Diputación de Bizkaia aprueba el proyecto de revisión fiscal, tras lo que comenzará su tramitación en Juntas

El objetivo es concluir el trámite parlamentario en el primer trimestre de 2025

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este jueves el proyecto de norma foral para la revisión fiscal, tras lo que comenzará su tramitación en las Juntas Generales con el objetivo de que quede aprobada en el primer trimestre de 2025.

El proyecto de norma foral incluye medidas que afectan a diferentes figuras impositivas del sistema tributario, "enfocadas en las necesidades" de los ciudadanos vizcaínos y "vinculadas a los retos" del territorio, según han destacado desde la Diputación vizcaína.

Entre los retos que se pretende afrontar con esta revisión fiscal, se encuentran el demográfico, la fiscalidad verde, la igualdad de género, la protección de las personas contribuyentes con rentas más bajas, las personas jóvenes, la conciliación, la vivienda, el empleo o las pensiones.

Las tres diputaciones vascas presentaron el pasado mes de noviembre la revisión fiscal que se pretende acometer con una propuesta armonizada, tras el acuerdo entre PNV y PSE-EE, que gobiernan las tres instituciones.

En el caso de Bizkaia, tras concluir el periodo de exposición pública, el Consejo de Gobierno de la Diputación ha aprobado este jueves el proyecto de norma foral con las medidas para revisar el sistema tributario, con lo que se "cumple con el compromiso adquirido ante la ciudadanía de aprobarlo antes de la finalización del presente año".

Ahora la Diputación remitirá el proyecto a las Juntas Generales de Bizkaia, donde jeltzales y socialistas cuentan con mayoría absoluta, si bien desde el Gobierno foral han expresado en reiteradas ocasiones su disposición a negociar con los grupos de la oposición para ampliar los apoyos.

La previsión es que la norma que regulará la revisión fiscal quede aprobada durante el primer trimestre de 2025. El proyecto se centra en seis materias: familia, igualdad, conciliación, mujer y juventud; vivienda; previsión social de empleo; transición verde; progresividad; y protección e impulso del tejido productivo.

Entre sus principales medidas, el proyecto persigue "continuar promoviendo la cohesión social y la progresividad" del sistema tributario, objetivo para el que establece la obligación de declarar en el IRPF a partir de los 19.000 euros anuales, una cifra que es, según ha destacado el Gobierno foral, "sensiblemente superior al Salario Mínimo Interprofesional que en 2024 se sitúa en 15.876 euros".

Asimismo, se plantea incrementar "notablemente" la bonificación de trabajo, "mejorando, de este modo, la tributación de las rentas más bajas".

Por otra parte, el proyecto recoge iniciativas fiscales que promueven "una igualdad real y efectiva que busca mejorar la conciliación para garantizar un equilibrio justo entre las responsabilidades profesionales y las familiares", ha recordado la Diputación.

Se apuesta por la discriminación positiva de la mujer, con un incremento de porcentajes de deducciones y reducciones con el objetivo de fomentar su participación en el tejido empresarial y económico y también por dar visibilidad a las diferentes unidades convivenciales.

Entre otras medidas, incorpora una deducción por reincorporación al mercado laboral tras el cuidado de menores de tres años (en casos de excedencia o reducción jornada) de 1.200 euros para las mujeres y de 1.500 euros para los hombres.

También se recogen deducciones en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas que implanten nuevas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral por encima de lo legalmente establecido.

INCENTIVOS AL ALQUILER

En materia de vivienda se favorece el impulso al arrendamiento potenciando los incentivos fiscales para incrementar la oferta de alquiler asequible. Para ello, se mejora el tratamiento fiscal de la persona arrendadora en el caso de que la vivienda se destine a ser la habitual de la persona inquilina, una medida que "será superior cuando exista intermediación pública en el alquiler o la vivienda esté situada en zonas tensionadas".

También se pretende favorecer la emancipación del colectivo de personas menores de 36 años ampliando el plazo de la cuenta vivienda de 6 a 10 años, suprimiendo el límite máximo de 8.500 euros de inversión por adquisición de vivienda durante el primer año, e incrementando las deducciones por alquiler y permitiendo la aplicación de ciertas deducciones generadas y no aplicadas en los siguientes cinco ejercicios.

Con el fin de renovar el parque inmobiliario, se permitirá que la persona propietaria de una vivienda pueda practicar la deducción por rehabilitación de vivienda protegida siempre que se destine a arrendamiento de vivienda habitual.

En otro orden de cosas, la norma foral busca fomentar los sistemas de previsión social complementaria de empleo preferentes, dotando para ello de un nuevo marco tributario que "posibilite o ayude a conseguir dicho objetivo". Así, se actualiza su tratamiento fiscal potenciando el cobro de prestaciones en forma de renta y se favorecen "las aportaciones de calidad, con mayores incentivos a mayor aportación".

Asimismo, se establecen nuevas deducciones por obra de mejora de la eficiencia energética de las viviendas, tanto habitual como arrendada, para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, la mejora en el consumo de energía primaria no renovable o la rehabilitación energética de edificios.

El proyecto plantea deducciones del 5% o del 10% en el IRPF por la compra de vehículos nuevos de cero emisiones y del 15% por el establecimiento de puntos de recarga.

También contempla deducciones en el Impuesto de Sociedades por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medioambiente o la economía circular, y aumenta las deducciones en I+D relacionadas con las nuevas fuentes de energía.

Asimismo, con el fin de impulsar la llamada 'transición verde', el proyecto plantea el incremento o inclusión de incentivos en la tributación local.

Otro de sus objetivos es la "protección e impulso" del tejido productivo, para lo que propone "consolidar el forfait para las microempresas en el 15%. En el caso de las micros y pequeñas empresas se elimina el límite del 70% de la base imponible positiva previa para la compensación de las bases imponibles negativas.

En cuanto a las cooperativas, y con el doble objetivo de "favorecer el acceso a la vivienda y de protegerlas", se califican como especialmente protegidas aquellas cooperativas de viviendas cuyo objeto sea el uso y disfrute de las viviendas (cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso).