PP pide responsabilidades políticas por la presunta explotación sexual de menores tutelados

Acusa a la diputada de Servicios Sociales de "ocultar información" y critica los "numerosos errores" del Gobierno foral

VITORIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado la comparecencia del diputado general de Álava, Ramiro González, ante las Juntas Generales, para esclarecer las "responsabilidades políticas" y ofrecer explicaciones sobre los "numerosos errores" y la "ocultación de información" que se han producido en la presunta trama de explotación sexual de menores de edad tutelados por la Diputación foral.

El presidente del PP de Álava, Javier de Andrés, ha criticado este martes, en una rueda de prensa en Vitoria, la forma en la que el Gobierno foral de Álava ha gestionado este caso, por el que ya han sido detenidas seis personas por su presunta implicación en la explotación de menores en situación de desprotección tutelados por la Diputación.

De Andrés, que se ha mostrado "impactado" por la "gravedad" de lo ocurrido, ha reclamado que, al margen de la investigación judicial abierta en relación a este asunto, se esclarezcan las "responsabilidades políticas" que puedan existir.

El presidente del Partido Popular en Álava ha defendido la necesidad de "corregir" los "numerosos errores" que, por parte del Ejecutivo foral, han existido en relación a este caso. Todo ello, ha asegurado, con el objetivo de "recuperar la credibilidad" de los servicios sociales forales", que a su juicio ha quedado "muy dañada" por lo ocurrido.

CAMBIOS

El dirigente del PP ha defendido la necesidad de "revisar los controles" de los profesionales que atienden a los menores del centro Sansoheta --en el que la Diputación acoge a menores de edad en situación de desprotección--, varios de los cuales podrían haber sido víctimas de explotación sexual. De Andrés también considera necesario analizar posibles cambios en el "modelo" de atención a estas personas.

De Andrés ha denunciado que, tanto el diputado general, como la diputada de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, tenían que haber asumido la "responsabilidad" de "reconducir" lo que estaba ocurriendo para evitar que se llegara a "estos extremos".

En el caso de Artolazabal, la ha acusado incluso de "ocultar información relevante", por no haber dado a conocer el pasado sábado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que en abril, varios meses antes de que lo hiciera la propia Diputación, ya se había presentado una primera denuncia por parte de la madre de uno de las víctimas de esta presunta trama.

"DESCONFIANZA"

El presidente del PP de Álava ha asegurado que aquella primera denuncia tenía una "enorme credibilidad", por lo que ha subrayado que entre abril y octubre, cuando la Diputación presentó su propia denuncia, existe "un agujero negro de información e inactividad" por parte del Ejecutivo foral. Por ese motivo, De Andrés ha asegurado "desconfiar" del "papel" desempeñado por la diputada foral, a la que este asunto, según ha dicho, "se le ha ido de las manos".

El PP solicitará que el diputado general, la diputada de Servicios Sociales y un representante de Urgatzi, la empresa adjudicataria del servicio del centro Sansoheta, comparezcan ante las Juntas Generales para ofrecer explicaciones de lo ocurrido. La comparecencia, que en todo caso sería a puerta cerrada, debe servir, a juicio del PP, para informar sobre los "numerosos errores" que se han producido en la gestión de este asunto.