BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco ha denunciado el trato "discriminatorio e injusto" sufrido por las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, torturados y asesinados por los GAL, a los que el Tribunal Constitucional se ha negado a recompensar económicamente.
El Constitucional ha avalado, con esta decisión, la negativa del Ministerio del Interior de indemnizar a ambas familias porque en la sentencia que condenó a los autores de su secuestro, desaparición y asesinato, se afirma que eran miembros de ETA.
La vicepresidenta del TC, Adela Asúa, y el magistrado Fernando Valdés han realizado un voto particular a la resolución, en el que aseguran que con esta decisión "la judicatura legisla y genera incertidumbre".
Fuentes del Gobierno vasco consultadas por Europa Press han manifestado su "pesar" ante la resolución judicial. A su juicio, "una vez más" víctimas del terrorismo "siguen teniendo un trato discriminatorio e injusto por parte de instituciones del Estado".
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