Piden multa para el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga por un delito de desobediencia

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de multa para el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara al que acusa de un delito de desobediencia en relación con la supuesta suspensión de los servicios de guardias en mayo de 2020 durante el estado de alarma por el COVID-19.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, el día 6 de mayo de dicho año el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga llamó al Colegio de Abogados para informar de que había cuatro detenidos puestos a disposición judicial en el juzgado de guardia, para que acudieran abogados a prestar la asistencia letrada.

En esa llamada se informó de que desde ese día no se iba a prestar servicio presencial sino por videoconferencia, facilitándose un correo electrónico pero no, dice la acusación pública en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, los nombres de los letrados de guardia.

En ese momento, la magistrada dictó una resolución instando al Colegio de Abogados a que proporcionara los nombres de los abogados de guardia o les comunicaran que debían comparecer en dependencias judiciales "a la mayor brevedad posible", advirtiéndose de que en caso contrario se informaría de la situación.

La Fiscalía señala que "como consecuencia de no haber recibido comunicación alguna del Colegio de Abogados, no habiéndose personado letrado alguno para asistir a los arrestado, el juzgado puso en libertad a los cuatro detenidos". Posteriormente, el acusado remitió un correo indicando que había recibido el requerimiento.

"Pese a su recepción, de modo consciente, y sabiendas de su deber de cumplimiento dada la naturaleza constitucional de la asistencia requerida, el acusado, actuando en virtud de una decisión personal, incumplió el requerimiento judicial, ya que no proporcionó al juzgado el nombre de los letrados que estaban de guardia y tampoco les comunicó que debían comparecer", sostiene el fiscal.

Asimismo, señala la acusación pública que ocurrió lo contrario en la guardia de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y de la provincia "donde el servicio se prestó de forma presencial por los abogados en aquellos órganos en los que dicho sistema de videoconferencia no funcionaba".

Además, añade que con esa acción "de obstrucción a la justicia, el acusado impidió el libre ejercicio del derecho a desempeñar su profesión liberal de todos aquellos abogados dispuestos a prestar el servicio de guardia de detenidos", apuntando que este servicio estaba declarado esencial dentro del estado de alarma.

Para el ministerio fiscal, estos hechos se enmarcan en un delito de desobediencia, por el que solicita una pena para el acusado de multa de 12 meses, a 15 euros diarios; es decir, el pago de 5.400 euros.

El exdecano has mostrado su sorpresa ante el hecho de que "el fiscal diga que fue una 'decisión personal' cuando consta un documento firmado por todos los miembros de la junta de gobierno del colegio diciendo que era una decisión de todos; y a pesar de eso va solo contra mi", calificando esa afirmación de "falsedad".

Asimismo, en declaraciones a Europa Press, Lara ha lamentado que "se omita cualquier referencia a la situación de pandemia que existía en esos momentos, en pleno auge de contagios, cuando era al principio y no se sabía nada, no había vacunas y solo había miedo, miedo y miedo y muertes".