Mendia pide "una rápida tramitación" en el Parlamento para "cuanto antes atender con mayor eficacia a las personas vulnerables"
VITORIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión que incorpora "sistemas de tramitación más ágiles", integra el Ingreso Mínimo Vital, atiende a "las nuevas realidades de convivencia" y contempla "mejoras" a hogares con menores de hasta un 40% y con pensionistas de hasta un 17%, según ha explicado la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, que ha apelado a realizar "una rápida tramitación" del texto en el Parlamento.
La consejera ha presentado el proyecto en una rueda de prensa posterior en la que ha explicado que la nueva ley persigue "reforzar" la "experiencia de éxito" que ha supuesto el sistema de protección de Euskadi, que a lo largo de las últimas décimas "se ha demostrado eficaz para mitigar las bolsas de exclusión social" y ha tenido "un impacto positivo" en el conjunto de la sociedad.
Para ello, se plantean "sistemas de tramitación más ágiles y garantistas, pero sobre todo con un objetivo: atender las nuevas realidades de convivencia y proteger mejor allí donde hay menores o donde hay pensionistas".
Según ha indicado, el proyecto está "guiado" por los criterios marcados por Europa y desde la convicción de que "no hay progreso económico sin progreso social y viceversa", de manera que la Ley se encuadra en el compromiso del Departamento que dirige por "apostar por una reconstrucción transformadora de Euskadi en todos sus parámetros, necesariamente también en la protección social".
La consejera ha señalado que lo que se propone ahora al Parlamento es "tejer de forma ágil ese espacio de consenso amplio que permita cuanto antes atender con mayor eficacia a las personas vulnerables, y especialmente a menores y pensionistas".
Mendia ha incidido en que, desde que se presentó hace un año el primer borrador de la Ley, se ha tenido "en todo momento las puertas y los oídos abiertos" a las sugerencias planteadas y, así, se han incorporado casi dos centenares de alegaciones.
También, ha señalado, en la elaboración del texto ha tenido incidencia la reciente transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi, contemplada "desde el primer borrador" porque el Departamento "no contempló otra opción distinta a esa transferencia".
Según ha indicado, el texto original se ha mejorado "sosteniendo la idea original" para integrar el Ingreso Mínimo Vital en el modelo vasco de garantía de ingresos, ampliar la cobertura del sistema y mejorar la suficiencia de las cuantías garantizadas, especialmente donde hay menores, y simplificar y agilizar la gestión de las prestaciones económicas, con una mayor seguridad jurídica y mejorando las herramientas de identificación y control.
También se ha buscado ser "más eficaces" en la inclusión social y laboral, fundamentalmente mediante el trabajo coordinado de los Servicios Sociales y de Empleo, así como mejorar la gobernanza del Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, con mayor coordinación entre administraciones, y facilitar la participación del Tercer Sector de acción social.
Entre las novedades, se incorpora que en el acceso se atiende prioritariamente el interés superior de los menores, se rebaja el requisito de empadronamiento en estos casos, se eliminan los topes de complementos por hijo o se impide que se retire la totalidad de la prestación cuando haya incumplimiento.
Para las mujeres, se elimina un requisito que "les penalizaba especialmente" como es "el de hacer valer derechos económicos de carácter privado, por pagos de pensiones en separaciones". También se facilita el acceso a víctimas de violencia de género y doméstica, víctimas de trata y explotación sexual. Se mantiene, asimismo, la prestación "en caso de que la conciliación, que ahora les afecta sobre todo a ellas, les impida atender una oferta de empleo o formación".
En el colectivo de jóvenes, se facilita el acceso a partir de los 18 años a todas las posibles situaciones de vulnerabilidad, ya sea por orfandad, matrimonio o hijos.
El proyecto, por otro lado, rebaja a las personas con discapacidad la exigencia de empadronamiento a dos años si tienen reconocido un 33%, mientras que para personas reconocidas como refugiadas, o que formen parte de acuerdos de reubicación de la UE, bastará acreditar empadronamiento sin antigüedad.
En lo que respecta a las víctimas del terrorismo, se incrementa la prestación para pensionistas, familias monoparentales y con menores a cargo.
Según ha explicado Mendia, se incorporan "otras muchas novedades" para facilitar todos los procedimientos, "ser más garantistas en todos los pasos" y ser "rigurosos" en la gestión de los recursos públicos. "Esto permitirá que quien esté en situación vulnerable pueda acceder antes a la prestación, y que todos los pasos que tenga que cumplimentar los den perfectamente, sin errores, hasta completarlos", ha subrayado.
CUANTÍAS
En lo referente a las cuantías, la Ley prevé que el Parlamento determine la base cada año a través de los presupuestos, si bien "de inicio será la misma que existe para el Ingreso Mínimo Vital", una decisión con la que se pretende "dar coherencia a la integración de esta prestación, sobre todo para quienes tienen derecho a percibirla y, a partir de ese suelo, complementarla con la RGI, unas 17.000 personas en la actualidad", ha apuntado la consejera.
A partir de esa "prestación suelo" se establecen complementos del 50% para el titular y otro adulto, y del 30% de la cuantía base por cada persona beneficiaria adicional, independientemente de su edad.
A diferencia de la ley vigente y de la proposición de la pasada legislatura, se elimina el número máximo de personas beneficiarias y "todas suman en la misma proporción", con lo que "se protege con mayor eficacia a los hogares donde hay menores". Esto supone que, en casos como una familia con hijos, se mejore entre un 9 y un 40%.
Además, hay complementos añadidos con un incremento del 40% sobre la cuantía base en caso de personas pensionistas, lo que les supone una mejora entre un 12 y un 17%, y un aumento del 25% a la cuantía base en el caso de las unidades monoparentales, personas con discapacidad superior al 33% y víctimas de la violencia de género.
Estos incrementos se pueden acumular, salvo en el caso de que sea pensionista con discapacidad, porque se asimilan todas las situaciones de pensiones.
"RÁPIDA TRAMITACIÓN"
Mendia ha concluido apelando a "una rápida tramitación" en el Parlamento. "No estamos pidiendo adhesiones ni hurtar ningún debate. Pero aquí están muchas aportaciones realizadas ya durante varios meses en la pasada legislatura. Mi Departamento está volcado en tener Lanbide preparado para afrontar este nuevo reto. Y es el momento en que desde todos los ámbitos ofrezcamos a la ciudadanía señales de que estamos dispuestos a profundizar en nuestro modelo de cohesión social", ha señalado.
El Gobierno Vasco ha remitido el texto esta mañana para que la Mesa lo califique y Media ha solicitado la comparecencia en la Cámara.