El Fondo de Recuperación Europeo, clave para la reactivación

   MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La pandemia de la COVID-19 ha cambiado el escenario económico global, provocando una profunda crisis que no tiene parangón desde la Segunda Guerra Mundial. La evolución de la situación sanitaria ha generado una gran incertidumbre en muchas industrias y los mercados financieros han experimentado una volatilidad sin precedentes. Para afrontar este impacto, la Unión Europea (UE) ha creado un programa de ayudas y créditos, el Fondo Next Generation EU, también conocido como Fondo de Recuperación Europeo, dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales España recibirá 140.000 millones en el periodo 2021- 2026.

   Estos fondos se estructuran en torno a dos grandes vectores de transformación: la transición ecológica, con un 37% de los fondos, y la transformación digital, con un 33% del total de los recursos en el caso de España (por encima del mínimo del 20% fijado por la UE). La igualdad de género y la cohesión social y territorial también se incluyen como ejes transversales clave. De este modo, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia desarrolla 10 políticas palanca que integran 30 líneas de actuación.

   Este marco implica que “los fondos van a tener una cobertura muy amplia y van a ser muchos los sectores que se beneficien de ellos, impulsando el tejido empresarial y ayudando tanto a grandes como a pequeñas y medianas empresas”, señala Blanca Montero, Subdirectora General, Directora de Negocios Institucionales y Responsable de Fondos Europeos de Banco Sabadell.

   La gestión de estos fondos para España

   De los 140.000 millones de euros a los que España puede acceder, 72.700 millones serán vía transferencias o ayudas directas (suma no reembolsable que se irá materializando hasta el año 2023) y, el resto, en préstamos. De hecho, a lo largo de 2021, se espera recibir ya alrededor de 34.000 millones de euros, de los que 26.634 millones ya se han incorporado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que el resto irá dirigido directamente a las comunidades autónomas (Fondo React EU). A este dinero se sumarán los casi 80.000 millones de euros previstos por los fondos estructurales y por la Política Agrícola Común para el periodo 2021- 2027.

   No obstante, la recepción de estos recursos no está exenta de retos. De un lado, “los fondos europeos están sujetos a condicionalidad, deben cumplir las prioridades marcadas por la UE y las recomendaciones del Consejo Europeo para España, lo cual implica que el cumplimiento de los objetivos e hitos marcados será objeto de revisión periódica por parte de Bruselas”, explica Montero.

   Además, España tendrá que llevar a cabo un gran esfuerzo desde el punto de vista de la ejecución de dichos fondos, ya que, la absorción de fondos europeos en el periodo 2014- 2020 fue sólo del 39%. Con los cambios normativos recientemente aprobados, la mayor implicación de las administraciones públicas y la inclusión en los PGE deberá mejorar el grado de ejecución. Tal y como señala Montero, “el Fondo de Recuperación Europeo es un reto porque pretende impulsar una transformación del modelo productivo español bajo las premisas de la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial e igualdad; y, todo ello, con un plazo temporal muy exigente para su desarrollo, que requerirá una buena planificación por parte de todos, ya que nos jugamos la competitividad como país”.

   En este sentido, destaca el rol dinamizador que está teniendo la puesta en marcha de los fondos, que ha despertado un interés de inversión y de movilización de todos los actores privados inédito en los últimos años. “Tanto las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las asociaciones empresariales territoriales y sectoriales, como las patronales, encabezadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), los clusters y las universidades están teniendo un papel muy activo en la identificación de proyectos y en la proporción de información y asesoramiento”, destaca Montero.

   Para la gestión de estos fondos (regulada en el ámbito europeo tanto por el Reglamento 2020/2094, de 14 de diciembre de 2020, como por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre), estarán involucrados los órganos creados, la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia; un Comité Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión; la Conferencia Sectorial, presidida por el Ministerio de Hacienda, y que servirá para canalizar la participación de las comunidades autónomas; y los Foros Consultivos de expertos y agentes sociales. “Va a resultar fundamental que se establezca una relación fluida entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y entre el ámbito público y el privado”, sentencia Montero.

   En cuanto a los instrumentos que se van a utilizar para distribuir los fondos, cabe destacar tres: en primer lugar, la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que fomenta la colaboración público- privada para identificar proyectos singulares; en segundo lugar, por medio de subvenciones para la financiación de activos privados a través de convocatorias de concurrencia competitiva; y, por último, a través de licitaciones públicas. “El Gobierno pretende que, en este plan de inversiones públicas, haya una tracción del sector privado, con un efecto multiplicador que permita que por cada euro público se inviertan otros cuatro euros desde el ámbito privado. Para conseguirlo, -prosigue Montero- es imprescindible que exista una importante colaboración público- privada y un papel activo de las entidades financieras”.

   Cómo pueden acceder las empresas a los fondos

   Según una encuesta realizada por KPMG y la CEOE, el 45% de las empresas en España aspira a optar al Fondo de Recuperación Europeo, pero la práctica totalidad de las pymes asegura tener un importante desconocimiento sobre el funcionamiento del mismo. En el caso de las grandes empresas, cuatro de cada 10 señalan tener dudas relevantes en relación a la oportunidad real de presentar algún proyecto. Como asegura Montero, “los empresarios van a tener que estar muy atentos para informarse acerca de las numerosas convocatorias que publicarán los ministerios, los organismos dependientes, las comunidades autónomas o las entidades locales. Para ellos, va a suponer un reto, pero, también, una gran oportunidad, porque se ha dinamizado el interés por todas las ayudas europeas, no solo por Next Generation EU, también por las del Marco Financiero Plurianual. Deben empezar a prepararse, haciendo una reflexión estratégica para ver cómo la empresa debería transformarse a futuro en alguno de los ejes prioritarios”.

   Desde el punto de vista de los PERTE, los criterios que se valorarán de cara a cualquier proyecto serán, “que se favorezca el crecimiento económico y la creación de empleo, que aporte soluciones reales y eficaces a las deficiencias del mercado y a los retos sociales existentes, que tenga un importante carácter innovador, que promueva un efecto de arrastre en el mercado interior, que favorezca el impulso de entornos colaborativos entre entidades y que contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del plan de recuperación”, explica Montero. Además, se creará un registro para todas las empresas que deseen participar en algún proyecto relacionado con un PERTE.

   El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, además de crear la figura de los PERTE, reconoce tres instrumentos de colaboración público- privada para la ejecución de los fondos: las agrupaciones (deben constituirse antes de la solicitud aunque estén condicionadas a ser beneficiarias de una ayuda), los consorcios (que necesitan contar con un informe favorable previo del Comité Técnico) y las sociedades de economía mixta (que estarán formadas por una mayoría de capital público con capital privado). En palabras de Montero, “todos debemos intentar ver estos fondos desde una óptica distinta, ya que, para lograr el éxito, hay que pensar en fórmulas de colaboración, incluso, entre competidores, aglutinando el mayor número de intereses con un enfoque integrador, que pueda ser medible y verificable más adelante”.

   Ministerios como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital o el de Industria, Comercio y Turismo han lanzado ya convocatorias para la presentación de manifestaciones de interés. En este sentido, detalla la Subdirectora General de Banco Sabadell, “hay sectores muy importantes de la economía española, como el del turismo, que ya han presentado una manifestación de interés para optar a un macro proyecto de financiación en el que participarán alrededor de 70 entidades de distinto tamaño de la industria que representan a toda su cadena de valor”. Y, según afirma, “me consta que son muchas otras las industrias que ya están trabajando en esta misma línea”, como la de la construcción, la del sector alimentario y la de la hostelería.

   En cualquier caso, Montero advierte que las ayudas y las subvenciones nunca serán del 100%, por lo que es muy importante que las empresas revisen sus estrategias, preparen sus estructuras financieras y su capacidad de endeudamiento. Y es, por ello, que el papel de las entidades financieras será clave, tanto para complementar las necesidades económicas que tengan las empresas, como para ofrecerles un servicio de información, de asesoramiento profesionalizado y de acompañamiento en el proceso que les aporte seguridad y confianza y les permita beneficiarse y aprovechar de manera óptima los fondos.

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