EH Bildu pide al Gobierno Vasco una revisión integral del Impuesto de Sociedades y un impuesto a las grandes fortunas

Archivo - El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano y la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena
Archivo - El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano y la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo
Publicado: lunes, 18 noviembre 2024 16:30

Reclama la compra por la administración de VPO que se convierta en libre en 2025 para su alquiler social, con un presupuesto de 350 millones

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu insta al Gobierno Vasco a abordar una revisión integral del Impuesto de Sociedades y a establecer un impuesto de las grandes fortunas, en la segunda propuesta que ha trasladado al Ejecutivo para poder alcanzar un acuerdo en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca de 2025. En materia de vivienda, vuelve a incluir la compra por la administración de VPO que se convierta en libre en 2025 para su alquiler social, con un presupuesto aproximado de 350 millones de euros.

En su texto, la formación soberanista destaca su pretensión de "poner las bases de una fiscalidad postneoliberal" mediante una reforma fiscal que tome por referencia los países europeos "socialmente más avanzados".

Para ello, plantea una "aproximación sustancial de la fiscalidad del capital a la del trabajo actuando sobre la dualidad del IRPF" y exige una mayor progresividad. Otras medidas por las que aboga son la revisión integral del impuesto de sociedades, el establecimiento del impuesto a las grandes fortunas, y la creación de un observatorio del fraude fiscal.

En materia de vivienda, apuesta por "una política proactiva", de forma que se transite de "una política que considera al mercado el principal proveedor de vivienda y después intenta corregir los fallos del mismo, a una política de vivienda pública inspirada en los países europeos socialmente más avanzados".

Para ello, pide la aplicación en el plazo de tres meses de la Ley Estatal de Vivienda reguladora de los precios de alquiler, que incluye que el Ejecutivo "desarrolle un sistema propio de índices de precios de referencia en colaboración con las Diputaciones Forales", que complete los análisis de las zonas tensionadas de la Comunidad Autónoma Vasca "atendiendo todos los criterios y lleve a cabo la designación de las zonas que cumplan los requisitos", y reducir la definición de grandes tenedores en zonas tensionadas a cinco viviendas.

EH Bildu también reclama la puesta en marcha de medidas tributarias para promover el alquiler a un precio más asequible, con "la imposición de bonificaciones y penalizaciones fiscales dirigidas a los propietarios arrendatarios atendiendo a un sistema propio de índices de precios de referencia".

También plantea que la compra por la administración mediante tanteo y retracto de toda la vivienda VPO que se convierta en libre en 2025 para que sea destinada al alquiler social. En este sentido, señala que se prevén 2.342 viviendas con un presupuesto aproximado 350 millones de euros.

Otra de sus propuestas es la movilización de la vivienda vacía con la creación por parte del Gobierno Vasco, en el plazo de tres meses, de una línea de ayudas a los ayuntamientos, de carácter técnico y económico, que permita la aplicación del decreto de vivienda vacía (5 millones de euros).

También demanda la aplicación de un impuesto autónomo y finalista a las viviendas vacías de los grandes propietarios y Fondos de Inversión, con el fin de destinarlas al alquiler protegido. Asimismo, emplaza a la modificación de la Ley del Turismo para que la vivienda solo sea de uso residencial.

SMI

En su documento, aboga por el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acorde a las características socioeconómicas de la Comunidad Autónoma Vasca. En esta línea, insta al Gobierno Vasco a generar las condiciones "para que un acuerdo interprofesional sea posible". La formación soberanista plantea que, con este fin, interpele a las partes para que negocien y lleguen a un acuerdo.

A su juicio, se debe constituir, "desde el respeto a la autonomía de las organizaciones empresariales y sindicales, una mesa de negociación para un acuerdo interprofesional con el fin de que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa" se establezca un SMI "acorde a la realidad socioeconómica vasca", lo que, entre otras cosas, "exige" que el Ejecutivo "gestione eficazmente la convocatoria de una mesa de negociación colectiva en los dos primeros meses del año 2025".

Según apunta, a esta mesa se convocarán las organizaciones empresariales y sindicales legalmente legitimadas para la firma de un acuerdo interprofesional. Ello, tal como subraya, precisa de un "seguimiento e implicación permanente del Gobierno en la puesta a disposición de todos los medios materiales, datos económicos e informes necesarios que puedan ser requeridos por las partes negociadoras".

Otro de sus planteamientos es que facilite el asesoramiento técnico, estudios e informes del Consejo de Relaciones Laborales que puedan solicitar las partes negociadoras, así como procedimientos de mediación que ayuden a resolver las discrepancias cuando así lo soliciten las partes negociadoras.

EH Bildu también invita a que el Gobierno vasco aplique ese salario mínimo en las administraciones públicas, empresas subcontratadas y contrataciones objeto de subvenciones públicas.

CUIDADOS

Otro sus objetivos es que se elimine el ánimo de lucro de la prestación de los cuidados y ha pedido que se adquiera un compromiso político al respecto. En este sentido, considera que el Sistema de Servicios Sociales se ha construido sobre la base de la privatización y, por ello, ahora "el ánimo de lucro domina" esta prestación.

En su opinión, esta situación "irá a más tras la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 168/2023 por el que se regula el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales a raíz de un recurso interpuesto por Confebask".

Para acabar con el ánimo de lucro, pide un acuerdo para la reforma de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y que se planifique "de forma consensuada una hoja de ruta para cerrar la puerta" a esta posibilidad en organización y gestión de los Servicios Sociales.

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