Los juzgados de Cáceres y la Junta impulsan el servicio de Mediación Familiar para resolver conflictos antes de juicio

CÁCERES 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales han firmado este lunes un protocolo para implantar una experiencia piloto en los juzgados de primera instancia del partido judicial de Cáceres capital, de manera que estos deriven a los servicios regionales de Mediación Familiar todos los casos susceptibles de llegar a acuerdos antes de juicio.

Se trata de un protocolo que han rubricado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y el presidente del TSJEx, Julio Márquez de Prado, y que pretende extenderse a otros partidos judiciales para que sean las propias familias, con la ayuda de profesionales del ámbito social y jurídico, las que resuelvan sus diferencias antes de recurrir al sistema judicial.

A través de este protocolo serán los propios jueces los que deriven a los servicios de Mediación Familiar los procesos civiles de Derecho de Familia que consideren oportunos, tales como divorcios, custodias de hijos o régimen de visitas, para que se llegue a una solución dialogada de esos conflictos familiares.

El consejero ha explicado tras la firma del protocolo, que ha tenido lugar en la capital cacereña, que el objetivo de este acuerdo es "fomentar el diálogo entre las familias" y "llegar a la búsqueda de soluciones por parte de los propios implicados con la ayuda de profesionales que están acreditados.

De hecho, el servicio de Mediación Familiar de la Dirección General de Familia del Gobierno extremeño cuenta con una docena de profesionales como psicólogos, pedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales o abogados que ya prestan este servicio, pero ahora de lo que se trata es de que sean los jueces, cuando el asunto ya está en los tribunales, los que deriven a las familias a este servicio para agotar primero la vía del diálogo.

El protocolo tiene una vigencia de un año como experiencia piloto y se establece una comisión de seguimiento para analizar los resultados. Como novedad, si el juez remite a la familia a la mediación es "obligatoria" la asistencia a una primera reunión en la que se valorará el caso concreto para empezar a trabajar.

El proceso de resolución no puede alargarse más de 60 días y, si no se llega a un acuerdo, el caso vuelve a los juzgados, según ha explicado Vergeles, quien ha indicado que también puede darse el caso de que haya acuerdos parciales que después se tendrán en cuenta en el fallo judicial.

ACELERAR EL PROCESO

Se trata de facilitar a las familias esta vía extrajudicial", insistió el consejero, al tiempo que añade que no tendrá costes económicos porque el servicio se asumirá con los recursos propios con los que actualmente cuenta la Junta de Extremadura y que este sistema extrajudicial acelerará el proceso de resolución si se consiguen consensos sin acudir a juicio.

No obstante, si la experiencia se extiende a otros partidos judiciales y aumenta el volumen de trabajo se verá la posibilidad de ampliar plantilla en este servicio, aclaró el consejero. "Se trata de dar una respuesta eficiente a los ciudadanos y poner en valor estos servicios que son necesarios para que las familias resuelvan sus propios problemas", apuntó.

Por su parte, el presidente del TSJEx señaló que la apuesta por la mediación es un posicionamiento que han apoyado los presidentes de los altos tribunales de las Comunidades Autónomas (CCAA) en las dos últimas reuniones celebradas en Bilbao (2015) y Logroño (2016), pero al carecer de regulación procesal es necesario la firma de protocolos como el que se ha rubricado con la Administración regional de Extremadura.

Márquez de Prado ha incidido en que se debería potenciar la mediación, no solo en el ámbito regional, sino en otros casos judiciales y ha abogado por incluir en los programas de formación a jueces y fiscales, más información sobre estos servicios de mediación.

No obstante ha deseado que este protocolo de Cáceres "tenga mejores resultados" que en la ciudad de Badajoz donde se firmó un acuerdo similar con el Ayuntamiento para derivar los casos al servicio de Mediación Familiar municipal y, según los datos que ha aportado, de los 75 que se vieron el año pasado "no se obtuvo ningún resultado de acuerdo", por lo que no se pudo evitar el juicio. "Estoy seguro de que en Cáceres vamos a tener más suerte", recalcó.

Cabe recordar que este protocolo está implantado en otras CCAA como Cataluña, Valencia, Murcia, País Vasco o Navarra, entre otras y en estas dos últimas "los resultados son muy positivos", concluyó.