La Asamblea frena por ley la expansión de las gasolineras desatendidas en Extremadura

   MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   La Asamblea de Extremadura ha puesto freno este jueves a la proliferación de estaciones de servicio desatendidas en la región, imponiendo mediante una Ley que modifica el Estatuto de los Consumidores de Extremadura, que las conocidas como gasolineras de autoservicio o 'low cost' dispongan de al menos un empleado entre las 7,00 y las 22,00 horas, que además estará obligado a servir el combustible a personas con discapacidad.

   La aprobación definitiva de este cambio se ha producido este pasado jueves en la Cámara legislativa extremeña, tras detectarse que estas gasolineras discriminan a los conductores con movilidad reducida; y que asimismo, al no disponer de personal, no se estaba atendiendo determinados derechos de los consumidores, como por ejemplo para solicitar hojas de reclamaciones.

   Estas razones, junto a otras que apelan a la seguridad de un servicio en el que se manejan productos inflamables, así como la defensa de los puestos de trabajo que mantienen las estaciones de servicio, se han impuesto para sacar a adelante esta norma tras una tramitación parlamentaria en la que han participado representantes de todos los ámbitos del sector, y donde se han escuchado asimismo argumentos en contra de dicha regulación, apelando a la libertad de empresa y a la libre competencia.

   No obstante, y pese a que los cuatro grupos de la cámara comparten los razonamientos que imponen la presencia de personal en horario diurno, la ley no ha obtenido un apoyo unánime.

   Así, mientras que el PSOE, grupo impulsor de la iniciativa, y Podemos, han votado a favor de la misma, tanto PP como Cs se abstuvieron esgrimiendo sus dudas acerca de que esta decisión pueda traspasar las competencias del legislativo autonómico extremeño, puesto que el sector de las gasolineras cuenta con una regulación de ámbito estatal.

   En caso de que esta posibilidad finalmente impere, Extremadura tendrá que afrontar un nuevo recurso por invasión de competencias, como ya ha ocurrido en otros ámbitos, como la conocida como ecotasa a las eléctricas o la ley contra la exclusión social.

INCENDIOS FORESTALES

   No ha sido este el único cambio legislativo aprobado en el Pleno de la Asamblea celebrado durante esta semana, ya que también se ha aprobado la modificación de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura, para permitir a la Junta que pueda actuar de forma subsidiaria en montes privados de zonas de alto riesgo, para realizar trabajos de prevención y extinción de fuegos.

   La modificación afecta al artículo 38 de la citada ley, aprobada de forma unánime por el procedimiento de lectura única. Tal y como explicó la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, su objetivo es "la necesaria adaptación" de la ley de lucha contra incendios forestales a la Ley de Montes, "dándole a la administración los mecanismos para la ejecución subsidiaria de trabajos preventivos".

   Relacionado también con la lucha contra los incendios laborales, la consejera remarcó en el turno de preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno que su departamento quiere para los trabajadores laborales del Infoex, tanto para los fijos como para los temporales, un futuro laboral "más digno" y de un "mayor reconocimiento" a la labor que desarrollan pero "dentro de la legalidad", ha dicho.

   García Bernal realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Podemos Irene de Miguel, interesada por el futuro que plantea la Consejería de Medio Ambiente para los trabajadores laborales temporales del Infoex.

   Así, De Miguel ha indicado que el reconocimiento como bomberos forestales se debe poner en marcha en enero de 2019, una cuestión que genera "incertidumbre" en el colectivo de los bomberos interinos.

   Los diputados extremeños conocieron a su llegada al parlamento regional los datos sobre el paro registrado en abril en la región, que evidenciaban un descenso de más de 5.000 personas de las listas de desempleo. Los portavoces de los grupos parlamentarios se ausentaron de la sesión plenaria para ofrecer la habitual valoración ante los medios de comunicación de estos datos.

LA 'DDD' FRENTE A LA 'CCC'

   Sin embargo, el indicador económico que desató la trifulca dialéctica más sonada en la sesión plenaria del jueves fue el déficit de las cuentas regionales, protagonizada por el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

   El cruce de reproches entre los partidarios de una y otra bancada obligó a la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, a llamar al orden en varias ocasiones a los diputados.

   La discusión se originó en el turno de preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, en las que el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, cuestionaba sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de déficit.

   En la formulación de su pregunta, Hernández Carrón alertaba sobre la "realidad 3D" que vive Extremadura, aludiendo a "las tres dimensiones del señor Fernández Vara: deuda, déficit y desempleo".

   Una realidad en 3D que tuvo una contestación por parte de la consejera en "3C: corrupción, corrupción, corrupción", dijo en relación a los "problemas" que tiene el PP, al tiempo que reprochó a Hernández Carrón que el presidente de su partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, destine 4.000 millones de euros en inversiones en el País Vasco "para comprar los cinco votos que necesita del PNV" para sacar adelante los presupuestos.

   Más allá del Pleno, este viernes han comparecido en comisión el secretario general de Administración Pública, Ignacio García Peredo, y la directora General de Función Pública, María del Carmen Vicente, para explicar las líneas de actuación del departamento y valorar el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública, respectivamente.

   Así, el secretario general ha apuntado a la calidad de los servicios, la modernización digital y la transparencia como líneas estratégicas de su gestión.

   Además, como ya se había anunciado, el nuevo director general de Tecnologías de la Información y Comunicación, Pablo Borondo García, recientemente nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta, ha comparecido en la comisión como hacen todos los cargos de la administración autonómica en la presente legislatura, para explicar su trayectoria profesional.

   En el ámbito social, el vicepresidente primero de la Asamblea, Valentín Mendo, ha asistido este viernes en Cáceres a la inauguración de la exposición "Republicanos españoles en los campos nazis", que organizan el Centro de Educación para Personas Adultas Maestro Martín Cisneros de Cáceres y la Delegación de Extremadura de la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España.