La Junta remite a la Asamblea la norma de medidas que modifica otras 27 leyes para una agilización "más ágil"

   MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado este jueves la remisión a la Asamblea del proyecto de ley de medidas a través del cual se modifican aspectos de otras 27 normas en la comunidad, con el objetivo de facilitar una administración "más eficiente, más ágil y más próxima a los ciudadanos" y para acompañar las iniciativas que creen riqueza en la región.

   Esta ley supone así "un paso más" en el camino emprendido por la Junta para configurar una "nueva forma de actuar" de la Administración autonómica, que debe ser un instrumento "al servicio de los ciudadanos" y la "palanca del progreso de Extremadura" en línea con los objetivos de "ambición y coraje" que ha señalado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, esta misma semana en el Debate sobre el Estado de la Región.

   De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este jueves tras el Consejo de Gobierno de la Junta, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha incidido en que este proceso "no es nuevo", sino que se inició en 2010 con la ley LINCE, y ha seguido después con la Ley para la Administración más ágil, o la LOTUS, y ahora sobre todo con la ley de racionalización y simplificación administrativa que --según ha avanzado-- se aprobará en el pleno de la Asamblea del próximo 14 de julio.

   Esta última norma que se aprobará la próxima semana, según ha recordado Blanco-Morales, insiste en el cambio de actuación para "sobre la base de la confianza en los ciudadanos, las empresas y los servidores públicos" propiciar una administración que "acompaña, próxima, que confía, ágil, y una administración que impulsa el progreso económico de la región".

ALIVIA LAS CARGAS

   Con ello, la ley de medidas que ahora remite la Junta a la Asamblea de Extremadura supone "un complemento" de la de racionalización y simplificación, y sitúa a Extremadura como "referente" de una administración que en su forma de actuar va a ser "determinante" para las decisiones de inversión de empresas, porque "va a ser una región que conjugando la confianza en los ciudadanos con el respaldo a sus iniciativas también va a dar un uso más eficiente a los recursos públicos".

   Así, se trata de una ley que "facilita la actividad de los ciudadanos, alivia las cargas y acelera las respuestas que los ciudadanos reclaman", y que hacen ser "más competitivos como región para aprovechar las oportunidades que marcan los desafíos" medioambientales y tecnológico, fundamentalmente.

   Con ello, para impulsar la actividad empresarial y facilitar la instalación empresarial con impacto en el empleo y en el tejido productivo se consagra un mecanismo de trabajo ya ensayado que va a hacer que esa forma de actuación transversal y con plazos ágiles sea la "tónica general", señala Blanco-Morales.

NOVEDADES

   En concreto, esta norma contiene "importantes" novedades en el ámbito de ordenación medioambiental, territorial y urbanística reforzando elementos para que radiquen nuevas iniciativas empresariales en la región, con seguridad jurídica y reduciendo los trámites burocráticos y agilizando la rapidez como "directriz" de las respuestas.

   Especial atención merece, también, según ha explicado Blanco-Morales, la modificación de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura que, sin perjuicio de actuar contra viviendas y edificaciones ilegales en suelo rústico, "no será inconveniente para la ejecución de otras actuaciones próximas a esa vivienda ilegal con el compromiso de adaptarse a la legalidad de esas nuevas actuaciones".

   También se regula la exención de parcelas mínimas para supuestos concretos.

   De igual modo, en materia organizativa y de procedimiento, en esta ley de medidas se modifican hasta nueve leyes, con la misma directriz de "más agilidad, menos trabas burocráticas".

   Al mismo tiempo, medidas sobre patrimonio, contratación y conciertos sociales facilitan el trabajo de los órganos de gestión y agilizan la tramitación de los expedientes.

VALOR DE LO PÚBLICO

   De igual manera, esta ley, como la de Racionalización y Simplificación Administrativa, obedece al mismo principio que guía a la Junta en su actuación, que es "el valor de lo público, la convicción de que lo público está para ayudar y acompañar", y sobre esa creencia se incluyen en la norma algunas medidas de decretos ley motivados por la pandemia.

   Así, la ley cuenta con los dictámenes favorables del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado, según la vicepresidenta primera, quien en la tramitación parlamentaria de la norma apela al "máximo consenso" y al trabajo con todos los grupos parlamentarios.

   En total, en esta ley se modifican 27 leyes, que afectan a otras áreas de la administración, siempre con el objetivo de "una administración que acompaña, ayuda, que es más ágil y más eficiente". Así, se reforman disposiciones en ámbitos de personal y se afianza el reconocimiento del personal investigador de Cicytex.

   También se modifican las normas que marcan la prestación de servicios públicos con modificaciones en la Ley de Mancomunidades para "atribuir a las entidades locales menores la gestión y prestación de servicios sociales y de apoyo a las medidas contra la exclusión social".

DISPOSICIONES DE ÁMBITO TRIBUTARIO

   De igual modo, este proyecto de ley también contiene disposiciones de ámbito tributario. En concreto, se regula la presentación telemática de las declaraciones y autoliquidaciones del canon de saneamiento, en el tributo sobre el juego se rebaja el tipo de gravamen sobre el bingo electrónico, y se revisan tasas para adecuarlas a los servicios que se prestan.

   Por otra parte, Blanco-Morales ha recordado que otras medidas tributarias inicialmente incluidas en el anteproyecto de ley de esta norma, como la bonificación al 99 por ciento del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (para los grupos 1 y 2) y la modificación a la baja para los gravámenes de vehículos menos contaminantes, fueron llevadas al decreto ley de medidas de apoyo a la crisis provocada por la guerra contra Ucrania y se mantiene, por tanto, en los términos en que ya fueron planteados en el citado decreto.