La Fiscal Superior pide establecer obligaciones a empresas tecnológicas ante delitos en redes que afectan a menores

Llama a las víctimas de violencia de género a que no se dejen disuadir para no denunciar

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha pedido que se establezcan obligaciones a las empresas tecnológicas para luchar contra los delitos cometidos en las redes que afectan a menores por su "gravedad", independientemente de que se faciliten a los padres instrumentos para su control. Además, ha emplazado a las víctimas de violencia de género a que se no dejen disuadir para no denunciar.

Adán, que ha participado en la Apertura del Año Judicial en el Palacio de Justicia de Bilbao, junto al presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, y el Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que los delitos informáticos siguen "en un ritmo creciente", y ha reconocido que, en esta materia, "la actividad policial especializada es base esencial para el éxito del proceso".

En esta línea, ha subrayado que la mayoría de delitos de odio incoados por motivación racista, xenófoba o discriminatoria se cometen a través de perfiles en la redes.

Carmen Adán ha recordado que, en la memoria fiscal de este año, se ha elaborado un apartado sobre menores afectados por delitos en Internet de acoso, usurpación de identidad, grabación o difusión no consentida de vídeos sexuales, entre otros, y en él se destaca que en el origen del problema es el acceso a redes sociales a edades cada vez más tempranas, y la falta de limitación de tiempo y control en los contenidos.

Al margen de que la sobreexposición en redes pueda generar depresiones o enfermedades mentales en menores, ha dicho que el ministerio público constata que genera "conflicto y perjuicio" en ellos, tanto cuando aparecen "claramente" como víctima o como autor. "A estas figuras claras, debemos añadir una realidad de menores que no son conscientes de ser víctimas y de unos menores que adoptan papeles muy cercanos a las autorías delectivas sin ser conscientes de ello", ha advertido.

También ha subrayado que las redes, "por su propio carácter empresarial necesitado de resultados comerciales, no implementan los controles que serían necesarios", y ha dicho que estos recaen en las familias, que no debieran "inhibirse de ejercerlos".

Tras poner en valor que ya hace tiempo que la lucha contra determinados delitos, como el de blanqueo, se apoya en la obligación de profesionales y empresas de facilitar datos relevantes, que antes se negaban "por el secreto profesional o bancario", ha apoyado que se establezcan "obligaciones para las empresas tecnológicas" en los casos de los delitos en redes que afectan a menores por su "gravedad".

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN

Por otra parte, la Fiscal Superior vasca se ha preguntado si hay que dar credibilidad a las encuestas sobre percepción de seguridad y victimización que reflejan que el 50% de víctimas de delitos no los denuncian. "Quizá no podamos ser ajenos a ellas", ha apuntado.

En caso de que "realmente respondan a la realidad", ha emplazado a denunciar y ha apelado a lograr que el propio sistema procesal "ayude, simplificando trámites y evitando reiteraciones". También ha resaltado que la colaboración ciudadana "es indispensable para la eficacia del Derecho".

"Es máxima que vemos en leyes y proyectos de protección al denunciante en casos de corrupción, debiéramos tenerla más presente en el ámbito normal de juzgados y fiscalías con todo tipo de testigos", ha apuntado, para señalar también "la importancia creciente de las cámaras y sistemas de vigilancia".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Carmen Adán también ha remarcado que los delitos de violencia de género van en aumento, pese a que se oiga "demasiadas veces" que la denuncia "exacerba el carácter violento del agresor" o que se considere que estos hechos no son "tan graves".

En este sentido, ha constatado el "dato alarmante" de que, "quien tiene que recoger la denuncia o apoyar a la víctima, la disuade informando que el sistema no funciona con este tipo de casos". Sin pretender huir las críticas al funcionamiento y eficacia de la Justicia, ha querido insistir en la necesidad de denunciar y que se evite llegar a un acuerdo "sobre lo que no debe admitirse".

La Fiscal Superior también ha lamentado que, un año más, comprueban que las víctimas de delitos contra la libertad sexual son renuantes a la denuncia.

Tal como ha subrayado, "el esfuerzo de todos, administraciones y sociedad, debe ir a asegurar la recuperación de la víctima pero sin dejar de lado que, hoy por hoy, poca respuesta cabe al delito producido sin denuncia".

INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS FISCALES

Carmen Adán ha puesto en valor en su intervención que, un año más, la actividad de los fiscales en Euskadi ha ido en aumento, no solo en las diferentes jurisdicciones, sino en ámbitos previos al proceso. En concreto, ha dicho que en la jurisdicción penal han incoado 48.000 diligencias, que se suman a otras tantas de diligencias urgentes o de delitos leves. Además, han formalizado 28.000 acusaciones, aunque cree que "el ritmo de procedimientos, juicios y ejecutorias sigue siendo deficitario para dar una auténtica respuesta".

También ha manifestado que sigue habiendo "oscilaciones en la interpretación de la norma", algo que no les "asusta" y además cree que hay que entender dentro de la independencia judicial, pero ha señalado que "la situación actual está provocando desigualdades no deseables entre territorios, no solo en la consideración de más o menos gravedad en un delito, sino en lo que es o no delito".

"Es urgente unificar pronunciamientos, puesto que la propia actuación de los fiscales se está viendo afectada porque es posible encontrar pronunciamientos judiciales diferentes y hasta contradictorios en apoyo de una u otra postura. Ello nos afecta hasta el punto de que, entre nosotros mismos, a veces no logramos el acuerdo sobre un criterio interpretativo cuando falta una circular concreta que aborde el tema e incluso cuan esta no existe", ha añadido. En su opinión, la seguridad jurídica "implica no sólo que las normas tengan certeza, sino también que haya certeza en su aplicación".

Por último, Adán ha reiterado la necesidad de afrontar "cuanto antes" un código procesal digital, porque, según ha advertido, la concentración de notificaciones en breves días supone "problemas graves".

"Hacer 800 notificaciones en un día o varios miles en pocos días en la oficina fiscal conlleva una posible gestión que da lugar no solo a retrasos, sino que lo que es más grave, a consolidar archivos que debieran haberse recurrido o que obligan a que el procedimiento vaya juicio sin todas las diligencias necesarias", ha afirmado.

Durante su discurso, la Fiscal Superior se ha referido a la asistencia al acto de las dos nuevas vocales territoriales del CGPJ, Esther Erice y María Pilar Jiménez, y ha asegurado que su presencia "contribuye a dar la imagen de superación de un problema alargado demasiado en el tiempo", en alusión al bloqueo que ha sufrido de cinco años la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces.