La Junta de Gobierno del ICAM concede siete nuevos amparos por vulneraciones del derecho de defensa a colegiado

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha concedido, en la reunión mantenida este miércoles, amparo colegial a siete colegiados que denunciaron vulneraciones de su derecho de defensa, siendo el mayor número de amparos concedidos en una sola sesión.

Entre los casos destacados, se encuentran varios relacionados con actuaciones abusivas de agentes policiales y acoso por parte de clientes. Uno de los amparos fue concedido a un abogado sancionado injustificadamente por la Guardia Civil, quien denunció insultos y amenazas mientras asistía a un menor.

Otro caso involucró a un abogado que fue objeto de acoso constante por parte de un cliente, incluyendo amenazas y campañas de desprestigio en internet. Ambos amparos subrayan la importancia de proteger la independencia y dignidad profesional de los abogados.

La Junta de Gobierno del ICAM también ha amparado a una abogada sancionada por la Policía Nacional en una céntrica comisaría madrileña y a otra que enfrentó un expediente sancionador injustificado en una de otro distrito.

Además, se otorgó amparo a una abogada que denunció extralimitaciones por parte de la Guardia Civil en un informe remitido a la Audiencia Nacional.

De los ocho amparos sometidos a consideración de la Junta de Gobierno solo uno no ha sido aceptado por entender que no concurren los presupuestos normativos, al tratarse de una cuestión particular del solicitante y todavía sub iudice.

Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, "estos acuerdos refuerzan el compromiso de esta Junta con la protección de la dignidad, independencia y libertad de los profesionales, asegurando que puedan desempeñar su labor sin ser objeto de intimidación o acoso y sin interferencias ni represalias injustificadas".

Por su parte, Javier Mata, diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, recuerda que "el amparo colegial no solo protege al profesional del derecho; su objetivo final es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos, que es fundamental y constitucional".

En respuesta a las alarmantes estadísticas que indican una alta incidencia de maltrato y restricciones en el ejercicio del derecho de defensa hacia los abogados madrileños, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado desde marzo una campaña para empoderar a sus colegiados sobre sus derechos y los mecanismos de protección disponibles.

De acuerdo con el "I Estudio integral sobre la situación de la abogacía madrileña" llevado a cabo por el ICAM, un preocupante 71% de los abogados en Madrid ha experimentado algún tipo de maltrato o descortesía en su ejercicio profesional.

No obstante, más de la mitad de los afectados (61%) han optado por emprender ninguna medida. Con todo, desde 2023 se ha registrado un significativo aumento tanto en las solicitudes de amparo respecto a 2022 (un 123% más, pasando de 13 a 29 solicitudes) como en los amparos concedidos (un 166% más, con 8 amparos concedidos en 2023 frente a los 3 del año anterior).