MÉRIDA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Comisiones Obreras Extremadura, a través de una campaña, pretende "forzar" a "todas" las administraciones públicas de la región para que conviertan los trabajos "temporales" en empleos fijos y conseguir que se paguen las indemnizaciones "no abonadas" por despidos realizados de una "manera no adecuada".
Una campaña "masiva" dirigida a "todos" los trabajadores "temporales e interinos" de "todas" las administraciones públicas de Extremadura, para que estos puedan "reponer sus derechos económicos por su finalización de contrato".
La campaña ha sido presentada este martes en rueda de prensa en Mérida por el secretario general de CCOO Extremadura, Julián Carretero; la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Marisol Salazar, y el portavoz del Área Pública del sindicato, Francisco Jiménez.
En su intervención, Francisco Jiménez ha recalcado que la puesta en marcha de la campaña ha coincidido con el "inicio" del trámite presupuestario para que la Junta de Extremadura "tenga en cuenta" que estos procesos judiciales pueden "dar un vuelco" a las previsiones presupuestarias.
En este sentido, Jiménez ha señalado que "debe existir un margen de temporalidad en la contratación pública", pero "otra cosa" es que estemos "con más del 20% de interinidad y temporalidad en servicios públicos que deben estar dotados de plazas fijas".
De esta forma, los trabajadores podrán acudir a las sedes de CCOO en la región, donde analizarán cada caso y recogerán los datos y la documentación "necesaria" para iniciar el proceso de reclamación, un trámite que será "gratuito" para las personas afiliadas al sindicato.
En esta campaña, Julián Carretero ha informado que además del proceso de reclamación, también se realizarán charlas con los trabajadores y se establecerán paneles "típicos" de la acción sindical en los centros de trabajo.
SENTENCIA TJUE
Por otro lado, Carretero ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del pasado mes de septiembre, que "ratifica la denuncia" que CCOO ha realizado "desde hace muchos años", sobre que "no se pueden cubrir necesidades permanentes de plazas, con empleo temporal".
En este sentido, Carretero ha considerado que la sentencia del TJUE ha evidenciado "tres cuestiones fundamentales". Una de ellas, según Carretero es que España ha hecho "oídos sordos" a las directrices europeas y ha pedido al Gobierno Nacional que "cambie el chip".
Asimismo, Carretero ha solicitado la "normalización de las relaciones laborales en las administraciones públicas" al Gobierno, y ha pedido "abrir un proceso de negociación con voluntad de acuerdo".
Como tercera cuestión, Carretero ha señalado que la reforma laboral "no solo era una quiebra para el significado del trabajo fijo", sino que se trataba también de un "abuso clarísimo" contra los "intereses de los trabajadores".
CAUSALIDAD DEL CONTRATO
Finalmente, Carretero ha aseverado que es "totalmente incongruente" que un puesto de trabajo fijo esté ocupado por un puesto de "trabajo temporal", y ha recordado la "necesidad" de recuperar la "causalidad" del contrato.
En otro orden, Salazar ha insistido que se debe analizar "el por qué de esta situación" y ha indicado que este tipo de contratos no ofrece la posibilidad de "estabilizar el empleo" y ha reconocido que se ha perdido la "calidad del servicio que se presta".
En esta línea, Salazar ha apuntado que los servicios públicos "son bandera" de un estadio del bienestar y ha manifestado que "en este momento" esto se está "poniendo en cuestión" por los gobiernos "de turno".
ACCIDENTE LABORAL
Por otra parte, Carretero ha lamentado una "nueva" víctima por accidente laboral, que falleció este lunes, 21 de noviembre, en la localidad pacense de Guareña.
En este punto, Carretero ha recordado que "van 14 víctimas" y ha responsabilizado de "manera muy acuciante" a la Dirección General de Trabajado, aunque ha señalado que "es responsabilidad de todos".
Por último, Carretero ha deseado que los titulares por muerte laboral cambien por "condenas específicas a empresas que no cumplen la ley y hacen oídos sordos a su obligación de invertir en prevención de riesgos laborales".