Mendia pide a la AVC la retirada de Guía de la Competencia sobre el mercado laboral y expresa su discrepancia y malestar

Le reprocha que se ha "extralimitado" y la ha ha realizado sin la participación de los agentes sociales

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha expresado su "malestar y discrepancia" con la 'Guía práctica sobre la incidencia de la competencia en el mercado laboral' publicada el pasado mes de mayo por la Administración Vasca de la Competencia, y ha pedido su retirada e inaplicación.

En un comunicado, el Departamento de Trabajo y Empleo recuerda que esta guía parte de cuestionar la negociación colectiva, protegida por una Ley orgánica como es el Estatuto de los Trabajadores, y considera que no ha tenido en cuenta en su elaboración ni a los agentes sociales ni a la propia Autoridad Laboral, que es la que garantiza el cumplimiento de la normativa laboral.

También subraya que el documento se justifica en "la problemática que, a la luz del Derecho de la competencia, puede derivarse de una serie de actuaciones que típicamente se dan entre los distintos actores sociales al amparo de la normativa laboral".

En este sentido, la guía pone de manifiesto e identifica "conductas potencialmente limitativas de una competencia efectiva en el mercado laboral", y da una serie de pautas o recomendaciones con el fin de que los operadores económicos eviten o, en su caso, rectifiquen las prácticas "que, en el mercado laboral, reducen la competencia a fin de
garantizar una mayor competencia entre las empresas".

La Vicelehendakari ha expresado "el malestar, la discrepancia y la preocupación" por este tipo de afirmaciones en una guía que "se remite a meras cuestiones sobre competencia, obviando el resto de la legislación, entre ellas y de forma especialmente significativa la laboral, pero también la relativa a las contrataciones públicas, que afecta y obliga a las empresas que quieren contratar con la Administración Pública".

GARANTIZAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En una carta remitida para conocimiento de la Autoridad Vasca de la Competencia, Mendia recuerda que los convenios colectivos son "una fuente de legislación laboral y de derechos protegidos por el artículo 35 de la Constitución Española que se desarrollan en el 82 del Estatuto de los Trabajadores".

"El control de la legalidad de dichos convenios lo realiza la Autoridad Laboral, en el caso de Euskadi la Dirección de Trabajo y sus Delegaciones Territoriales. Y es en el marco del estudio de legalidad
donde se establece la adecuación o no a la legislación vigente de un convenio colectivo incluyendo los contenidos que la guía cuestionada analiza: jornada, horarios, prohibición o no de contratación con ETT y otras", apunta.

En caso de que, tras ese primer control, alguna entidad considerara que un convenio colectivo "contradice una norma de carácter
obligacional, la vicelehendakari explica que se podría acudir a la vía jurisdiccional a fin de determinar su legalidad o no".

Idoia Mendia señala, además, que la guía se ha realizado sin la participación de los agentes sociales, representantes de los trabajadores y de los empresarios, "únicos legitimados
para la negociación y acuerdo de los convenios colectivos y que constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva".

En esta línea, advierte de la "posición ideológica concreta" que se deriva del documento, en la que "se obvia que el objetivo de la mejora de las condiciones laborales es un objetivo de país, y un objetivo del Plan de Gobierno que apuesta por el empleo de calidad", lo que se consigue a través de la negociación colectiva.

Por todo ello, subraya que, en el ámbito de las competencias que
tiene atribuidas, considera necesario dejar constancia, ante esta Autoridad Vasca de la Competencia, que la guía publicada "se extralimita en las funciones que tiene encomendada la Agencia dando una visión parcial de la legislación, es decir, sin tener en cuenta la legislación laboral que construye nuestras relaciones laborales, ni la protección de otros bienes jurídicos como puede ser la seguridad y salud en el trabajo, o la mejora de las condiciones de vida".

A su juicio, esta visión "induciría a que las propias Administraciones Públicas incumplieran su propia normativa, como la obligación de velar por los derechos de las personas trabajadoras, ejecutar la legislación laboral, tal como prevé el Estatuto
de Autonomía, y anular el valor de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social, tal como tiene comprometido hacer este Gobierno en su Programa de legislatura".

En consecuencia, Idoia Mendia quiere dejar constancia de su "discrepancia radical", solicita su inmediata retirada, y reclama que no sea tenida en cuenta por la Administración vasca, por cuanto se entiende que los criterios que recoge son contrarios al espíritu y la letra del Programa de Gobierno, así como a la legislación laboral vigente y porque sobrepone un supuesto interés empresarial por encima de los avances en protección de derechos laborales de las personas".