MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Extremadura ha suscrito con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO un documento que servirá como base de la negociación con el conjunto de partidos políticos para la elaboración de la futura Ley de Sanidad de la región, que blindará su financiación dedicando al sistema sanitario público un porcentaje de anual de su PIB.
El pacto de "Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público" ha sido suscrito este viernes por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y los secretario general de la Confederación Empresarial Regional Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado, y de los sindicatos CCOO y UGT en la región, Julián Carretero y Patrocinio Sánchez.
Entre sus principios fundamentales, según ha explicado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, se encuentran, además de la sostenibilidad económica del sistema público sanitario, la supresión de los copagos o el fomento de la estabilidad en el empleo entre los profesionales del sector.
"Es necesario que entre todos seamos capaces de conseguir un sistema sanitario público, que sea de calidad, pero también sostenible en el tiempo", ha dicho Vergeles en declaraciones a los medios tras suscribir un acuerdo que, además, permitirá definir "qué sistema sanitario público" quieren los extremeños para su región.
Además, el documento supone un "compromiso" de los firmantes para "garantizar y velar" por la sostenibilidad del sistema sanitario público, en tanto que es "la mejor forma de blindar" la sanidad pública en la región.
Entre los puntos del acuerdo se encuentran evitar las injerencias políticas o jurídicas que "menoscaben la calidad o la eficiencia" del sistema sanitario público; así como garantizar el acceso a los ciudadanos a los servicios y abrir una vía para la conpensación ante los "injustos copagos".
También pretende la búsqueda de la sostenibilidad global, tanto económica como social, para que los pacientes accedan a tratamientos de "mayor calidad y efectividad", el desarrollo de una política farmacéutica propia para Extremadura, y la defensa de un sistema público para preventivista que asistencialista.
DÉFICIT DE 140 MILLONES
Con respecto al presupuesto sanitario, ha recordado que actualmente el déficit anual de la sanidad extremeña alcanza los 140 millones, y que ésta es una cuestión que afecta al conjunto del país.
Tras insistir en que aún no se ha definido el porcentaje del PIB que se destinará a la sanidad pública, Vergeles ha apuntado que "todas las estimaciones económicas" que se han hecho desde diferentes ámbitos indican que un porcentaje del PIB nacional por debajo del 7 por ciento sería "insuficiente" para el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que ha señalado que el presupuesto actual es del 5,9 por ciento.
Además, ha señalado que dependerá de las "reglas del juego" que se establezcan en el nuevo modelo de financiación. "Si la financiación autonómica dice que la financiación sanitaria es finalista, no habrá ningún problema en fijar un porcentaje del PIB", ha señalado.
MENOS EVENTUALIDADES Y CALENDARIO DE OPOSICIONES
En cuanto a la estabilidad en el empleo, ha dicho que ya se están dando "muestras" de "por donde van los tiros", y que según ha dicho tratará de llevar las eventualidades y las interinidades a las "mínimas posibles".
Además ha avanzado en que se va a insistir en la calendarización de los procesos selectivos y de los concursos de traslados, dentro de las competencias de la Junta, al tiempo que ha vuelto a reclamar la supresión de la tasa de reposición en el ámbito sanitario de acuerdo con la sentencia de la UE al respecto.
En cuanto a los copagos, ha señalado que se tratará de corregir la situación "injusta" que genera la estado socioeconómico del país, en el que hay "trabajadores pobres", que tienen una "limitación" a la hora de acceder a determinados servicios. De este modo, se marcará una hoja de ruta, siempre dentro de la competencia de la CCAA, para poder "compensar" los efectos de los copagos, y que se estudiará si se hará a través de subvenciones, bonus en farmacia o cualquier otra "herramienta"
Con respecto a la futura Ley, ha subrayado que el Ejecutivo regional concibe la concertación social como un "paso previo" a los acuerdos políticos que puedan llegar a la Asamblea cuando quien propone es el gobierno.
Al respecto, ha reconocido que la Junta trabaja "en paralelo" en un documento de la futura Ley, que es previo, y que ya ha enviado al Consejo de Estado, organismo que ha hecho determinados requerimientos, y a los que este documento vienen a poner solución.
Una vez el Consejo de Estado compruebe que esos requerimientos están subsanados, el texto se enviará al parlamento regional, según Vergeles, que detallado ante la futura negociación con el resto de fuerzas políticas, que este documento está refrendado por los agentes socioeconómicos.
REFRENDADO POR LOS AGENTES SOCIALES
"Esta concertación social me da la legitimidad política para decir que está refrendado con los agentes económicos y sociales con representatividad en la comunidad autónoma", ha remarcado Vergeles.
Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha destacado que este acuerdo pretende "blindar la sanidad pública ante cualquier vaivén economómico o político", así como que defiende una sanidad universal y gratuita.
El máximo representante de CCOO en la región, Julián Carretero, ha subrayado la importancia de la concertación social para sacar adelante la futura ley sanitaria, como así ocurrió en el caso de la educativa, y en este sentido ha señalado que si la futura norma está basada en este acuerdo, contará con la legitimidad de los agentes sociales.
Por último, el secretario general de la patronal extremeña, Francisco Javier Peinado, ha subrayado que este acuerdo no va en ningún caso contra la sanidad privada.