Gobierno vasco aprobará un Decreto para promover políticas públicas de reinserción de presos

Trabajará para buscar un final ordenado de ETA y el reconocimiento de "todas las víctimas"

VITORIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández, ha presentado los ejes del nuevo Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 entre los que se encuentra el desarme, disolución y desaparición definitiva de ETA; la aprobación y desarrollo de un Decreto que, "en línea con la corriente de justicia restaurativa", regule y promueva las políticas públicas de reinserción de presos; y el impulso de políticas de convivencia con la participación de "todas las víctimas".

Fernández ha comparecido en el Parlamento vasco para presentar las líneas generales de actuación de la futura Secretaría General que pasará a denominarse de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, ya que integrará la Agencia vasca de Cooperación y la coordinación de la respuesta a la crisis de refugiados.

Tras reconocer que existen una serie de objetivos que no se consiguieron la pasada legislatura, entre los que ha citado el final definitivo de ETA, una política penitenciaria consensuada, una reflexión crítica sobre el pasado compartida, un foro de diálogo o que las relaciones con el Gobierno español "fueran lo fluidas que sería deseables", ha señalado que "no haberlo logrado forma parte de un fracaso compartido" pero cree que "para avanzar, es necesario asumir que el juego de culpas y responsables no es el más adecuado y es necesario asumir retos compartidos".

Fernández ha presentado las líneas generales del nuevo Plan estratégico de Convivencia y Derechos Humanos dirigido a "contribuir al encuentro social, a una convivencia normalizada y conciliada" y que "asumirá como propio" el documento conocido como 'suelo ético' aprobado por el Parlamento vasco en 2012.

El documento, que incluirá al menos 14 iniciativas, abordará siete objetivos estratégicos que se trabajarán de la mano de entidades de diferentes ámbitos de la sociedad, recabando sus aportaciones y reflexiones, entre ellas, las universidades vascas o el Consejo de la Juventud.

La primera iniciativa del plan estará dirigida a lograr el desarme, disolución y desaparición definitiva de ETA, y favorecer un proceso de final ordenado de la violencia. Como recoge el acuerdo de gobierno entre PNV-PSE, esta propuesta de desarme se plasmará en el apoyo a la verificación de un calendario de desarme definitivo que previamente ha de incluir una declaración de ETA sobre su "carácter irreversible e incondicional, como expresión de su voluntad de disolución".

También se busca una "reflexión crítica sobre el pasado" con el objetivo de lograr el consenso "más amplio y transversal posible", y se incluirán medidas para conseguir la "clarificación del pasado" continuando con el desarrollo de un programa de informes sobre vulneraciones de derechos humanos y completando un 'mapa de la verdad'. Fernández ha puesto en valor la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco y ve necesario hacer un "esfuerzo" de todos los partidos para "llevar allí los problemas y divisiones".

En materia de víctimas, se potenciará la colaboración con el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo. "Nuestro reto es lograr que las víctimas se sientan protagonistas de cada éxito que vayamos consiguiendo en materia de convivencia, lo que significa que tengan espacio y puedan participar", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que las voces de las víctimas "son muy plurales" porque "hay distintas asociaciones y sensibilidades de víctimas" y espera que en esta legislatura, las políticas públicas de víctimas sean "un ámbito de amplio consenso político e institucional".

Respecto a la relación con el Gobierno central, ha reconocido que están un poco "frustrados" con la experiencia de la pasada legislatura pero ha abogado por "pasar página" y están dispuestos a "compartirlo todo" con el Gobierno español en esta materia". "Tenemos abiertas todas las puertas", ha reiterado.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Sobre política penitenciaria, el programa de actuación del plan propone impulsar una propuesta-base de reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria, favorezca el acercamiento de presos, e inste a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios a Euskadi. "La prioridad es conseguir esa transferencia", ha indicado.

Asimismo, contempla la aprobación y desarrollo de un Decreto que, "en línea con la corriente europea de justicia restaurativa", regule y promueva las políticas públicas de reinserción. "Abogamos por una política penitenciaria fundamentada en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción; una de cuyas consecuencias es el apoyo al traslado de presos a prisiones cercanas a su entorno familiar", ha recordado.

Respecto al Instituto de la memoria Gogora, Fernández ha avanzado que su plan de actuación 2017-2020 establecerá, en el ámbito de memoria histórica, las previsiones para impulsar un proceso de clarificación y reconocimiento institucional de la verdad de la Memoria Histórica y de reparación a las víctimas.

Para Fernández "la reivindicación de la paz, asociada al fin de la violencia de ETA, ha sufrido un proceso de envejecimiento rápido, especialmente notorio en el caso de la juventud que vive esta agenda pendiente como algo vinculado a un pasado que se aleja a gran velocidad". Además, ha destacado que existe una nueva agenda de "preocupaciones del siglo XXI" entre las que ha citado la situación de los refugiados, pluralidad religiosa o las respuestas a la amenaza del terrorismo internacional.

LOS GRUPOS

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha puesto en valor la nueva composición de la Secretaría destacando que "la sociedad avanza queriendo cerrar con aciertos y sin olvidos una etapa de violencia con demasiado sufrimiento y dolor". Además, ha indicado que en la nueva agenda de la convivencia, "la gestión de la diversidad debe estar más presente".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha reiterado el "compromiso claro con la paz y la convivencia" de su formación para trabajar en esta legislatura "con espíritu constructivo" porque "es momento de pasar de las palabras a los hechos". Sin embargo, ha acusado a Fernández de hacer "un gran esfuerzo por arrinconar la paz". "¿Piensan ustedes que vivimos en un escenario de paz?", ha cuestionado para denunciar a continuación que "todavía siguen existiendo sufrimientos y vulneraciones de derechos humanos, por ejemplo en la política penitenciaria".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala ha afirmado que existen 10.000 casos de tortura y ve necesario que estos se aborden "de forma específica por su gravedad e intensidad" y ha explicado que no pide "ni equidistancia ni equiparación, sino absoluto rigor científico" para dilucidar todos estos crímenes y denuncias". "Quiero que también se vean reflejadas a las víctimas que hemos sufrido por este tipo de graves vulneraciones", ha reclamado.

Desde el PSE, Rafaela Romero ha defendido la necesidad "inexcusable de llegar acuerdos plurales sobre bases éticas irrenunciables" como fue el 'suelo ético' acordado en 2012 y ha insistido en todavía hay lugares donde en que es necesario construir la convivencia porque hay "focos de odio" y actitudes que "merecen un rechazo contundente" y que se siga trabajando, principalmente en el ámbito educativo.

La parlamentaria del PP Juana Bengoechea ha criticado que el Gobierno vasco apueste por la empatía para impulsar la convivencia cuando se trata de una "emoción que puede ir a la oscuridad o a la luz" y ha preguntado a Fernández, qué se debe hacer con quien siente empatía hacia un asesino. Además, cree que el Ejecutivo "no está legitimado para incluir el factor religioso en la vida pública".