CÁCERES 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juicio del 'ruido' en la zona de copas conocida como La Madrila en Cáceres ha arrancado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital cacereña donde han comparecido los acusados por un presunto delito medioambiental, entre ellos, la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, más once hosteleros propietarios o arrendatarios de nueve establecimientos de la zona, principalmente ubicados en la plaza de Albatros.
A tres de los hosteleros se les imputan, además, presuntos delitos de lesiones al entender que la imposibilidad de descansar por parte de los vecinos que vivían próximos a los locales les ha causado problemas continuados de salud, como depresiones o alteraciones del sueño.
Heras y Jurado han llegado a los juzgados acompañados por buena parte de responsables del PSOE, partido por el que ocuparon sus cargos en el Ayuntamiento de Cáceres desde 2007 y hasta 2011, que corresponde con los hechos que se juzgan, como presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contaminación acústica por las molestias causadas a los vecinos de la zona.
Entre los que se han acercado al Palacio de Justicia se encontraba el actual secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales, el secretario socialista local, Vicente Valle, y algunos concejales actuales como Luis Salaya o Andrés Licerán, además de otros que fueron ediles del equipo de Gobierno de Heras, como Marcelina Elviro o Miguel López.
También han arropado a los acusados la ex concejala por Izquierda Unida, Margarita González-Jubete, la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez-Pereda, la directora general de vivienda de la Junta de Extremadura, Maribel Moreno, y el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, entre otros.
En las cuestiones previas al inicio de la vista oral, el abogado de Carmen Heras y Carlos Jurado, Emilio Cortés, ha pedido la comparecencia como testigos del que fuera subdelegado del Gobierno en aquella época, Fernando Solís, del responsable de la Policía Local y de la actual alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, al entender que podrían aportar datos a la causa, pero la petición ha sido rechazada por entender que los testigos que propone no han tenido relación directa con los hechos que se juzgan.
Cortés, antes del inicio de la vista ha señalado a los medios de comunicación que ni Heras ni Jurado eran "las personas adecuadas" para elevar los expedientes de sanción a los locales y, en cualquier caso, ha defendido que los hechos no confieren responsabilidad penal y deberían haberse solucionado vía administrativa en las instancias locales.
"NO HAY RESPONSABILIDAD PENAL"
"Ellos no tienen responsabilidad penal", ha insistido, al tiempo que ha argumentado que las molestias por ruido "son un problema endémico en la ciudad" desde hace más de 30 años, mucho antes de que Heras y Jurado ocuparan cargos públicos en el ayuntamiento. "¿Qué querían que cogieran una escopeta y se cargaran a todos los consumidores de alcohol tabaco que estaban en las puertas de los establecimientos?", se ha preguntado.
Los hechos han llegado a juicio tras una instrucción de cinco años y después de la denuncia interpuesta por la Asociación Cacereños contra el Ruido, que actúa como acusación particular en defensa de los vecinos que han venido sufriendo molestias continuadas por el ruido durante años.
Cabe recordar que para los dos excargos públicos (Heras y Jurado) la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para cada uno de ellos y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para los once empresarios, el Ministerio Público solicita la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos.
Los locales afectados son Súgar, Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos, muchos de ellos ya cerrados sin actividad y otros en funcionamiento tras realizar obras de insonorización. A sus once responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos que la acusación particular cifra en 297.000 euros.
En las alegaciones previas, varios abogados defensores han pedido la prescripción de los hechos ya que han argumentado que los primeros conocimientos que tienen algunos propietarios a través de denuncias se datan en el año 2009, por lo que han prescrito los delitos de ruido. La jueza, sin embargo, ha señalado que se trata de un tema de fondo y se resolverá en la sentencia.
Otro de los letrados defensores ha pedido que los hechos sean juzgados en la Audiencia Provincial al entender que el Juzgado de lo Penal no era competente, pero la petición también ha sido desestimada por la jueza.
Se prevé que a lo largo de esta mañana se empiece a tomar declaración a los acusados, entre ellos la exalcaldesa Carmen Heras, que fue alcaldesa de Cáceres por el PSOE desde 2007 y hasta 2011.