El ICAM reivindica la figura del amparo colegial frente a las amenazas en el ejercicio de la Abogacía

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha una campaña para reivindicar el amparo colegial como figura que vela por el respeto de la dignidad, independencia y libertad de los letrados coincidiendo con el Día de la Abogacía en Riesgo.

Cada 24 de enero, fecha del aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, se busca sensibilizar a autoridades y opinión pública sobre las amenazas a las que se enfrentan los abogados en el ejercicio de su profesión.

Con este motivo, la corporación madrileña ha realizado un balance del último ejercicio, en el que se han tramitado 23 expedientes de amparo, de los cuales 8 han sido concedidos, 8 han sido inadmitidos (por falta de competencia territorial, de acreditación indiciaria de hechos, por tratarse de cuestiones jurisdiccionales o, en definitiva, por falta de presupuestos fácticos y jurídicos en la propia perturbación que se invoca), 6 han sido denegados y 1 se encuentra en tramitación.

Entre los amparos concedidos por la Junta de Gobierno del ICAM en 2023, destacan los que tienen que ver con el acoso constante, la proliferación de amenazas o la agresión física por parte de clientes, que suponen el 37,5% del total y han sido padecidos en todos los casos por mujeres.

Además, la vulneración de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, la imposición de sanciones durante la asistencia letrada a detenidos o la falta de empatía a la hora de suspender un señalamiento son otras de las situaciones que han requerido el amparo colegial durante el año pasado.

Ante las situaciones de acoso, amenazas y agresiones sufridas en el ejercicio profesional, la corporación madrileña cuenta con un protocolo de actuación que prevé la tramitación del amparo colegial a través del departamento de Defensa de la Abogacía.

En uno de los casos registrados en 2023, una letrada puso en conocimiento del ICAM la injerencia sufrida en su libertad de ejercicio profesional como consecuencia del trato vejatorio y la conducta acosadora de un cliente.

La situación de acoso padecida, no solo por las numerosas intromisiones en su libertad como responsable del procedimiento en el que había sido designada, sino también por las continuas amenazas que coartan y condicionan su actuación profesional, le provocaron una situación de malestar psicológico que le impedía desarrollar su labor profesional con normalidad.

"Me está llevando a la desesperación, a una ansiedad constante, me da pánico abrir el mail, en cuanto veo un correo del denunciado me descompongo, obligándome a ir al médico para que me medique por una ansiedad que no puedo controlar", refiere.

Tras analizar el caso, el Colegio entiende que "la conducta del cliente perturba y atenta contra su libertad e independencia como letrada, menoscabando el ejercicio de su quehacer profesional", y procede a darle amparo de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de actuación en situación de acoso/amenazas y/o agresiones, acordando la asunción por uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la defensa de los intereses de la colegiada denunciante en el proceso de diligencias previas tramitado en un juzgado de instrucción de la capital.

En otro caso atendido el último año, una colegiada trasladó al ICAM la injerencia padecida como consecuencia del trato violento y la agresión de un cliente, motivo por el que había interpuesto denuncia ante la policía.

En ella detalla los hechos ocurridos en su despacho profesional, en el que afirma haber sufrido una agresión por parte de un cliente, quien se dirigió a ella de forma violenta, llegando a empujarla, causándole lesiones por las que tuvo que ser atendida en el servicio de urgencias de un hospital madrileño, siendo diagnosticada de contusión en antebrazo derecho.

A la vista de los hechos, la corporación madrileña aprueba conceder el amparo colegial "a fin de proteger su libertad, prestigio e independencia profesional, así como la disposición de los medios necesarios para articular la ejecución de las medidas conducentes a dar efectividad al mismo".

A tal efecto, la Junta de Gobierno propone la asunción por uno de sus miembros de la defensa de los intereses de la letrada denunciante en el procedimiento penal.