Colectivos sociales y UGT piden que la reforma de la RGI "revierta los recortes" de esta prestación

Solicitan aumentar la prestación y reducir los años de empadronamiento exigidos para recibirla

VITORIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Red del tercer sector social de Euskadi, la Carta de los Derechos Sociales y el sindicato UGT han reclamado este viernes a los grupos parlamentarios que la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que se está tramitando en la Cámara vasca "revierta los recortes" que ha sufrido esta prestación en los últimos años.

La Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco ha acogido este viernes las comparecencias de Sareen Sarea, la Carta de los Derechos Sociales y el sindicato UGT para presentar sus aportaciones en relación con la proposición de ley para la garantía de ingresos y para la inclusión.

El Parlamento Vasco aprobó el pasado mes de junio el inicio de la tramitación de la proposición de ley para la reforma de la Renta de Garantía Ingresos. La toma en consideración de esta proposición de ley, registrada por el PNV y el PSE-EE, fue aprobada con la abstención del PP y el voto en contra de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Entre otras medidas, el texto prevé la creación de una renta específica para pensionistas, establece una única prestación por domicilio -salvo excepciones--, desvincula el cálculo de la RGI del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y plantea la huella digital como sistema de identificación de los perceptores.

Los representantes de la Red del tercer sector social de Euskadi-Sareen Sarea, Mikel Barturen y Pablo González, han defendido que la RGI es "una herramienta del sistema de protección social que es necesario preservar y a poner en valor", aunque creen que es "mejorable, en el modo en que se gestiona", y han insistido en que se trata de una herramienta "eficaz, eficiente que no tiene que ser cuestionado su valor originario que era el de la solidaridad".

"Esperamos que esta sea la guía de sus deliberaciones para contribuir al consenso político y social que este sistema de protección merece y necesita", han señalado.

Sareen Sarea ha defendido que "la activación del empleo no es la única solución, al menos para la mitad de las personas perceptoras de la RGI que se reparten entre pensionistas y personas que están trabajando pero con escasa calidad de empleo".

"Es necesario desarrollar una de las dos patas del sistema de doble derecho de garantía de ingresos y para la inclusión social y hasta el momento, no se ha garantizado debidamente el derecho a la inclusión social", han denunciado.

Por ello, creen que esta reforma supone una "oportunidad de actualizar y mejorar los mecanismos de inclusión y cohesión social para adaptarlos a un contexto diferente al de hace once años, responder a las nuevas necesidades y corregir las disfunciones observadas en su implementación". "No se debe perder la oportunidad de revertir de los recortes y restricciones establecidos en la modificación de la Ley en 2011", han indicado.

Respecto a la propuesta de PNV y PSE, han destacado que vincular las cuantías al umbral de pobreza les parece "interesante", al igual que se considere la composición de la unidad de convivencia y no solo el número de miembros y que se contemple una "mayor progresividad".

Sin embargo, han explicado que han realizado simulaciones con estos criterios y han obtenido como resultado que con las cuantías derivadas de la proposición de ley "no se superarían los umbrales de pobreza ni el objetivo del Gobierno de reducir la pobreza en un 20% para el año 2020". "El nuevo indicador parece no tener el impacto deseado sobre el resultado", han insistido.

Tras afirmar que los datos de Ikuspegi sobre los flujos de población extranjera y el estudio elaborado por la comisión de expertos sobre RGI coinciden en afirmar que la existencia de prestaciones de garantía de ingresos no determina de forma preferente los proyectos migratorios ni su destino, han propuesto "devolver el tiempo de empadronamiento de tres años a uno", aunque plantean la posibilidad de crear una comisión que analice el "efecto llamada" durante los dos años siguientes al cambio.

ILP COMO ENMIENDA DE TOTALIDAD

Las representantes de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria Ana Pérez e Iratxe Delgado, por su parte han puesto en valor la Iniciativa Legislativa Popular firmada por más de 51.000 personas que fue rechazada por la Cámara vasca con el apoyo de PNV, PSE y PP y que suponía una "enmienda de totalidad" a la proposición de ley presentada por PNV y PSE.

Entre otras medidas, han recordado que esta ILP planteaba el aumento de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), "mejorando los niveles de cobertura de las personas y excluidas" y "derogaba los recortes que ha sufrido esta ley durante años". "La reforma planteada busca una cobertura mínima pero no quiere revertir los recortes aprobados en su momento", han insistido.

En este sentido, rechazan se considere a todas las personas que viven en una misma vivienda una única unidad de convivencia, porque pueden pertenecer a diferentes familias o unidades convivenciales y vivir justos para pagar el alquiler". "No debe existir una única RGI por vivienda", han defendido.

Tampoco comparten el modo de calcularla RGI porque "se crea un indicador de gastos mínimos de 455 euros, al que se añaden complementos individuales según la unidad de convivencia", lo que tiene un carácter "punitivo y posibilita realizar recortes". "Esto puede provocar más pobreza", han advertido.

La Carta de Derechos Humanos también propone "rebajar" los requisitos exigidos para acceder a la RGI para facilitar el acceso a esta prestación y ha defendido el derecho al acceso a una vivienda digna.

Por todo ello, han reiterado que su posición respecto a la propuesta de PNV y PSE es una "enmienda de totalidad" y plantea la necesidad d que se lleve a cabo una reforma "en profundidad" que "ponga en el centro, de verdad, a las personas que están en situación de pobreza y exclusión social para mejorar su situación, eliminar tantos requisitos y darles recursos para que puedan salir de esta situación". "Queremos que tenga como objetivo final acabar con la pobreza y no convertirla en algo sostenible", ha subrayado.

"LLEGAR A TODOS"

Por último, el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha trasladado a los grupos parlamentarios la postura del sindicato sobre la RGI subrayando que el "reto más importante" que tiene esta reforma es conseguir "llegar a las 60.000 personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y no están incluidas en la RGI".

Asimismo, ha exigido a los grupos que, a pesar de la cercanía de las citas electorales, alcancen "el mayor consenso posible" y cree que su pudiera contar con la unanimidad de la Cámara, sería "una gran noticia para la sociedad". "Hay que poner en valor este esfuerzo que estamos haciendo como sociedad y no lo podemos tirar por el sumidero", ha defendido.

Arza ha propuesto que la ley cuente con un decreto que sea el que regule el funcionamiento de Lanbide a la hora de gestión la prestación porque cree que en la actualidad actúa con unos criterios que se encuentran "en la clandestinidad".

También ha pedido que "no se aproveche" la reducción del gasto por la bajada de perceptores en los últimos años y se utilice para "mejorar la prestación".

Además, ha pedido que la RGI se vincule al SMI y al IPC, que se rebajen los años de empadronamiento necesarios para acceder a la prestación y que se admita varias RGI en una sola vivienda porque cree que en la situación actual, con los "altos precios" que tienen las viviendas, el habitual que en un mismo domicilio convivan varias unidades familiares.