PNV introduce en el nuevo Estatuto vasco "el derecho a decidir" y que se ejerza mediante un pacto con el Estado

PSE lo rechaza en un voto particular y advierte de que "pone en riesgo el conjunto del consenso alcanzado"

BILBAO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha introducido en la disposición adicional segunda del borrrador del texto de nuevo Estatuto en el que trabaja el grupo de expertos, para presentarlo el próximo lunes en el Parlamento Vasco, el "derecho a decidir de la ciudadanía" de Euskadi "libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado".

Por su parte, Elkarrekin Podemos refleja, también en esa misma disposición, su reflexión al respecto, muy parecida a la de los jeltzales, aunque sin nombrar expresamente el derecho a decidir, con el objetivo de favorecer su encaje en el actual ordenamiento jurídico.

De esta forma, habla del "derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado". Por su parte, el PSE-EE rechaza ambas formulaciones del derecho a decidir y presenta un voto particular, en el que advierte de esto "pone en riesgo el conjunto del consenso alcanzado".

Aunque se conocían ya las posturas de los tres expertos propuestos por PNV, Elkarrekin Podemos y los socialistas, no se conocía la literalidad de estos escritos en lo que se refiere al derecho a decidir, que ha publicado este viernes Naiz en su página web.

El experto propuesto del PNV y diputado en el Congreso, Mikel Legarda (PNV), refleja en el texto de reforma estatutaria que "la plena realización de los Derechos Históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado".

Así consta en la disposición segunda del documento, que refleja también la visión de Arantxa Elizondo, designada por Elkarrekin Podemos: "La plena realización de los Derechos Históricos, como manifestación institucional del autogobierno de Euskadi, se materializará a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado".

Por su parte, el voto particular discrepante de Alberto López Basaguren (elegido por el PSE-EE) apunta que acepta "el mantenimiento de la Disposición Adicional única del actual Estatuto -que aquí aparece como primera- en la medida en que forma parte del consenso estatutario de 1979".

"No soy yo quien va a proponer la puesta en cuestión de las cuestiones fundamentales de aquel consenso, aunque no me gusten. Pero, si se plantea alterar ese consenso, introduciendo esta segunda Adicional, entonces yo propongo eliminar la actual y me opongo a la inclusión de esta. Hay que tener en cuenta que esta introducción puede poner en riesgo el conjunto del consenso alcanzado", advierte.

A este borrador de texto articulado, que se registrará en la Cámara parlamentaria el lunes -aunque no esta cerrado del todo, porque habrá una nueva reunión de los expertos el mismo 2 de diciembre-, no se sumarán ni EH Bildu ni el PP.

La coalición soberanista planteará su propia propuesta que ya registró en verano en la ponencia de autogobierno, al considerar que en el documento que trabajan PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE no se respeta el pacto sobre las bases de nuevo estatus que suscribieron EH Bildu y PNV.

En él, se señalaba que "la actualización del autogobierno vasco debe atender al principio de legalidad", pero, no obstante, "el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático, un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca".

"Se trata, por tanto -apuntaba el escrito- de reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y la vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados".

DOCUMENTO DE EH BILDU

El documento que defenderá el jurista propuesto por EH Bildu, Iñigo Urrutia, plantea que "los poderes públicos de la Comunidad Estatal Vasca (el nombre del Sujeto quedó abierto a debate en las bases) facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social".

"En orden a salvaguardar y hacer efectivo el derecho a decidir de la ciudadanía, las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndum, en lo que corresponde, tanto a asuntos políticos y sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con otros territorios de Euskal Herria, con el Estado Español y otros espacios políticos europeos e internacionales", asevera.

COMISIÓN DE COOPERACIÓN

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, además, en el texto que PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE pretenden presentar el lunes persisten todavía las discrepancias entre jeltzales y socialistas también en lo que se refiere a cómo se dirimirían las diferencias que puedan tener Euskadi y el Estado en cuanto a competencias u otras cuestiones.

Aunque comparten que se establezca una 'comisión de cooperación mixta' para resolver estas cuestiones, el PNV pretende que la última palabra no la tenga el Tribunal Constitucional (la formación nacionalista siempre ha defendido que era un 'árbitro' comprado), algo que el PSE-EE no está dispuesto a aceptar.

Alberto López Basaguren, al igual que han advertido los socialistas en otras ocasiones, considera que habría que haber procedido a una reforma constitucional antes de realizar estos planteamientos para una reforma estatutaria. De la misma opinión es Elkarrekin Podemos, que tampoco cree que sea posible soslayar al TC, aunque, si hay voluntad política, los asuntos sobre los que haya discrepancias no tendrían por qué terminar en el alto Tribunal.

El PNV defiende, por su parte, que haya un 'Concierto Político', a semejanza del Concierto Económico Vasco, que garantice la bilateralidad con el Estado. A su juicio, sus pretensiones tendrían encaje, si hay voluntad, en la actual Constitución.