Su objetivo es eliminar estas conductas en el ámbito de cámara foral
VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las Juntas Generales de Álava se han dotado de un protocolo propio para prevenir y combatir la violencia y el acoso en todas sus formas y modalidades, que incluye un procedimiento de actuación, medidas concretas y un proceso de evaluación y actualización.
En un comunicado, ha informado que el 'Protocolo para la prevención y actuación en casos de acoso en todas sus formas y modalidades' ha sido elaborado por el grupo de trabajo político-técnico que se reactivó hace un año y que ha revisado y desarrollado el 'I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2022-2025'.
Este grupo está integrado por representantes de grupos junteros y personal técnico que han trabajado una nueva estructura del plan de acciones y el plan de gestión, para "priorizar las propuestas a llevar a realizar durante este año 2024".
Entre ellas, se recogía la aprobación de un protocolo para la prevención y actuación en casos de acoso laboral, psicológico, sexual y por razón de sexo y ciberacoso, con la finalidad de "precisar un marco de actuación para eliminar estas conductas en el ámbito de las Juntas Generales de Álava", siendo de aplicación tanto al personal funcionario como al personal político de la Cámara.
En concreto, el ámbito de aplicación de esta herramienta interna alcanza al personal funcionario de las Juntas Generales de Álava, procuradores, personal eventual, asesor y personal de los grupos junteros, así como a miembros de partidos políticos que puedan asistir a las Juntas Generales de Álava para el ejercicio de sus funciones.
Además, se aplica también a personal de los medios de comunicación que cubren la información de la Cámara, a personal en prácticas y becarios que realizan y desarrollan las funciones en las Juntas Generales de Álava, así como al personal de empresas externas, colaboradoras o contratistas que realicen obras, suministros o servicios en la Cámara alavesa.
GARANTÍAS CONCRETAS
La institución alavesa ha especificado que, desde su inicio hasta la resolución, el procedimiento regulado en el protocolo "prevé garantías concretas de confidencialidad y protección", entre otras.
Las Juntas se dotarán de un Comité Asesor Interno para abordar las situaciones de acoso, que será el órgano competente para recibir el escrito de denuncia, decidir sobre su tramitación o archivo y, en su caso, llevar a cabo la investigación y elaboración de un informe con las conclusiones y la propuesta de medidas para adoptar.