MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una declaración institucional formulada por los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos), y en la que se solidarizan con los empleados de Ibercaja en la comunidad ante el ERE planteado en la entidad.
Al mismo tiempo, la declaración insta al accionista de dicha entidad, Fundación Caja Badajoz, a que defienda los intereses de los empleados ante dicho ERE, porque "cualquier cierre conlleva pérdida de empleo, empleo que en muchos casos se va a otras comunidades o directamente a las listas del Sexpe, con la consiguiente pérdida de riqueza en la comunidad autónoma".
De este modo se contempla en la declaración, leída por el secretario primero de la Mesa de la Asamblea, Eugenio Romero, al inicio de la sesión plenaria que la Cámara legislativa regional celebra este jueves en Mérida (Badajoz).
Así, el texto aprobado recuerda que la región extremeña está presente en el accionariado de Ibercaja Banco a través de la Fundación Caja Badajoz, que es propietaria del 3,91 por ciento de dicha entidad.
Asimismo, incide en que la propuesta de cierre de oficinas es de 160 total en el banco, de las cuales 32 se corresponden con la territorial extremeña (compuesta por las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca), lo que significa que "se cerraría el 25,6 por ciento del total de la red de oficinas del territorio extremeño", que se corresponde con el "mayor ajuste de todas las territoriales de Ibercaja".
De igual modo, apunta que Ibercaja cuenta con seis direcciones territoriales en su red de oficinas (Aragón, La Rioja-Guadalajara, Madrid, Castilla y León, Arco Mediterráneo y Extremadura), y que "en ninguna de ellas el reajuste es tan extremo como en Extremadura".
También señala que desde la integración en Ibercaja en octubre de 2014 "en la territorial fueron afectados según datos de la propia empresa 86 empleados", así como que "con el nuevo ERE se verán afectados 145 más".
Asimismo, alerta de que "en esta nueva reestructuración se cerrarán 32 oficinas en la territorial" extremeña, "la mayoría de ellas en pueblos pequeñas y con riesgo de despoblación", lo que causará "una clarísima exclusión financiera y pérdida de servicios en ellos". "Sin ir más lejos, nuestros mayores tendrán dificultades para cobrar sus pensiones o pagar sus recibos", ha señalado Romero durante la lectura de la declaración institucional.