Ospina Abogados.- Aviso al jurado de la 'patada en la puerta': "Hay que acotar el absoluto poder del Estado"

La fiscal muestra su "absoluto" convencimiento de que los agentes actuaron bajo la creencia de legalidad

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los agentes de la Policía Nacional que entraron con un ariete en un inmueble ha entrado este viernes en su recta final con un aviso al jurado popular que tendrá que dirimir si esa madrugada del 21 de marzo de 2021 los policías incurrieron en un delito de allanamiento de morada o si su actuación estaba amparada por la legalidad.

"Vuestra decisión será trascendental para la democracia española. Hay que acotar el absoluto poder del Estado que está ocupando cada una de nuestras parcelas y vulnerando nuestros derechos fundamentales. ¿Ustedes quieren estar en el lado oscuro o en el otro?", ha alegado el letrado Juan Gonzalo Ospina, única acusación en la vista oral después de que ayer la fiscal retirase el delito que imputaba si bien plantea de forma alternativa un error vencible de tipo.

El visionado de las grabaciones llevó ayer a este abogado a retirar la imputación a cuatro de los agentes, al igual que a la fiscal que eximió a los seis. Tras este cambio penal, estos policías se levantaron del banquillo y quedarán libres de responsabilidad penal. Hoy, han querido estar entre el público para respaldar a sus compañeros.

La acusación mantuvo la imputación al subinspector al mando del operativo policial y a otro subordinado por un delito de allanamiento de morada, por el que pie dos años y seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación.

El juicio concluirá el próximo lunes con la última palabra de los acusados. Estaba previsto que la vista oral concluyera este viernes pero finalmente lo hará el lunes al quedar dos informes de partes pendientes de exponer ante el tribunal de jurado.

Los alegatos finales han arrancado con el discurso del abogado del inquilino de la vivienda en la que se produjo la actuación judicial objeto de este procedimiento. Avisa de que si es necesario llegará al Tribunal Constitucional al subyacer en este caso una decisión que afecta a un derecho fundamental.

El letrado ha iniciado su intervención subrayando que el Ministerio Fiscal representa "al poder del Estado, al brazo armado jurídico del Estado" porque, a su entender, "no está al lado de las víctimas sino de la injusticia" y se utiliza para "vulnerar derechos fundamentales"

"Este es un juicio histórico. Tendrán que decidir si justificar un reproche moral como era una fiesta ilegal en pandemia deja impune un delito. Lo que subyace es si el poder punitivo del Estado pueda entrar siempre en nuestras casas", ha aseverado.

Ospina ha incidido en que su decisión se estudiará en las carreras de Derecho y será "trascendental para la democracia española si justificar un reproche penal justifica un delito".

En la misma línea, ha insistido en que en España no es obligatorio abrir la puerta para identificarse ante la policía porque el domicilio es inviolable, lo que supone un derecho fundamental y si fuera así, "la okupación en España se acabaría". Por ello, defiende que ni hubo delito que justificara la entrada de los agentes ni flagrancia (cuando se comete el hecho punible en el preciso momento).

"El debate es si los policías actuaron conforme a la legalidad. El fin no justifica los medios. Los derechos fundamentales son inalienables para todos los ciudadanos. Sin derechos, no hay libertades. Todos los regimenes totalitarios empiezan vulnerando los derechos fundamentales", ha reseñado.

Tras recordar que a los jóvenes nunca se les ha juzgado por un delito de desobediencia grave, ha insistido en que no es obligado cumplir órdenes ilegales y que la flagrancia en ese caso ya se habría consumido al ya haberse negado a identificarse. "No había una necesidad de derribar la puerta", ha dicho.

Además, ha denunciado que a su cliente se le ha vulnerado el derecho a un juicio con todas las garantías dado que solo se le permitió dos recusaciones en la selección el jurado popular, lo que a su juicio ya daba privilegios a la otra parte.

BAJO LA CREENCIA DE LEGALIDAD

En su turno, la fiscal ha emplazado al tribunal de jurado a juzgar si los policías acusados cometieron un delito de desobediencia al ser ese "el objeto del juicio" y no otras cuestiones ajenas a su veredicto.

Ha mencionado un auto del 8 de junio del tribunal supremo que establece requisitos para que una conducta sea constitutiva del citado delito como que haya "un mandato expreso, claro y determinante emanado de agentes de la autoridad; que sea notificada esa orden; que el destinatario lo entienda; y que haya una resistencia pasiva a la citada orden".

"Tengo el absoluto convencimiento de que los agentes actuaron bajo la creencia de que era legal", ha recalcado la fiscal, quien ha aludido a las grabaciones exhibidas en la sala que muestran la actuación policial y las detenciones a ocho de los catorce asistentes.

Por su parte, el abogado defensor del subinspector ha criticado que se haga una similitud con la okupación, ya que hay que ver cada situación en el momento en el que se actúa. "No se pueden mezclar casos y hay que juzgar un hecho concreto", ha subrayado.