BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupos municipal del PSE-EE de Barakaldo (Bizkaia) ha acusado a la alcaldesa, la jeltzale Amaia del Campo, de hacer "adjudicado a dedo" la gestión de las redes sociales, por 5.445 euros durante tres meses, y "cometiendo hasta seis irregularidades diferentes", según recoge un informe de reparos de la Intervención Municipal que se trató en el Pleno de este pasado jueves.
Según ha indicado la edil socialista Olga Santamaría, el informe "censura a Amaia del Campo el fraccionamiento del contrato por meses, que no se justifica la necesidad de subcontratar la gestión de las redes sociales, el incumplimiento del bilingüismo por no ofertar contenidos en euskera, la participación de personal asesor designado por el PNV en tareas que deben realizar funcionarios, la falta de cumplimiento de los pliegos, y errores en las características de la prestación".
"Este es otro ejemplo de la falta de transparencia y la nefasta gestión de la alcaldesa y su equipo de concejales (PNV). Actúan sin ningún tipo de complejos", ha denunciado Santamaría, para advertir de que "se van a gastar otros 13.000 euros en software para las redes sociales".
Santamaría ha dicho que "resulta paradójico que en los últimos tiempos el PNV acuse a los socialistas, el partido que ha liderado la transformación de Barakaldo, de intentar paralizar y bloquear la ciudad, cuando ha sido el PSE-EE quien ha aprobado los dos últimos Presupuestos Municipales".
"Lo que ellos quieren es la sumisión del resto de grupos políticos y como no lo están logrando se inventan lo del bloqueo", ha lamentado Santamaría, quien ha recordado la "deriva autoritaria" de Amaia del Campo. "Sin ir más lejos, la alcaldesa ha cogido por costumbre aprobar por Decreto aquello que el pleno rechaza, en una muestra de su falta de talante democrático", ha denunciado.
La edil socialista ha señalado que la alcaldesa y su equipo "están batiendo récords en materia de irregularidades", ya que "solo en octubre sumaron 8,2 millones de euros divididos en 23 informes de reparos diferentes, que recogen como habituales prácticas como las contrataciones verbales o el fraccionamiento de contratos para poder ser adjudicados 'a dedo' a empresas de su elección". En lo que va de año, ha advertido, "las irregularidades suman ya los 97,16 millones de euros".