La licencia está en fase de tramitación, pendiente del estudio de impacto acústico, y el Ayuntamiento será "exigente, y mucho"
BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado este jueves posponer la concesión de la licencia de derribo del edificio de la Escuela Universitaria de Magisterio/BAM, ya que se trata de "un acto reglado" y si la empresa "cumple con todas las exigencias normativas y legislativas", el Consistorio "está obligado" a conceder el permiso, porque "tiene que prevalecer la ley".
En el pleno de este jueves, se ha debatido una proposición vecinal presentada por la AMPA del CEP Cervantes, que ha sido desestimada con los votos del equipo de gobierno, en la que se pide que se posponga la concesión de la licencia de derribo del edificio de la BAM, atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Vasco, y, para el supuesto de que ya se hubiera concedido, que se posponga la autorización del inicio de las obras de demolición a fin de que ésta no coincida con el curso escolar.
En representación de la AMPA, Pablo Rey ha criticado el "sinsentido que supone permitir demoler un edificio en perfecto estado frente a un colegio en mitad de una pandemia, cuando lo que hace falta es ventilar para prevenir contagios de covid-19".
Tras expresar la "indignación, desamparo e indefensión" que, según ha dicho, sufre la comunidad escolar del Cervantes, ante "la ausencia de respuestas concretas por parte de la Administración", ha pedido que se impongan "las condiciones necesarias para que la ejecución de las obras de demolición no impidan la correcta ventilación de las aulas".
Pablo Rey ha recordado que, en el terreno resultante de la demolición del edifico BAM, el Obispado de Bilbao pretende centralizar en un edificio distintos servicios y también se ubicará en la parcela una clínica privada de Mutualia.
Antes de la pandemia del covid-19, ha señalado, ya habían expresado desde la AMPA su preocupación por lo que podrían suponer para su escuela las obras de demolición, excavación y construcción previstas, ya que "el ruido y el polvo de las obras dificultarían o directamente imposibilitarían dar clase".
Según ha advertido, la situación ha empeorado con la covid-19 y "el peligro para la comunidad escolar es ahora mucho mayor", pero "lo único que oímos a los responsables políticos es que quieren minimizar la repercusión de las obras previstas".
La Escuela Cervantes, ha explicado, ha desarrollado, como todas, su protocolo para prevenir la transmisión del coronavirus siguiendo las indicaciones del Gobierno Vasco. Sin embargo, ha dicho que "si se lleva a cabo el derribo del edificio no se pueden cumplir con las condiciones que el Gobierno Vasco nos impone".
Por ello, antes de que se conceda la licencia, ha pedido que se impongan "las condiciones necesarias para que la ejecución de las obras no interfiera en la correcta ventilación de las aulas del CEIP Cervantes ni, en general, con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas por la Administración Sanitaria, el Ministerio de sanidad y el gobierno vasco para hacer frente a la covid-19".
Por otro lado, ha valorado el informe de Planificación Urbana del Ayuntamiento en el que se exige la realización de un estudio de impacto acústico en relación a las necesidades de ventilación, y ha dicho que "en manos del pleno municipal está el actuar para evitar el desastre epidemiológico que pueden suponer estas obras frente a la escuela Cervantes".
GRUPOS
Desde el PP, el concejal Gabriel Rodrigo ha señalado que la normativa es "profundamente reglada", lo que hace que "muchas veces lo reglado no coincida con lo vital o lo saludable". En cualquier caso, ha considerado que esto "no debería ser impedimento" para que desde las administraciones públicas se atiendan planteamientos como los que hoy presenta la escuela pública Cervantes.
Por ello, ha pedido que se haga "todo lo posible" para evitar que las obras coincidan con el curso escolar, "cuando menos en los momentos más críticos de la pandemia", y que "prime el derecho a la salud por encima del interés privado".
La concejal de EH Bildu Alba Fatuarte ha calificado la "operación especulativa" entre el Obispado, Mutualia y la constructora Murias, donde "también este Ayuntamiento tiene una responsabilidad directa", de "pelotazo de libro" y ha considerado que, en el momento actual de pandemia, el tema del derribo de la Escuela Universitaria de Magisterio-BAM "ha pasado de ser un asunto meramente urbanístico a ser un asunto de salud pública".
Por ello, ha preguntado a los responsables de las áreas de Educación, Salud y Medio Ambiente del gobierno municipal "qué opinan sobre el hecho de que se pretenda derribar un edificio de cinco plantas y posteriormente excavar otros 15 metros, a escasos metros de un entorno tremendamente sensible como es una zona con alumnado entre 0 y 12 años, y todo en plena pandemia".
La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha considerado, en el actual contexto de pandemia, que "la prioridad absoluta debe ser respetar y cumplir las medidas sanitarias para poder frenar a este virus lo antes posible". "Y si para eso es necesario posponer la concesión de una licencia de derribo o el inicio de unas obras de demolición consideramos que debe hacerse, no hay excusas", ha defendido.
En ese sentido, ha asegurado que las medidas sanitarias planteadas por los Departamentos de Salud y Educación "son incompatibles con las afectaciones de ruido y polvo que genera una obra de derribo como la planificada para el edificio BAM" porque, en el estado de alarma en el que nos encontramos "la prioridad absoluta, en estos momentos, debería ser velar por la salud de los niños, en este caso del Colegio Cervantes y del barrio de Abando".
LICENCIA EN TRAMITACIÓN
En su respuesta, el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza, que ha dicho entender "perfectamente la preocupación y la inquietud" de los padres, ha precisado que la licencia de derribo del edificio BAM se encuentra en fase de tramitación, pendiente de que el peticionario aporte la documentación relativa al estudio de impacto acústico solicitado.
"Estamos hablando de un acto reglado y, por lo tanto, no es cuestión de sentido común ni de voluntades: si cumple con todas las exigencias normativas y legislativas el Ayuntamiento está obligado a dar la licencia", ha subrayado, para señalar que el estudio de impacto acústico requerido "tendría que velar por que se pudiera continuar con las medidas que el Departamento de Salud ha establecido en el centro escolar".
Abaunza ha señalado que "lo que tiene que prevalecer es la ley por sobre los intereses privados, la salud siempre como un objetivo principal y el bienestar de los ciudadanos como una prioridad", y ha advertido de que "tampoco puede ser que el listón que ponga el Ayuntamiento haga inviable la materialización del derribo", porque eso sería "un fraude de ley", aunque ha asegurado que van a ser "exigentes, y mucho".
En ese sentido, el alcalde, Juan Mari Aburto, ha intervenido para remarcar que en el Ayuntamiento "no se retuerce la ley, se aplica la ley intentando ser lo más justos posible cada día y satisfacer las necesidades de la ciudadanía de Bilbao".
Por su parte, la edil de Salud y Consumo, Yolanda Díez, ha dicho que el objetivo es que "estas obras, si se llevan a cabo, deberán ejecutarse con las medidas pertinentes en orden a garantizar" que el centro educativo puede llevar a efecto las pautas contenidas en los protocolos sanitarios.
Así mismo, Díez ha asegurado que cuando la empresa presente el estudio de impacto acústico su propuesta de medidas a adoptar en materia de salud, ruido y obras "se va a valorar si son adecuadas y suficientes".
