Los gobiernos central y vasco ultiman un acuerdo para implantar este verano un sistema mejorado de acogida a refugiados

La experiencia se desarrollará a través de un 'plan piloto' que se aplicará a 50 solicitantes de asilo

VITORIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos central y vasco firmarán próximamente un acuerdo para la puesta en marcha de un programa piloto que permitirá ofrecer un sistema de acogida e integración "reforzado" a 50 refugiados que llegarán a Euskadi este verano.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo autonómico, Jonan Fernández, ha explicado que el acuerdo, que establecerá mecanismos de "coordinación" entre las instituciones vascas y el Gobierno central en materia de acogida, está "prácticamente" cerrado.

Desde 2015, el País Vasco ha acogido a 450 personas solicitantes de protección internacional, aunque únicamente 50 de ellas procedían del sistema de reubicaciones y reasentamientos diseñado por la Unión Europea.

El acuerdo entre los gobiernos central y vasco permitirá que este verano lleguen a Euskadi aproximadamente 50 refugiados procedentes de los sistemas de reubicación y reasentamiento diseñados por la Unión Europea, según ha informado este miércoles Fernández en una rueda de prensa en Vitoria.

ACOGIDA "REFORZADA"

Estas personas, que huyen de persecuciones y países en guerra, participarán en un programa piloto que contemplará medidas para garantizar un sistema de acogida e integración "reforzado". En el caso de que la experiencia resulte exitosa, se ampliará al resto de solicitantes de asilo.

Fernández ha realizado este anuncio durante la presentación de un documento marco del Gobierno autonómico en el que se recoge una estrategia sobre la respuesta a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en el Mediterráneo. Este plan se ha elaborado ante la "decepcionante" respuesta de la Unión Europea y de los estados miembros a la crisis humanitaria de las personas refugiadas, según ha indicado el secretario general de Derechos Humanos.

Desde sus "competencias y capacidades", el Gobierno Vasco recoge en este texto reflexiones, objetivos y actuaciones concretas sobre esta materia. El plan permanecerá abierto, hasta el mes de septiembre, a la presentación de aportaciones por las personas y agentes implicados.

En la presentación han participado, además del propio Fernández, la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia; el director de Política Familiar y Diversidad, Ernesto Sainz Lanchares; y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.

COORDINACIÓN

El documento prevé la creación de un mecanismo de coordinación entre los gobiernos central y vasco para "preparar mejor el proceso de recepción y acogida".

Además, el Ejecutivo espera consolidar un sistema de estimación actualizada de disponibilidad de acogida por municipios, compartido con el Gobierno español. Por otra parte, se plantea el objetivo de crear una Comisión de Acogida e Integración entre la ONG, los ayuntamientos y los voluntarios de cada municipio.

En cada localidad, se buscará la incorporación de voluntariado local para reforzar el acompañamiento en idiomas, socialización y preparación sociolaboral. El Ejecutivo subvencionará esta labor del voluntariado; y el Departamento de Educación colaborará en la enseñanza de idiomas a las personas refugiadas.

El Gobierno Vasco también ofrecerá una subvención anual a los ayuntamientos para apoyar el proyecto de refuerzo en los procesos de integración de personas refugiadas.

Además, tal y como ya ha anunciado el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, impulsará, en el marco de la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, el cambio necesario para que las personas solicitantes de protección internacional puedan acceder al sistema de protección vasco.

Por otra parte, los refugiados podrán participar, con las ONG, los ayuntamientos y los grupos de voluntarios, en la búsqueda de empleo. Lanbide también formará parte de este proceso. Asimismo, se prevé aprobar un plan de actuación para las personas refugiadas que continúen en una situación de vulnerabilidad al finalizar el proceso de acogida e integración.