Oenegés extremeñas piden más empleo "digno" y bajar alquileres frente a ayudas que son "parches" para reducir la pobreza

   El 32,8% de los extremeños están en riesgo de exclusión y pobreza, 4,1 puntos menos que hace un año

   MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Entidades extremeñas del tercer sector reclaman más atención por parte de las administraciones públicas, y la coordinación entre estas, para la puesta en marcha de políticas que fundamentalmente mejoren el empleo y el acceso a la vivienda como medida para reducir las tasas de exclusión y pobreza en lugar de impulsar acciones concretas como el bono joven de alquiler que son "parches".

   Así lo ha señalado el presidente de EAPN Extremadura, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión, Sebastián González, antes de participar en el Acto institucional con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, que se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura.

   Un acto al que han asistido la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, la secretaria general de Servicio Sociales de la Junta, Teresa Angulo, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, la diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, y la concejala del ramo del Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón.

   En este acto se han expuesto y debatido sobre los datos del XIV Informe del Estado de la Pobreza en Extremadura, que refleja que la tasa AROPE, que combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo, correspondientes al año 2023, se sitúa en la región en el 32,8%, lo que significa que hay 345.000 personas en la comunidad en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

   Esta cifra refleja una reducción de 4,1 puntos porcentuales en el último año, lo que se traduce en que más de 43.400 personas han dejado de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social en Extremadura y unas 22.000 personas menos en riesgo de pobreza.

   También se ha producido un descenso de la cifra de privación material y social severa en Extremadura, que en 2023 se ha visto reducida en 1,7 puntos respecto al año anterior.

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