El PP quiere que la subvención para la rehabilitación de edificios sea una 'herramienta de empleo' en Barakaldo

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Barakaldo quiere que la Ordenanza municipal que regula la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento para la rehabilitación de inmuebles que se tramita ahora, sea una "herramienta de empleo". La portavoz popular, Amaya Fernández, ha apostado por una ordenanza "ambiciosa capaz de dinamizar un sector como el de la construcción del que depende para encontrar un puesto de trabajo un gran número, más de un millar, de los 7.800 parados del municipio".

Con este objetivo, el PP ha elaborado 23 enmiendas a la propuesta reguladora del equipo de Gobierno. Fernández ha criticado que el PNV se haya retrasado "de manera injustificada" con la aprobación de la Ordenanza, porque "esta demora ha generado una nueva deuda con 63 comunidades de propietarios de 616.332 euros, que tendrá que ser asumida por el Ayuntamiento, y otras 35 comunidades cuyos expedientes están en gestión".

Otra crítica de los populares es que la Ordenanza, tal y como la plantea el PNV, "no ayuda a que el sector de la construcción remonte". "Los recortes y la exclusión de colectivos que pueden percibir estas ayudas económicas no impulsan precisamente el empleo en este sector tan importante", ha advertido Fernández.

Por ello, las enmiendas presentadas por el PP tienen como prioridad mantener las ayudas económicas a las comunidades de propietarios en el caso de las obras para la instalación de ascensores en edificios residenciales que carecen de ello, incluir las obras de mejora realizadas en locales comerciales en planta baja que mejoren el aspecto exterior, y "permitir que los barakaldeses que perciben rentas medias puedan recibir ayuda económica, aunque de menor cuantía".

INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Los populares se han mostrado también críticos con la decisión del gobierno nacionalista de "eliminar la ayuda de 10.000 euros a fondo perdido a las comunidades por el concepto de instalación de ascensores".

"Hay que recordar que las obras de instalación de ascensor son muy costosas, pero muy necesarias desde el punto de vista de mejora de la accesibilidad, pensando en las personas que tienen problemas de movilidad. En muchos casos la cuantiosa derrama que deben pagar los vecinos es un obstáculo para su instalación. Por ello, consideramos necesario mantener este tipo de apoyo económico", ha dicho.

En "sintonía" con lo contenido en las ordenanzas de otros municipios, los populares han propuesto incluir "una novedosa línea de actuación de la que se beneficiarían los autónomos y PYMES". Se trata, ha explicado Fernández, de subvencionar las obras de mejora, adecuación y modernización del aspecto exterior de los locales en planta baja, "siempre que su uso redunde en la mejora del aspecto exterior del inmueble, tales como escaparates, rótulos, iluminación exterior, accesibilidad o reforma de fachada".

Los populares comparten la necesidad de conceder las ayudas individuales por tramos en función de los ingresos, pero defienden que la propuesta nacionalista "es escasa para las personas con rentas más bajas, esto es, aquellas con rentas inferiores a 1,5 veces el SMI e inexistente para las personas con rentas anuales entre 23.000 y 32.000 euros anuales".

Para las primeras, la propuesta popular propone incrementar en un 10%, pasando del 30% al 40% las ayudas, y para las segundas conceder una ayuda de un 10%.

OTRAS PROPUESTAS

El PP quiere también que se consideren actuaciones subvencionables aquellas que se realicen en viviendas y que, "con motivo de la ausencia de las condiciones de habitabilidad en sus instalaciones básicas, precisen de una intervención especial para evitar que se dañen elementos comunes o a las viviendas colindantes".

Los populares también proponen aprovechar esta ordenanza para "incentivar la convivencia en las comunidades de propietarios, y penalizar a aquellos que la perjudiquen con conductas incívicas". Así, plantean que el Ayuntamiento no conceda ayudas individuales a aquellas propiedades cuyos miembros de la unidad convivencial mantengan "conductas incívicas".