CÁCERES 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres defiende que el Presupuestos General de la institución para 2017 cumple "en todo momento" la normativa en materia de personal y la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, actualmente vigente, ya que la creación de puestos se ha realizado con cargo a amortizaciones de plazas y la cantidad existente de la paga extra del 2012.
Así responde el Gobierno socialista a las críticas del portavoz del PP en la institución provincial, Alfredo Aguilera, quien este miércoles ha indicado que las cuentas provinciales incluyen algunas "anomalías", tanto económicas como jurídicas, que podrían ser causa de nulidad de pleno derecho una vez sea aprobado, ya que, entre otras cosas, faltan informes técnicos que avalen algunas partidas y se vulnera la actual ley cuando en el capítulo 1 de gastos de personal se aumenta la partida en un 12,12 por ciento, ya que el incremento de la masa salarial máximo permitido es del 1 por ciento.
Ante esto, el Gobierno provincial insiste en que en ese incremento se encuentra el personal de la Sociedad Agropecuaria que el PP "quería despedir" y el PSOE lo ha incluido, avalado por el Ministerio de Economía y Hacienda, en la plantilla de la Diputación Provincial.
En segundo lugar, "es falso que exista un incremento del personal directivo puesto que dichos cambios se hicieron con cargo al presupuesto del 2016", por lo que considera que Aguilera "miente" en cuanto a los cargos directivos de funcionarios.
Siguiendo con el capítulo de gastos de personal, el equipo de Gobierno recuerda al PP que las "buena parte" de las adecuaciones retributivas, singulares y excepcionales vienen del personal del Sepei porque se han tenido que arreglar "los desaguisados que causó la firma de un acuerdo ilegal durante el Gobierno del PP y a poco más de quince días de unas elecciones", en la anterior legislatura. Otras adecuaciones provienen del propio funcionamiento de los servicios provinciales, recuerda el equipo de Gobierno en nota de prensa.
En todo caso, desde el día 10 de noviembre dicha documentación estaba en poder de la intervención provincial y la Comisión de valoración que realizó dichos cambios se ajustaban a la normativa ya aprobada por el PP, "por lo que no se entienden las críticas a lo que ellos mismos aprobaron", recoge la nota.
"ES LEGAL"
En definitiva, según defiende el equipo de Gobierno el Capítulo I de gastos de personal del Presupuesto para el 2017 "es legal", "está ajustado a la normativa presupuestaria" y "tiene plena viabilidad jurídica y económica", ya que se ha conseguido eliminar la deuda y, siempre dentro de la Ley, "invierte en recursos humanos como instrumento para el desarrollo de la provincia".
Otra de las críticas del PP sobre el aumento de gastos corrientes, se argumenta desde el equipo de Gobierno con proyectos como 'Diputación Inclusiva', el servicio de teleasistencia, informática municipal, o el nuevo Servicio Agropecuario que asume los gastos de la anterior sociedad, todos ellos "servicios a los municipios y a las personas".
Además, recuerda que en los presupuestos del 2017 no puede hablarse de la Sociedad Agropecuaria ya que el cese de actividad ya ha sido acordado y es su liquidación la que se prolonga durante más tiempo. "Hay que dejar claro que las previsiones del nuevo servicio agropecuario de la Diputación y las previsiones presupuestarias de los consorcios Institución Ferial de Trujillo, y museo Pérez Comendador Leroux fueron entregados desde el primer momento de documentación", recalca.
El equipo de Gobierno provincial recuerda también a Aguilera que el borrador de presupuestos le fue entregado hace más de tres semanas pero él ha utilizado el tiempo "en realizar un dossier de respuesta y gráficos ilustrativos para su presentación", en vez de para "realizar alguna propuesta al mismo".