MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Extremadura ha aprobado, con los votos a favor de PSOE y Podemos, y la abstención de PP y Ciudadanos, la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura que obliga a las gasolineras desatendidas o 'low cost' de la región a contar con al menos un empleado responsable del servicio que se presta en horario diurno, que se establece entre las 7,00 y las 22,00 horas.
El Pleno del parlamento extremeño ha aprobado este jueves el dictamen elaborado por la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Propuesta de Ley de modificación de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, planteada por el Grupo Socialista.
En dicha comisión han comparecido representantes del sector de las estaciones de servicio, representantes de los consumidores y de los colectivos con discapacidad, en donde se han expuesto los argumentos a favor y en contra de dicha modificación.
En concreto, la modificación obliga a todas las instalaciones al por menor de venta de combustible para automoción de la comunidad autónoma a que dispongan de al menos una persona responsable en horario diurno, que se ha establecido entre las 7,00 y las 22,00 horas.
Asimismo, esta modificación tiene como destinatarios especiales al colectivo de personas con discapacidad o con movilidad reducida, ya que obliga a las estaciones no solo a tener al menos a una persona responsable de las instalaciones --para cobrar, dar hojas de reclamaciones, facturas o velar por la seguridad de las mismas, entre otras-- que deberá servir el combustible a los clientes con estos condicionantes.
La prestación de un servicio en condiciones de igualad a todos los consumidores, con independencia de si tiene o no alguna discapacidad, así como los argumentos relativos a la seguridad y la prevención de riesgos y al mantenimiento del empleo, han sido los argumentos que han llevado a PSOE-Siex y Podemos a votar a favor de dicha modificación.
Por contra, PP y Ciudadanos, si bien se han manifestado también a favor de estos argumentos, han decidido abstenerse debido a los posibles conflictos de competencias que dicha modificación puede generar al entrar a regular desde una comunidad autónoma un sector de ámbito estatal.
PREVALECEN LOS CONSUMIDORES
De esta forma, el diputado del Grupo Socialista Celestino Vegas ha señalado que el dictamen elaborado por la comisión competente reconoce "amplio debate" celebrado en la comunidad sobre las estaciones desatendidas, y en el que, según ha señalado, ha prevalecido la defensa de los derechos de los consumidores por encima de la "liberalización" del sector.
No obstante, y pese a que se haya aprobado la modificación de la normativa al respecto en la comunidad, ha augurado que el "conflicto" abierto "se alargará en el tiempo". En todo caso, ha insistido en que el dictamen pretende "poner freno a la liberalización y automatización del sector", y entiende que compatibiliza el "avance modernizador" que supone las estaciones desatendidas con la defensa de los usuarios.
Por su parte el diputado del PP Saturnino López Marroyo ha remarcado que su grupo estaría a favor de modificar el estatuto de los consumidores porque en comparecencias ha quedado demostrado que las gasolineras desatendidas "pueden no respetar derechos de los consumidores".
En este sentido, ha indicado que las gasolineras sin personal no pueden dispensar a los clientes que lo soliciten hojas de reclamaciones o facturas, y que asimismo suponen una discriminación a personas con movilidad reducida (discapacidad, embarazadas, mayores) que no puedan servirse por sí mismo el combustible.
Asimismo, ha señalado que estaría a favor de la modificación para evitar la pérdida de empleo que supone la proliferación de las estaciones desatendidas, si bien ha recordado que en muchas de las tradicionales ya se ha reducido el personal (hay empleados para cobrar pero no para servir) sin que se haya regulado nada al respecto.
LIBERTAD DE EMPRESA Y DE COMPETENCIA
Por otro lado, se ha referido a la petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se ha posicionado en contra de todas las normas que limiten la instalación de estaciones desatendidas, al considerar que "cercenan la libertad de empresa" y la "libre competencia".
También ha apuntado que la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de las asociaciones de estaciones de servicio desatendidas de España en contra de este tipo de normas, así como que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado nula una modificación similar a la que pretende Extremadura, en una sentencia en la que además recalca que las competencias del sector las tiene el Estado.
Por este tipo de "posiciones encontradas", ha avanzado la abstención de su grupo, al tiempo que ha anunciado que el PP va a presentar una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea en la que instará al Gobierno que revise la normativa del sector para que tenga en cuenta la atención a las personas con discapacidad.
DEFENSA DE PUESTOS DE TRABAJO
Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha reiterado los argumentos esgrimidos por su formación durante la tramitación parlamentaria de la modificación de la norma, y ha insistido en que Extremadura no se puede permitir, ha recalcado, la destrucción de empleo que a su juicio supondría la proliferación de estaciones de servicio 'low cost'.
Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha remarcado que con esta modificación Extremadura se suma a los pasos dados por otras comunidades y ha incidido en la atención que presta a las personas con discapacidad, pero ha advertido sobre el riesgo de conflicto con el Estado, dado que podría afectar a la normativa nacional del sector, por lo que espera que la Junta haya "hecho bien todos los deberes" en este sentido para evitar "alguna sorpresa" en forma de recurso.