La Abogacía General de la Junta de Extremadura incrementa su actividad judicial en 2021 y atiende más de mil expedientes

   MÉRIDA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Abogacía General de la Junta de Extremadura ha incrementado su actividad judicial en 2021, tras la paralización del año 2020, y ha atendido más de mil expedientes.

   Un incremento que viene motivado por una parte, debido al aumento de la litigiosidad, fruto de la mayor intensidad de la actividad administrativa en todos los ámbitos, pero especialmente en el área contenciosa y social durante la pandemia, y, por otro lado, a la reactivación de todos los procesos que habían estado en suspenso durante buena parte de 2020.

   Así lo ha detallado el letrado general de la Junta de Extremadura, José Manuel Jover, quien ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Presidencia y Administración Pública, a los efectos de informar sobre la memoria anual de la Abogacía General en 2021.

   El documento, que consta además de una memoria anual de actividades de la Comisión Jurídica, ha sido presentado por primera vez desde la puesta en marcha de la Ley 2/2021 de 21 de mayo de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a partir de ahora, según ha matizado el letrado general, su publicación será regular y anual.

   La citada memoria, como ejercicio de "transparencia y buena regulación", nace con la finalidad de servir de herramienta de control de gestión y evaluación de las políticas públicas.

   En este sentido, ha matizado que la función letrada, de defensa y asistencia procesal de la Administración, se establece en la relación con el poder judicial del Estado y la resolución de conflictos que a esta dinámica se sustancia.

   "El rigor jurídico y el amparo que tiene la Administración de actuar conforme a la ley, requiere que las administraciones cuenten con cuerpos que presten un asesoramiento continuo para determinar, tanto de forma preventiva como, llegado el caso, su defensa jurídica. Y así se refleja en la Memoria anual de 2021, donde se recoge una valoración objetiva de la actividad de la Abogacía General en el segundo año de la pandemia", ha destacado la Junta en nota de prensa.

   En líneas generales, uno de los retos asumidos durante el citado ejercicio que recoge el documento, ha sido el de salvaguardar el proceso de celeridad para la satisfacción del interés general. De modo que los tramites perceptivos se cumplieran "en tiempo y forma de manera que fuera coadyuvante a las necesidades de los extremeños".

   Por otro lado, se han dado dos hechos que han llevado a la Abogacía General a una "situación extraordinaria" como fueron, ha detallado, la aprobación de la Ley de Comparecencia en Juicio y la aprobación del desarrollo del Reglamentario de Organización y Funcionamiento a los seis meses de la entrada en vigor de la citada Ley.

   Respecto a la labor consultiva, Jover ha precisado, que se han atendido más de mil expedientes -mociones- de asuntos que han sido elevadas al Consejo de Gobierno. Un 15,3 por ciento más que el ejercicio anterior. Además de registrarse 2.902 asuntos sentenciados en los juzgados de los cuales más del 67 por ciento han sido resueltos a favor de la Junta de Extremadura.

   De este total, ha destacado a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales como el órgano que más asistencia ha requerido -650 mociones, más de la mitad del total- debido, sobre todo, al elevado número de medidas sanitarias urgentes que ha sido preciso adoptar por el Consejo de Gobierno y a la ingente contratación administrativa que la pandemia ha precisado.

   En este sentido, ha aclarado que los informes detallados son preceptivos (obligación legal de solicitarlos por el órgano gestor) pero no vinculantes (no es obligatorio seguirlos, cabe apartarse motivadamente del criterio jurídico expresado por la Abogacía General). Dicho lo cual no se tiene constancia que ningún órgano gestor se haya apartado del criterio jurídico expresado, y singularmente el Consejo de Gobierno, lo que supone una presunción cualificada del respeto a la ley por parte de la Administración extremeña.

   También a consecuencia de la Covid-19, han sido objeto de análisis e informe por la Abogacía 8 proyectos de decretos-leyes que se han informado con la máxima celeridad posible, a veces en un plazo inferior a 24 horas desde la recepción del borrador de la disposición o el acuerdo y de la documentación inicialmente elaborada por el gestor.

   Además, en marco de esta función consultiva, Jover ha destacado la participación de la Abogacía General en las Comisiones Bilaterales de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, que se han convocado con la finalidad de llevar a cabo negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por alguna de las partes respecto a disposiciones con rango de ley aprobadas por la otra.

   Esta actuación, ha matizado, ha evitado interposiciones de recursos de inconstitucionalidad respecto del Decreto Ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Decreto Ley por el que se adoptan medidas de extraordinaria y urgente necesidad orientadas a establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera sometidos a obligaciones de servicio público.

   Precisamente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha ha sido también un elemento clave en la actuación de la Abogacía General en 2021. Así se han informado 22 decretos de bases reguladoras de subvenciones financiadas con fondos Next Generation EU o vinculados con otros programas europeos, que han supuesto la inversión de más de 220 millones de euros.

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

   En cuanto a los medios humanos y materiales, Jover ha destacado que la Abogacía General tiene 29 puestos de trabajo de letrado adscritos a la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración pública, a los que hay que sumar el puesto de trabajo de Cargo Público de Letrado General, y los tres de Jefe de área, de lo consultivo, de lo contencioso, y de asistencia letrada, respectivamente.

   Todos ellos inmersos en un proceso de renovación tecnológica obligada por la Covid-19 a través del análisis y desarrollo de una nueva aplicación informática integral con el fin de agilizar la tramitación electrónica de expedientes, posibilitando la interconexión con la bases de datos, registros y aplicaciones del Ministerio de Justicia y los distintos órganos judiciales.

OTROS ASPECTOS

   En cuanto a las cantidades recaudadas por la Junta de Extremadura en concepto de costas procesales en los distintos procedimientos judiciales han arrojado un saldo positivo a favor de la Junta de Extremadura de unos 67.000 euros recaudados.

   En materia de responsabilidad patrimonial, ha diferenciado por un lado, la responsabilidad sanitaria y por otro, el resto de los supuestos de responsabilidad. En el primer caso, el montante de todas las reclamaciones sentenciadas en 2021 ha sido de algo más de 9 millones de euros. Por lo que se han reconocido a los recurrentes algo menos del 20 por ciento.

   Respecto al resto de supuestos de responsabilidad, el 95 por ciento de las reclamaciones en vía judicial fueron rechazadas por los tribunales.

   Por otro lado, el máximo órgano de asesoramiento y representación jurídica de la administración autonómica participó por medio de sus letrados en más de 50 órganos colegiados, y elaboró más de 2.000 diligencias de bastanteo de poderes y avales a empresas y legitimaciones de firmas de documentos públicos.

   Respecto al porcentaje de éxito procesal la Junta de Extremadura ha superado los dos tercios, y cuando ha sido la Administración la demandante, es decir la que lleva a juicio a un tercero, el éxito ha sido del 92 por ciento%.