El juicio por el ruido de La Madrila en Cáceres concluye este martes tras casi una veintena de sesiones

CÁCERES 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el ruido de la zona de copas en La Madrila de Cáceres, que se ha desarrollado en el Juzgado de lo Penal número 2 desde el pasado 20 de septiembre, llega este martes a su fin y quedará visto para sentencia tras diecinueve sesiones en las que se han escuchado los testimonios de los catorce acusados, más de una treintena de testigos y una decena de peritos de la Guardia Civil o agentes de protección ambiental.

Todos ellos han comparecido en este juicio en el que se han sentado en el banquillo la ex alcaldesa de la ciudad, Carmen Heras, el ex concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, más doce hosteleros propietarios o arrendatarios de nueve establecimientos de la zona, principalmente ubicados en la plaza de Albatros, que se enfrentan a un delito medioambiental y, en el caso de dos hosteleros, a un delito de lesiones por el daño causado a los vecinos por el ruido de los locales.

La última sesión ha comenzado con las peticiones de la fiscal que ha mantenido la petición de pena para los dos políticos acusados por dos delitos continuados de prevaricación medioambiental, por lo que pide para cada uno de ellos un año y nueve meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para los responsables de los locales, la pena solicitada finalmente ha sido rebajada a dos años y seis meses de prisión, y 18 meses de multa a diez euros al día. Respecto a los establecimientos, la fiscal ha concluido que queda acreditado que los locales emitían ruidos por encima de los niveles permitidos, lo que suponía "un grave riesgo para la salud", ya que se trataba de una exposición prolongada "durante cinco años y de jueves a domingo".

Respecto a los dos políticos considera que "omitieron" sus funciones y, con sus decisiones, "se colocaron al lado de los que emitían los ruidos en lugar de al lado de los vecinos". "No han tramitado ni resuelto los expedientes de denuncias", ha espetado la fiscal que ha enfatizado que "ni Carlos Jurado impulsaba los expedientes, ni Carmen Heras los resolvía". La fiscal ha pedido que se revise la declaración del testigo Fernando García Polo por si podría haber incurrido en "falso testimonio".

En el turno de la acusación particular, que ejerce la Asociación Cacereños contra el Ruido que interpuso la querella, su abogado ha pedido para Carmen Heras y Carlos Jurado lo mismo que la fiscal, y tres años de prisión para cada uno de los responsables de los locales. En su intervención ha dicho que en el periodo de 2007 a 2011, "hubo decenas de denuncias de vecinos sin atender", nuevas aperturas de locales y "un sonómetros que tardó en repararse más tiempo que un satélite espacial".

Para él, ha quedado probado, tras las mediciones que realizaron agentes del Seprona de la Guardia Civil, que el "foco" del ruido eran los locales denunciados y no de la gente de la calle. Además, ha indicado que las medidas que se adoptaron, como el corte de la calle Santa Teresa, "no" acabaron con el problema de la música de los bares que hacía que "vibraran no solo las casas, sino el propio cuerpo de los vecinos".

Respecto a Heras y Jurado, considera que son "culpables" porque incurrieron en "omisión de sus funciones y sus responsabilidades" y porque en 2007, cuando entraron en el ayuntamiento, "se flexibilizaron las licencias" y no advirtieron la "necesidad" de resolver los expedientes de denuncias".

"IMPUTACIÓN SELECTIVA Y CAPRICHOSA"

Por su parte, el abogado defensor de Carmen Heras y Carlos Jurado, que ha pedido su absolución, ha insistido en que el ruido en La Madrila "es un problema mantenido en el tiempo" por lo que la imputación de sus defendidos es "selectiva" y "caprichosa", porque "nadie ha sabido responder por qué se sientan ellos en el banquillo y no el anterior alcalde o la alcaldesa actual, por ejemplo", ha dicho.

El letrado ha recriminado a la acusación particular que "solo" buscan posibles indemnizaciones en cuanto a responsabilidad civil, por lo que no comparte que los hechos se juzguen por la vía penal que conlleva "un principio de culpabilidad".

"Esto es un monstruo que se ha dejado crecer", se ha lamentado el abogado defensor de Heras y Jurado que ha derivado la responsabilidad de la tramitación de los expedientes al técnico Javier Alonso, que era el responsable de las sanciones. "Las denuncias le llegaban a él", ha dicho, al tiempo que ha defendido que "todos" los requerimientos le fueron remitidos firmados por la alcaldesa y "todos" los expedientes que se pasaron a la firma de Carlos Jurado se firmaron.

En esta línea ha recordado que, durante la legislatura de Heras, se llevaron a cabo 65 expedientes sancionadores con 62.000 euros de multa para diferentes locales, por lo que considera que las cifras demuestran que "no hubo omisión de funciones". No obstante, ha reconocido que el problema del ruido no se solucionó porque no se implicó a otras administraciones como la Subdelegación del Gobierno o la Junta de Extremadura y solo se atajó por la vía de las competencias municipales.

En su alocución ha puesto como ejemplo que cuando llegó a la Alcaldía retomó una denuncia puestas catorce meses antes por el anterior equipo de Gobierno contra el bar Maquiavelo y la resolvió con 15.000 euros de multa que, después, el Gobierno posterior no cobró. "El señor del principio no hizo nada, la actual alcaldesa no hace nada y la del medio sí, pero es la que está sentada en el banquillo", ha ironizado.

IMPUGNAR EL INFORME DEL SEPRONA

Después han tomado la palabra los abogados de varios de los locales como que, en la misma línea, han pedido que se impugne el informe realizado por los agentes del Seprona sobre las mediciones de los ruidos ya que, a su juicio, no queda acreditado que el ruido proviniera de cada uno de los establecimientos denunciados, ya que podría ser de la gente que se acumulaba en la calle.

Los locales afectados son Súgar, Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos, muchos de ellos ya cerrados sin actividad y otros en funcionamiento tras realizar obras de insonorización. A sus responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos que ronda los 297.000 euros.

La sesión continuará esta tarde con las peticiones del resto de abogados defensores de los arrendatarios y dueños de los establecimientos y también intervendrá la abogada del Ayuntamiento de Cáceres que intentará que se exima a la administración local de pagar las indemnizaciones que pide la actual Asociación Cacereños Contra El Ruido. Tras estas últimas intervenciones, el juicio quedará visto para sentencia.