Gobierno vasco afirma que desvincular la RGI del SMI puede ser una "alternativa"

BILBAO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que desvincular la Renta de Garantía de Ingresos del Salario Mínimo Interpresional puede ser una "alternativa". y es una decisión que tendrá que "barajar" su Departamento cuando se revise el modelo.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, La consejera se ha referido a la polémica suscitada después de que el Gobierno vasco haya decidido subir la RGI un 1,5% (el IPC) y no el 8% con el que se ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional, al que está vinculada.

Según ha manifestado, la subida planteada no implica, "en ningún caso, ningún recorte", y garantiza el poder adquisitivo de los perceptores de la RGI.

Artolazabal ha indicado que el Ejecutivo autónomo trata de "armonizar dos objetivos", por una parte, la de garantizar una RGI a todas las personas que la necesitan para "mantener unas condiciones dignas" y, por otra parte, primar las oportunidades de inserción laboral.

Según ha manifestado, para responder al primer objetivo se ha decidido actualizar la RGI "atendiendo al coste de la vida, el IPC". Ha añadido que, de cara al segundo objetivo, se van a destinar recursos económicos para favorecer programas de inserción laboral para evitar la cronificación del desempleo.

Artolazabal ha indicado que hay un compromiso del Gobierno vasco de presentar, en el plazo de cinco meses, al Parlamento vasco una propuesta integral de RGI que "resulte sostenible y eficaz". En este sentido, preguntada por si esa propuesta se podrían plantear desvincular la RGI del SMI, ha respondido que es una decisión que tiene que "barajar" su Departamento.

La consejera ha señalado que la única renta de garantía en el Estado vinculada al SMI es la de Euskadi, y ha señalado que, en su opinión, puede ser una "alternativa" desvincular la RGI del SIM. "Tenemos una reflexión que hacer internamente", ha agregado.

Artolazabal ha asegurado que el informe jurídico de Lanbide respalda la decisión adoptada por el Gobierno, que "atiende a los principios de realismo, responsabilidad y sostenibilidad del sistema".

Por otra parte, ha apuntado que un incremento del 8% de la RGI hubiera tenido un impacto de 30 y 41 millones de euros y conllevaría la "entrada de algunos nuevos perceptores y también la salida de otros".

(Habrá ampliación)