BADAJOZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Diputación de Badajoz ha hecho públicas dos declaraciones institucionales, una de ellas a través de la cual la institución provincial se adhiere a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el reconocimiento de "necesidad" de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género.
El texto reivindica también la "necesidad" de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como suficientes medios y recursos para, en colaboración con otras administraciones, "asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias que garanticen la igualdad efectiva de las personas".
La segunda declaración institucional surge con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos Españolas coincidiendo con el décimo aniversario del reconocimiento legal de estas lenguas en España. La Diputación de Badajoz declara el "valor" de la lengua de signos en la educación como "garante de equidad, inclusión y libertad".
Por lo demás, y según el orden del día, el pleno ha aprobado varias modificaciones presupuestarias y el nuevo reglamento del Sistema de Archivos y Gestión de Documentos de la Diputación de Badajoz. El actual entró en vigor en mayo de 1999 y se considera "necesario" proceder a una actualización de su contenido, apunta en nota de prensa la institución provincial pacense.
De igual modo, la mayoría del Grupo Socialista ha rechazado una moción presentada por el Grupo Popular que pedía instar a la Junta de Extremadura a "garantizar" que los trabajadores del transporte sanitario terrestre "no" vean alteradas sus condiciones laborables.
Los socialistas han argumentado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "ya ha garantizado los puestos de trabajo". "Si no lo hicieran se lo exigiríamos", ha afirmado el presidente de la Diputación de Badajz, Miguel Ángel Gallardo.
A su vez, el portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Barrios, ha explicado que la tramitación del concurso, por el que la Junta adjudicó este servicio sanitario a una empresa andaluza, ha "provocado preocupación" entre los miembros de este sector extremeño, "por tener un precio de 8 millones de euros por debajo del coste del servicio".
También, ha añadido el 'popular', "porque a pesar de lo que esta rebaja puede suponer", detrás de la misma "se esconden irremediables consecuencias para los trabajadores, autónomos y cooperativas extremas que van a perder su medio de vida", sin hablar --ha apuntado-- de la "merma" que para la calidad del servicio "puede suponer", señala el Grupo Popular en nota de prensa.