SAN SEBASTIÁN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las Juntas Generales de Gipuzkoa, con los votos a favor de todos los grupos junteros, a excepción del PP que se ha abstenido, han aprobado una propuesta de resolución urgente en la que exigen el cierre "definitivo" de la central de Garoña y se oponen a la apertura de un almacén nuclear en sus instalaciones.
Además, instan tanto al Gobierno central como a Nuclenor a que inicien "de inmediato" los trámites necesarios para el desmantelamiento de la central, y exigen al Ejecutivo del PP que tome las medidas oportunas para "despolitizar" el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que cese de su cargo al presidente del mismo, Fernando Martí Scharfhausen.
El Parlamento foral pide también al Gobierno vasco que inste a los dos miembros que forman parte del Comité Asesor del CSN a defender el criterio de las Juntas de Gipuzkoa a favor del cierre definitivo de Garoña, y acuerda que se den los "pasos necesarios" para garantizar que la energía eléctrica suministrada a sus dependencias tienda a la sustitución de fuentes nucleares o fósiles por las de origen renovable.
En este sentido, se insta a los servicios de la Cámara a que preparen un informe técnico sobre "la viabilidad de esta propuesta y los plazos que se estimen convenientes para hacerlo posible". De la misma manera, se insta a la Diputación de Gipuzkoa a que realice un estudio similar para "proceder a esta transición".
"PELIGROSA E INNECESARIA"
En el Pleno de las Juntas Generales, la juntera del PNV Ainhoa Usandizaga ha señalado que la central nuclear de Garoña "debería haberse cerrado hace mucho tiempo por tratarse de una instalación vieja, peligrosa e innecesaria, y porque además así lo reclama la sociedad vasca en su conjunto". A su juicio, prolongar 16 años más la vida útil de esta planta "supondría un riesgo inasumible desde el punto de vista de la seguridad de quienes viven en su entorno".
La procuradora jeltzale ha recordado los accidentes nucleares de Fukushima y Chernobil y sus "dramáticas" consecuencias sobre la salud de los ciudadanos, habitabilidad y el ecosistema. "Accidentes así pueden volver a repetirse y su coste es demasiado elevado. Estamos a tiempo, si el Gobierno español así lo entiende, de impedir que Garoña vuelva a la actividad", ha insistido.
Por su parte, la juntera del PSE-EE María Jesús Egido ha acusado al PP de estar "utilizando el cierre de Garoña como un elemento de negociación política e intercambio de cromos a cambio de obtener respaldo a los Presupuestos del Estado de 2018". "Lo usan como una moneda de cambio con el único interés de dejar atada esta Legislatura y no verse forzados a adelantar las elecciones generales", ha denunciado.
Para Egido, sería "extremadamente grave" que el Gobierno de Rajoy "adoptara cualquier decisión administrativa y política contraria a la del cierre definitivo de Garoña, amparándose en informes técnicos".
Finalmente, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha defendido "los derechos de la legislación vigente, ya que estamos en un trámite administrativo preceptivo al que Nuclenor tiene derecho, del mismo modo que lo tuvo, en la época del Gobierno de Zapatero, cuando pidió la ampliación de la vida de la central a 42 años, y PNV y PSE lo aceptaron".
En su opinión, no seguir el procedimiento "provocaría la judicialización del tema y unos costes brutales". "Ahora la decisión última está en manos del Gobierno de España, salvo que el CSN se posicione en contra", al tiempo que ha considerado "un error mezclar el cierre de Garoña con el debate sobre el uso de la energía nuclear".