MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ordenó a la Guardia Civil practicar ayer miércoles entradas y registros en las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao después de admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la compañía, indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno adoptó la decisión tras admitir una denuncia de Anticorrupción contra Iberdrola Generación por un delito relativo al mercado y los consumidores.

La investigación se refiere a un presunto delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa que adoptaron las decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013".

Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

La denuncia ante la Audiencia ha sido presentada por el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, quien considera que la empresa obtuvo "un lucro ilícito de 20 millones" en el mercado mayorista de electricidad en diciembre de 2013, según adelanta el diario 'El País'.

El delito que se investiga aparece tipificado en el artículo 281 del Código Penal y se refiere a actuaciones contra el mercado y los consumidores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya impuso una sanción de 25 millones de euros por manipulaciones de precios a Iberdrola, que tiene recurrida la resolución ante los tribunales.

La Audiencia admitió a trámite en febrero de 2016 el recurso de Iberdrola, y en marzo de ese año decidió suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por la CNMC a la espera de resolver el fondo de la cuestión.

La asociación de consumidores Facua denunció en diciembre de 2015 ante la Fiscalía General del Estado un presunto delito de Iberdrola consistente en "inflar la tarifa eléctrica" en 2013. Aquella denuncia fue archivada por la Fiscalía de Bizkaia.