El 25% de la población reclusa española tiene problemas de salud mental y el 8% padece algún problema de carácter grave

Expertos defienden en Congreso de Sociedad Española de Psiquiatría Legal de Bilbao que la cárcel "no es lugar idóneo para su curación"

BILBAO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 25% de la población reclusa española tiene algún problema relacionado con su salud mental y el 8% de ellos padece trastorno mentales de carácter grave. Del total de reclusos con enfermedades psiquiátricas internados en cárceles, entre un 35 y un 45% padecen cuadros depresivos o tienen algún problema asociado al consumo de tóxicos que agudiza e intensifica su problemática.

Estos datos han sido dados a conocer en Bilbao durante la rueda de prensa de presentación del XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal por su presidente, Alfredo Calcedo Barba y el presidente del comité organizador de la cita, Iñaki Madariaga, responsable asimismo de la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa).

Ambos psiquiatras han subrayado que las personas con enfermedades mentales no deben estar en la cárcel porque "no es el lugar idóneo para su total curación, evolución y desarrollo" y han denunciado que, "a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo y de Europa, en España las Instituciones Penitenciarias adolecen de espacios y personal específico que pueda atender a este tipo de población".

La psicosis con esquizofrenia es la patología que más prevalencia tiene en las cárceles españolas pero también se dan otro tipo de cuadros como los trastornos bipolares o de personalidad.

A ese respecto, los especialistas han resaltado que "si hablamos de diagnóstico, la psicosis con esquizofrenia es la patología que más prevalencia tiene en esta población. Pero también puede otro tipo de cuadros como los trastornos bipolares o de personalidad. Este tipo de pacientes suelen tener asociado un consumo de tóxicos asociado que todavía agudiza e intensifica esta situación", señalan.

En el Estado, solo se dispone de tres recursos para atender a las personas que cumplen condena con problemas mentales: los dos hospitales penitenciarios de Sevilla y Foncalent (Alicante), y la Unidad de Psiquiatría Legal de Aita Menni de Arrasate (Gipuzkoa).

Ante esa situación, ambos especialistas han considerado "urgente" la puesta en marcha de unidades específicas para atender a estas personas, dada la dimensión social, sanitaria y judicial de esta realidad.

ENTORNO HOSPITALARIO

Los doctores Calcedo y Madariaga han coincidido en que cuando se habla de "enfermedades mentales graves estamos hablando de enfermos mentales que, independientemente del diagnóstico, tienen trastornos graves de comportamiento, trastornos graves de los impulsos, desorganización de los pensamientos y conducta, que justifican el acto delictivo que han cometido".

En el congreso se dan cita hasta este viernes más de 200 expertos en Psiquiatría Legal o Forense para actualizar los conocimientos y actuaciones que se llevan a cabo entre las disciplinas legales-judiciales y la sanitaria-psiquiátrica.

La Psiquiatría Legal o Forense es un subespecialidad de la Psiquiatría general que tiene como objeto abordar problemas de índole psiquiátrica pero que a su vez tienen una dimensión judicial, civil y penal muy significativa.

En su intervención se han detenido en el caso la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni de Arrasate (Gipuzkoa), puesto en marcha en 2013 para atender a pacientes enfermos mentales implicados en procesos judiciales como consecuencia de actuaciones delictivas derivadas de su enfermedad psiquiátrica.

En ese tipo de recintos, los pacientes reciben tratamiento psiquiátrico en medio en un entorno hospitalario y bajo estrictas medidas de seguridad sin tener que estar recluidos en prisión.

ACTOS DELICTIVOS

Asimismo han explicado que "estas unidades básicamente van dirigidas a atender a enfermos mentales graves que, como consecuencia de su enfermedad mental, se han visto implicados en actos delictivos y que desde la instancia judicial correspondiente se ha estimado que esa persona no es responsable de ese comportamiento por tener una enfermedad mental grave".

Esa circunstancia, han incidido "no quita que no haya que aplicarle a esta persona medidas de seguridad en un entorno sanitario adecuado acorde con sus necesidades".

En este contexto han reclamado la necesidad de "incrementar las medidas de seguridad en las Instituciones Penitenciarias para evitar conductas agresivas y la fuga de pacientes".

"Esto se consigue con unas instalaciones adecuadas y garantes de seguridad y la presencia del personal asistencial experimentado que debe estar perfectamente cualificado, preparado y habituado a trabajar con personas de estas características", han concluido.