En total, la cuantía general que el Ejecutivo destinará en 2022 a las AES ascenderá a 45.000.000 euros
VITORIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco ha aumentado en 3,5 millones el presupuesto inicialmente previsto para las ayudas de emergencia social (AES) para que las familias y personas más vulnerables afronten la inestabilidad energética de este otoño en invierno. También ha ampliado el límite para la concesión de estas ayudas en concepto de gastos de energía, de 900 euros hasta 1.500. En total, la cuantía general que en 2022 se destinará a las AES asciende a 45.000.000 euros.
Según ha informado el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, el Ejecutivo ha concedido también a Cruz Roja una subvención que alcanza el millón de euros para luchar asimismo contra la pobreza energética.
Además, el Gobierno Vasco, que es el encargado de gestionar el Bono Social de electricidad financiado por el Gobierno de España, cuenta en el caso de Euskadi con un fondo para 2022 de 4.304.698 euros.
De esta forma, prosigue la nota, ante la perspectiva de un otoño-invierno "caracterizado por la inestabilidad energética, el Gobierno Vasco ha recordado que cuenta con varias líneas de ayudas orientadas a paliar el impacto que esta situación pudiera tener en las economías familiares de la comunidad autónoma.
En primer lugar, con el fin de hacer frente a la pobreza energética, el Ejecutivo ha concedido a Cruz Roja una subvención que alcanza el millón de euros.
En virtud de lo aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 26 de julio, este organismo social recibirá una subvención directa de 200.000 euros para incrementar la financiación del proyecto "Pobreza energética: atención urgente a necesidades básicas".
Incluida en el Fondo Isuri de rescate frente a las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania, esta partida se suma a los 800.000 euros de subvención nominativa que ya fueron previamente concedidos a Cruz Roja, por lo que la entidad de carácter social contará en 2022 con un millón de euros para paliar las necesidades más inmediatas de familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Esta subvención directa será gestionada por la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que tramitará los pagos, llevará un seguimiento continuado y puntual de las actividades a desarrollar y supervisará los objetivos para los que ha sido concedida la misma.
FONDO ISURI
Debido a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la invasión rusa de Ucrania, también se ha acordado un incremento de 3.500.000 euros en el presupuesto general de las AES previsto para 2022. Procedente del citado Fondo Isuri, esta dotación eleva la cantidad total destinada a las Ayudas de Emergencia Social hasta los 40.500.000 euros.
No obstante, cabe apuntar también que, en cada ejercicio, se habilita una partida de 4,5 millones que se distribuye únicamente entre los municipios que aportan recursos propios para afrontar los gastos de las AES cuando comprueban que no es suficiente con la cantidad que les concede el Gobierno Vasco.
Teniendo esto en cuenta, la cuantía general que en 2022 se destinará a las AES asciende a 45.000.000 euros.
En el mismo Consejo de Gobierno, y al objeto de poder hacer frente a los incrementos en los gastos de electricidad y gas de las familias vulnerables perceptoras de AES, también se amplió el límite para la concesión de estas ayudas en concepto de gastos de energía, pasando de los 900 euros anteriores a los 1500 euros actuales.
La gestión y distribución de las AES, que corresponde a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, seguirá atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 4 de la Orden de 23 de febrero de 2022.
BONO SOCIAL
Por último, el Gobierno Vasco es el encargado de gestionar el Bono Social de electricidad financiado por el Gobierno de España, que, en caso de la Comunidad Autónoma Vasca, cuenta para 2022 con un fondo de 4.304.698 euros.
Este Bono, creado y recogido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, está destinado a compensar los gastos que el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina ocasiona a los consumidores más vulnerables.