'Por una vida digna' denuncia en el Parlamento que la propuesta de reforma de la RGI "rebaja derechos"

Destaca, en respuesta al PP, que el fraude en estas ayudas es "una gota en el océano" frente a lo que supone la evasión fiscal

VITORIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Por una vida digna-Bizitza duinaren alde' ha denunciado en el Parlamento Vasco que la propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) presentada por el Gobierno autonómico "rebaja los derechos" de los perceptores. Además, y en respuesta al PP, ha destacado que el fraude en estas ayudas -situado en el 0,3%- es "una gota en el océano", frente a un fraude fiscal "muy superior en cuantía y porcentaje".

Los miembros de este colectivo Juan Antonio Armentia y Elena Arce han comparecido este martes ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales del Parlamento Vasco, con el objetivo de explicar su postura ante la propuesta de reforma de la RGI que plantea el Ejecutivo.

El proyecto de reforma de esta prestación social fue presentado el pasado mes de mayo por el Gobierno autonómico, aunque la modificación de la normativa está pendiente de debate y tramitación en el Parlamento.

La propuesta limita la percepción de la RGI a una prestación por domicilio, con independencia de la vinculación familiar entre sus residentes. Además, modifica el sistema para la determinación de las cuantías de la ayuda, que no podrá superar los 1.200 euros mensuales por familia. La reforma también incrementa los requisitos de documentación exigidos a los perceptores.

Armentia ha explicado que la plataforma a la que pertenece coincide con el Gobierno Vasco en que la RGI debe servir como una cobertura "transitoria" para las personas que carecen un trabajo, hasta que finalmente puedan acceder a un empleo.

También se ha referido a la segunda función de esta ayuda, que consiste en evitar que las personas que, por edad o situación personal, no pueden conseguir un empleo, "caigan en la pobreza".

RECORTES

El representante de 'Bizitza duinaren alde' ha lamentado que esta prestación "no llega a evitar el riesgo de pobreza en todas las personas", como así lo evidencian, según ha dicho, las estadísticas sobre personas en situación de exclusión en la comunidad autónoma.

Armentia ha recordado que en 2012, el Gobierno Vasco redujo la cuantía de la RGI en un 7 por ciento; y que, pese a que aquella medida se presentó como algo "excepcional", aún no ha sido revertida.

También ha recordado que, a diferencia de lo que marca la normativa que regula estas ayudas, la cuantía de la prestación de este año no se ha calculado en función del Salario Mínimo Interprofesional. Esta decisión ha supuesto que en lugar de que la RGI de este año se incrementara en un 8 por ciento -como ha ocurrido con el SMI-, la subida se haya limitado a un 1,5 por ciento.

Al margen de esta cuestión, ha alertado de que el nuevo sistema de cálculo recogido en la propuesta del Gobierno reduce "en la mayoría de los casos" la cuantía de la ayuda. Según ha explicado, en el caso de una persona sola, ésta pasaría a cobrar este año 625 euros mensuales, cifra que con la normativa todavía vigente sería de 675 euros.

Armentia ha indicado que el único caso en el que aumenta la prestación es en el de las parejas con dos hijos, que con el nuevo sistema de cálculo cobrarían 40 euros más. Desde 'Bizitza duinaren alde' se reclama que la modificación de la normativa de la RGI no suponga "en ningún caso" reducir la cuantía de la prestación.

"PERJUICIO"

Por otra parte, ha criticado que la limitación de la prestación a una unidad convivencial supondrá un importante "perjuicio" para muchas familias. Además, ha advertido del riesgo que implica eliminar la referencia a indicadores externos -como el SMI- para establecer el cálculo de la RGI, lo que, según ha dicho, dejaría sin "seguridad jurídica alguna" a los perceptores. Este colectivo propone vincular el cálculo anual de la cuantía de la RGI al IPC de la comunidad autónoma.

Desde 'Por una vida digna-Bizitza duinaren alde' se ha asegurado que, por todo ello, la reforma en su conjunto supondría "una rebaja de derechos".

Por su parte, y en respuesta a una pregunta del PP, Susana Arce ha recordado que el fraude en la percepción de estas ayudas -situado en el 0,3 por ciento según los datos de 2016- "es una gota en el océano".

"Ustedes tendrán suficientes datos, pero el fraude fiscal y otros fraudes que se dan en la Administración son superiores, en cuantía y porcentaje, que el que se puede dar en este colectivo", ha asegurado al Partido Popular.