Advierte de que "las excarcelaciones fraudulentas de etarras presos" supone "un atropello al derecho de las víctimas a la justicia"
SAN SEBASTIÁN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado otras dos concesiones de terceros grados a presos de ETA "que no están arrepentidos".
En un comunicado, Ordóñez ha censurado dos nuevas concesiones de terceros grados otorgadas a los miembros de ETA Juan Manuel Inciarte Gallardo, condenado por participar en el asesinato de Julio Segarra Blanco; y José Antonio Borda Gaztelumendi, condenado por los asesinatos de Luis Cadarso, Joaquín Gorjón y Ramón Romeo Rotaeche.
La presidenta de Covite ha subrayado que "ninguno de estos dos miembros de ETA cumple con el requisito exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes". "Ambos presos de ETA están en la órbita de la izquierda abertzale y son exhibidos en sus manifestaciones en las que exigen su excarcelación, lo cual es una evidencia de que no están arrepentidos", ha asegurado.
En este contexto, ha incidido en que "la izquierda abertzale prohíbe expresamente, desde hace muchos años, a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no deberían progresar en grado, puesto que así está establecido en la ley".
Además, ha criticado nuevamente a la consejería de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José, por "haber decidido continuar con la política de concesión de terceros grados fraudulentos a etarras que no están arrepentidos, exactamente igual que hizo el PNV con más de 60 terceros grados a etarras que están en la órbita de la izquierda abertzale".
"No se puede estar con Sortu y estar arrepentido", ha insistido Ordóñez. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno vasco "sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en la redacción de unas cartas manuscritas en las que los presos supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas, cuando los hechos *siempre terminan desmintiendo esas palabras".
La presidneta de Covite ha recordado que "el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas es conseguir la reinserción de los penados". "Solo mediante la deslegitimación pública del terrorismo podremos avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo de ETA", ha defendido.
Sin embargo, Ordóñez ha señalado que "lo único que trasciende al ámbito público es que la izquierda abertzale continúa honrando a estas personas por su pasado criminal, calificándolas como presos políticos y exigiendo su excarcelación porque siguen pensando que matar estuvo bien y no merecen estar en la cárcel por ello".
RESPUESTA A OTEGI
Por otro lado, Ordóñez ha criticado el "cinismo" del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha afirmado este lunes en una entrevista a Radio Euskadi que el hecho de que "no haya presos políticos vascos en la cárcel es una inversión de futuro".
A juicio de la presidenta de Covite, "las excarcelaciones fraudulentas de etarras presos, condenados por delitos gravísimos, de los más graves que contempla nuestro código penal, no es ninguna inversión a futuro, es un atropello al derecho de las víctimas a la justicia".
"La única inversión a futuro que puede hacer una sociedad digna, comprometida de verdad con la paz y la convivencia, es en la memoria, la verdad y la justicia", ha aseverado.
Además, ha lamentado que "en la sociedad vasca, quienes dan lecciones de paz y convivencia son quienes más atentaron contra nuestro Estado democrático de derecho".
Para Ordóñez las palabras de Otegi son "otra prueba más de que los presos de ETA que están bajo su órbita no están arrepentidos en absoluto de sus crímenes".
Finalmente, ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir", dado que "es la única institución que puede y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas". "Es la Fiscalía la que debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas", ha finalizado.