Barajas para intenar contactar de primera mano con saharauis solicitantes de asilo
La eurodiputada de Podemos y número dos de la formación, Irene Montero, acude al aeropuerto Aldofo Suárez Madrid-Barajas para intenar contactar de primera mano con saharauis solicitantes de asilo - DANI GAGO/PODEMOS

La abogada Fatma El Galia asegura que 25 personas están en huelga de hambre dentro de la sala de solicitantes de asilo del aeropuerto

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de "complicidad" con la "dictadura marroquí" y de vulnerar derechos fundamentales de decenas de activistas saharauis, por lo que exige que estas personas no sean deportadas y se les conceda asilo en España.

Por su parte, la abogada de varios de los activistas Fatma El Galia ha informado de que actualmente 25 de las personas retenidas en la sala de solicitantes de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas están en huelga de hambre para protestar por su situación, máxime cuando han acreditado en su petición de protección sufrir "persecución" por parte de las autoridades marroquíes.

Montero se ha desplazado este viernes a la Terminal 1 del aeródromo madrileño junto a la dirigente de Podemos Isa Serra para intentar entrar a las dependencias donde se encuentran los solicitantes de asilo, en su condición de eurodiputadas, con el objetivo de comprobar de primera mano la situación en la que se encuentran, dado que sospechan que padecen condiciones de insalubridad.

DENUNCIA LA ACTITUD DE INTERIOR

La exministra de Igualdad ha recalcado que solicitaron amparo a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, para que se le facilitara el acceso a dicha sala, una vez que no se permitió la entrada el pasado lunes a la secretaria general de su partido, Ione Belarra.

Sin embargo, ha denunciado que en su caso también se la ha denegado el acceso y atribuye esa decisión a instrucciones de la Secretaría de Estado del Interior.

"¿Qué oculta el Gobierno de España y por qué actúa como si fuera el PP? Jamás esperaríamos que una Secretaría de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez hiciera lo mismo que el PP, que es impedir el ejercicio de nuestros cargos públicos ante una posible vulneración de derechos fundamentales", ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación.

Montero se ha expresado en términos muy duros contra el trato se está dando a estos activistas sahararuis, al trasladar sus sospechas de que se está perpetrando una "grave vulneración de los derechos humanos" con unas personas cuya vida "corre peligro" por la "dictadura marroquí", con la que el Ejecutivo está siendo "cómplice" en un ejercicio de gran "hipocresía".

"Ahora mismo hay personas que están enfermas, niños que necesitan atención médica urgente y, sobre todo, son solicitantes de asilo. Son posiblemente las personas más vulnerables cuando alguien tien que huir a consecuencia de luchar para conseguir un mundo mejor y cesen las violaciones de derechos", ha zanjado.

Por tanto, ha reivindicado que van a hacer la "presión" que sea necesaria como cargos públicos electos para que Interior rechace deportar a estos saharauis y les dé la debida protección en España.

ABOGADA DE LOS ACTIVISTAS: HAN SUFRIDO PERSECUCIÓN

Mientras, la letrada Fatma El Galia ha sostenido que sigue habiendo 35 saharauis en Barajas a los que se ha denegado protección internacional y exige al Gobierno que no se les deporte a Marruecos, una nación que está ocupando ilegalmente territorio del Sáhara Occidental.

Es más, ha demandado que se les dé el estatus de apátridas, dado que alegan que la nacionalidad marroquí es una "imposición". En esta línea, ha pedido a Interior que tenga en cuenta las "pruebas" aportadas que, según ha argumentado, acreditan que han padecido persecución, como ingresos en prisión y citaciones judiciales por su activismo.

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