La Diputación de Badajoz aprueba una moción de adhesión al Pacto por el Ferrocarril en Extremadura

   BADAJOZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Diputación de Badajoz ha aprobado este viernes una moción por la que se adhiere al Pacto por el Ferrocaril en Extremadura promovido por diversas instancias sociales, políticas, institucionales y económicas de la región.

   Así se establece en una moción conjunta de los grupos Socialista y Popular, que se ha aprobado en el pleno que la Diputación de Badajoz ha celebrado este viernes, y en el que se pone de manifiesto las "deficientes" infraestructuras ferroviarias en la región extremeña y su necesidad de mejorarlas.

   La Institución Provincial pacense también reclama al Gobierno de España el desarrollo durante la legislatura 2015/2019 de una serie de actuaciones como son la duplicación y electrificación en su totalidad de la línea Badajoz-Mérida- Cáceres-Plasencia-Madrid, así como la ejecución de un Plan Urgente de Renovación y Electrificación de las redes ferroviarias convencionales de Extremadura.

   También se reclama, a través de esta moción, la modernización de la red y servicios ferroviarios interiores dela región; establecimiento de un Puesto de Mando Ferroviario en la región, y estudiar soluciones que permitan la recuperación de la concesión ferroviaria "Ruta de la Plata".

   En el pleno de este viernes también se ha aprobado una segunda moción, también conjunta entre los grupos Socialista y Popular, de "apoyo y solidaridad" con los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo previsto por Ibercaja, que prevé el despido de 686 trabajadores y el cierre de 160 oficinas, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

   Este ERE supondría en Extremadura la amortización de 145 empleos y el cierre de 32 sucursales, del que se vería especialmente afectada la provincia de Badajoz.

   La Diputación de Badajoz ha mostrado su rechazo a este expediente y el "respaldo y solidaridad" con los empleados de la entidad en la región, ante lo que los grupos políticos han lamentado en su moción que la mayoría de las oficinas que se quieren cerrar se encuentren en el mundo rural, con el perjuicio que ello supone para los habitantes de los pueblos.

   Finalmente, ha solicitado que, a través de su accionista la Fundación Caja Badajoz, se inste al Consejo de Administración de Ibercaja y al gobierno de la nación a defender los intereses de estos empleados y, en colaboración con las representaciones sindicales, "buscar otras alternativas que no supongan la destrucción de empleo".